Finalizada la Guerra Civil, con la victoria del bando sublevado, se instauró el gobierno del general Franco, que fue reconocido por las principales potencias, y como consecuencia, las instituciones del gobierno de la República pasaron al exilio, siendo admitidas de facto por algunos países y extraoficialmente por otros. Tras ingresar España en la ONU, tan solo México y Yugoslavia siguieron aceptando al gobierno de la República en el Exilio. Con la instauración de la monarquía de Juan Carlos I de Borbón y la consiguiente transición democrática, se disolvió el gobierno de la República en el Exilio. La sede de este gobierno en el exilio se ubicó primero en la Ciudad de México, trasladándose, el 8 de febrero de 1946, París. El 21 de junio de 1977, al proclamarse los resultados de las elecciones generales celebradas en España el 15 de junio anterior, anunciaba su disolución.
Un mes antes de acabar la guerra, el 27 de febrero de 1939, Francia y Reino Unido reconocieron al gobierno de Franco como el gobierno legítimo de España, tras obtener unas imprecisas garantías de que no se ejecutaría a los españoles no delincuentes. Al día siguiente se hacía oficial la renuncia a la Presidencia de la República de Manuel Azaña Díaz, abriéndose el proceso de su sustitución provisional por el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, tal como establecía el artículo 74 de la Constitución Republicana de 1931. El 3 de marzo se reunía en París la Diputación Permanente de las Cortes republicanas para confirmar a Martínez Barrio como presidente interino de la República, aunque por lo acordado, este ostentaría el cargo con el objetivo de liquidar, con el menor daño posible, la situación de los españoles. Antes de aceptar, pidió a Negrín su conformidad con la política establecida por la Diputación Permanente y así regresar a España, acompañado por el general Vicente Rojo Llull. Negrín aceptó siempre que no se produjeran represalias y persecuciones por parte de los vencedores. Pero el radiograma por el que Martínez Barrio pedía la conformidad a Negrín nunca llegó a su destino, posiblemente interceptado por el coronel Segismundo Casado, consciente de que ponía en peligro sus planes. Al no recibirse el mensaje, Martínez Barrio ni asumió el cargo ni regresó a España, y la presidencia continuó vacante.
El 27 de julio, a propuesta del socialista Indalecio Prieto Tuero, se reunió la Diputación Permanente de las Cortes republicanas en París y, aprobó una resolución, de discutible constitucionalidad, Por la que consideraba al gobierno de Negrín como disuelto y se otorgaba, a sí misma, el control de los recursos financieros de la República. Para administrarlos, se creó la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE), que controlaría Prieto. La JARE compitió en la ayuda a los refugiados con el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE), que había creado Negrín al acabar la guerra. El control de la JARE y de sus recursos financieros provenientes del Tesoro del Vita, le proporcionó a Prieto un poderoso instrumento para imponerse a Negrín. El primer paso lo dio en mayo de 1940 cuando el Comité Nacional de la UGT encabezado por Belarmino Tomás (prietista), disolvió la comisión ejecutiva de mayoría negrinista sustituyéndola por otra presidida por él mismo. El paso siguiente fue excluir a Juan Negrín, exiliado en Londres, y a sus partidarios Ramón González Peña y Ramón Lamoneda de la comisión ejecutiva del PSOE. Desalojados los negrinistas de las dos ejecutivas socialistas, Prieto se centró en conseguir los apoyos necesarios con los monárquicos, apoyados por las potencias democráticas, singularmente Gran Bretaña, para derrocar a Franco. Algo que solo se podría alcanzar adoptando una política moderada, lo que obligaría a los republicanos a aceptar la restauración de la monarquía, o al menos a renunciar al restablecimiento de la República. Pero Prieto, inicialmente no consiguió el apoyo ni siquiera de sus propios partidarios.
Por su parte, Juan Negrín estaba exiliado en Gran Bretaña desde junio de 1940, donde se le prohibió realizar actividades políticas, permaneciendo aislado del núcleo del exilio republicano, que se encontraba en México. Se siguió considerando como el legítimo presidente, tal como lo expresó en un discurso del 18 de julio de 1942 en el Holborn Hall de Londres, en el cual, también hizo un llamamiento a la unidad de la oposición antifranquista. El 14 de abril de 1940, noveno aniversario de la proclamación de la Segunda República española, Diego Martínez Barrio publicó un manifiesto: «A todos los españoles», en el que constataba que el Frente Popular ya no existía, por lo que proponía restablecer la legalidad emanada de la Constitución de 1931, consultando al país sobre la forma de gobierno, y alcanzar así la reconciliación nacional. Un año más tarde, apareció un nuevo manifiesto con el mismo título firmado por Martínez Barrio como presidente de Acción Republicana Española, una nueva organización que aglutinaba a: Unión Republicana, Izquierda Republicana y Partido Republicano Federal y a prominentes militares del Ejército Popular. En este manifiesto no se contemplaba la celebración de un referéndum para determinar la forma de gobierno, sino que insistía en la legitimidad de la Segunda República española, aunque en un tono muy moderado. Acababa haciendo un llamamiento a las democracias occidentales para que ayudaran a derribar a Franco.
El 26 de febrero de 1939, la CNT, junto con la FAI y la FIJL, constituyó en Francia el Movimiento Libertario (ML), por el que las tres organizaciones anarquistas actuaron conjuntamente. Pero, los anarquistas que combatían en la zona Centro-Levante denunciaron que en el consejo del ML, sólo estaban representados los anarquistas catalanes y aragoneses, y que estaba dominado por los partidarios de seguir participando en las instituciones republicanas, como Germinal Esgleas o su compañera Federica Montseny. En la primavera de 1942, el Movimiento Libertario en el exilio vivió una grave crisis al estallar las tensiones latentes entre Juan García Oliver y Aurelio Fernández, y Esgleas y Montseny. En la reunión que mantuvieron en México, los primeros presentaron un documento para su discusión titulado «Ponencia» pero salieron derrotados, por lo que decidieron formar su propia organización, una nueva CNT, mientras que el portavoz de los «anticolaboracionistas» fue Solidaridad Obrera.
La Segunda Guerra Mundial, dejo de ser considerada una guerra imperialista en la que España no debía intervenir, para convertirse, desde la invasión de la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941, en una guerra de agresión de los nazis para conseguir su hegemonía mundial. Como consecuencia, el PCE propuso el 1 de agosto de 1941 formar una Unión Nacional de todos los españoles contra Franco, los invasores italo-germanos y los traidores, aglutinando a todos los españoles. El llamamiento no sólo iba dirigido a la izquierda, sino, también, a los monárquicos y a todos los conservadores que quisieran apartarse del franquismo. El primer fruto de esta nueva doctrina fue la Unión Democrática Española (UDE), que fue constituida en México en febrero de 1942 estando integrada por el PCE y los sectores «negrinistas» del PSOE y la UGT, de Izquierda Republicana (IR) y la Unión Republicana (UR), el Partido Republicano Federal (PRF) y la Unió de Rabassaires, mientras que los comunistas catalanes del PSUC formaron en mayo su propia UDE con el nombre de Aliança Nacional de Catalunya (ANC), en la que participaron Juan García Oliver, Aurelio Fernández Sánchez y Josep Calvet, y que acordaron reconocer al presidente de la Generalidad en el exilio, Josep Irla, como la más alta autoridad constitucional catalana. Más, en septiembre de 1942 el PCE hizo público un manifiesto, difundido por Radio España Independiente, en el que ya no mencionaba ni el gobierno de Negrín ni la Constitución de 1931, proponiendo en su lugar, la celebración de elecciones democráticas que dieran lugar a la formación de una Asamblea constituyente que elaborara una carta constitucional que garantizara la libertad, la independencia y la prosperidad de España. Este viraje respondía a la política de Stalin de considerar a la península ibérica como una parte de la esfera de influencia de Occidente. Juan Negrín respondió rompiendo con los comunistas, al igual que con los republicanos refugiados en Gran Bretaña, por lo que, en febrero de 1943 la UDE se disolvió. Sin embargo, los socialistas y los republicanos «negrinistas», a diferencia del propio Negrín, no rompieron sus vínculos con el PCE.
El gobierno de Euskadi siguió actuando en el exilio francés, pero al invadir Alemania suelo francés, el lehendakari José Antonio Aguirre tuvo que esconderse durante más de un año en Bélgica y Berlín, mientras tanto, Manuel de Irujo, refugiado en Londres, asumió el liderazgo del nacionalismo vasco, y el 11 de julio de 1940 creó el Consejo Nacional de Euskadi (CNE), con un programa independentista, rechazando el Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1936, que había sido aprobado por las Cortes republicanas. En cuanto José Antonio Aguirre consiguió llegar a Argentina a finales de 1941, retomó la dirección del nacionalismo vasco desautorizando el proyecto independentista de Irujo. En cuanto al gobierno catalán, el presidente de la Generalidad Lluís Companys, al fracasar en su intento de formar un nuevo gobierno en el exilio, optó por nombrar un Consell Nacional de Catalunya, con personalidades relevantes de la vida pública y bajo la presidencia de Pompeu Fabra. Tras capitular Francia, Companys fue detenido por la Gestapo y entregado a las autoridades franquistas. Sometido a un consejo de guerra sumarísimo, fue condenado a muerte y fusilado en el castillo de Montjuic el 15 de octubre de 1940. La presidencia de la Generalidad la asumió el vicepresidente segundo del Parlamento de Cataluña. Josep Irla.
Diego Martínez Barrio, presidente Unión Republicana y de la ARE, intentó conseguir la unidad de todas las fuerzas antifranquistas del exilio. Hizo llegar a Indalecio Prieto, una propuesta para formar una junta que integrase a todas las personalidades de la oposición republicana. Los socialistas aliados a Prieto aceptaron, y el 11 de noviembre de 1943 se reunieron, en el domicilio de Abelló en la ciudad de México. Los debates se centraron en las propuestas contradictorias de Martínez Barrio y de Prieto. El primero defendía que el objetivo debía ser el restablecimiento de la República, mientras el segundo abogaba por celebrar un referéndum que decidiera la forma de gobierno y atraerse así a los monárquicos que no apoyaban a Franco. Se llegó a una posición intermedia entre las dos alternativas, lo que permitió el nacimiento el 20 de noviembre de 1943, de la Junta Española de Liberación (JEL), presidida por Martínez Barrio. Era la primera alianza amplia de las fuerzas republicanas en el exilio desde el final de la guerra civil, actuando ante los aliados como un gobierno provisional, a pesar de que la JEL no aglutinaba a todas las fuerzas antifranquistas. Habían quedado fuera el PCE y los socialistas y republicanos partidarios de Negrín. El PCE y los anarquistas buscaban forzar la situación en el interior de España, no atendiendo las gestiones de Martínez Barrio, ya que consideraban posible la caída de Franco después de que la Alemania nazi y la Italia fascista aparecían, ya a mediados de 1944, como los futuros vencidos en la guerra. Los comunistas y sus aliados acusaban que la mayor parte de los republicanos se definían por una política de esperar, lo cual implicaba esperar la caída de Franco sin realizar actos de gran envergadura para conseguirlo, considerando que el derrumbe del franquismo se veía inevitable.
El PCE contaba con un importante contingente armado, basado en guerrilleros españoles que habían luchado con la Resistencia Francesa; también habían patrocinado, desde noviembre de 1942, la Unión Nacional Española, como frente antifranquista bajo la dirección de comunistas españoles, pero otros partidos republicanos no se unieron a la misma. Sin desanimarse, en el verano de 1944 la jefatura del PCE,planificó que el maquis penetrase en suelo español para iniciar un levantamiento contra Franco, partiendo de sus bases al norte de los Pirineos (Operación Reconquista de España), que dio comienzo el 19 de octubre de 1944 con la entrada de 4.000 guerrilleros por el Valle de Arán; pero el ataque fue repelido tras varios días de combates, sin que estallase el necesario levantamiento revolucionario, y las columnas del maquis debieron retornar a Francia. La jefatura más ortodoxa del PCE, liderada por Santiago Carrillo, destituyó a Monzón y mantuvo sólo algunos reductos de maquis operando en España, considerando que era un grave error promover una revuelta armada cuando la dictadura franquista era potente. El rechazo de la URSS a apoyar a las guerrillas comunistas en suelo español, evitando incomodar a Gran Bretaña y a Francia, obligó a los comunistas a abandonar la lucha, cesando su apoyo en 1948.
A principios de noviembre de 1944 corrió la noticia por la ciudad de México de que Negrín —que seguía considerándose el presidente del gobierno en el exilio— se disponía a viajar a la capital mexicana, provocando que, Martínez Barrio, reuniera con urgencia, el 10 de noviembre a la Diputación Permanente, para comunicar a sus miembros que iba a convocar a las Cortes con el objetivo de crear un gobierno que ejerciera sus funciones. Sin embargo, los «prietistas» se opusieron, alegando que la iniciativa era prematura, aunque en realidad el motivo principal era que Prieto mantenía su proyecto de alcanzar un acuerdo con los monárquicos opuestos a Franco, además de que a la reunión de las Cortes asistiría Negrín junto con los que le apoyaban. Pero en una nueva reunión de la Diputación Permanente, celebrada el 15 de noviembre, los socialistas partidarios de Prieto, aceptaron la propuesta de que la sesión de las Cortes se celebrara el 10 de enero de 1945 para constituir un Consejo Nacional de la República española, a condición de que en él estuvieran Prieto y Fernando de los Ríos, en representación de los socialistas, Álvaro de Albornoz y José Giral, por los republicanos, y Lluís Nicolau d’Olwer, por los nacionalistas catalanes y vascos, además de los presidentes José Antonio Aguirre y Josep Irla. El PCE abandonó su política de unión nacional, manifestando que sus diputados acudirían a la reunión de las Cortes, dando su apoyo a Negrín, absteniéndose de votar si este no asistía. El PNV comunicó que sus diputados asistirían, por lo que Manuel de Irujo dimitió como portavoz de la minoría vasca, al estar en desacuerdo con la decisión.
El 1 de diciembre de 1944 Martínez Barrio viajó a Washington para intentar conseguir el apoyo del departamento de Estado de EE. UU., anunciando que se iba a formar un gobierno provisional de la República española, que se instalaría en España en cuanto cayera el régimen franquista, tras la previsible derrota de Alemania. Ante dicho anuncio, Juan Negrín escribió desde Londres, donde se encontraba exiliado, que él era todavía el presidente del gobierno de la República y que no se podía tomar ninguna decisión sin contar con él. La reunión de los diputados republicanos en México tuvo lugar el 10 de enero de 1945. Estuvieron presentes 72, de los 205 que vivían en el exilio. Fue la primera reunión de las cortes de la República en el exilio, y se celebró en el Club Francés de la capital mexicana, rindiéndose un homenaje a los diputados muertos en la guerra. Como sólo asistieron 72 diputados —aunque otros 49 se adhirieron por escrito—, los prietistas arguyeron que no existía el quórum necesario para dar validez a la reunión, por lo que, en la segunda sesión, prevista para el 17 de enero, no se podría aprobar la formación del Consejo Nacional de la República española, además añadieron que boicotearían las sesiones de las Cortes si en ellas participaban los diputados comunistas y aquellos que, habiendo obtenido su acta en nombre de nuestro partido, no se mantuvieran dentro de la disciplina de éste, aludiendo a los negrinistas y a los caballeristas, que habían pedido no realizar una nueva sesión de las Cortes hasta que no llegase Negrín. En consecuencia, la proyectada sesión del día 17 de enero quedó aplazada.
Cuando se celebró la Conferencia de Yalta, entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, no existía un gobierno provisional republicano, y los Tres Grandes, acordaron que, todos los países liberados y los que actuaron en la órbita del nazismo elijan libremente a sus gobiernos por medio de elecciones libres, lo que suponía una amenaza directa para la supervivencia del régimen franquista. Un día después mediante un manifiesto, la Junta Española de Liberación, pedía que los aliados quitaran de en medio a dictadura franquista, para que España pudiera integrarse en las Naciones Unidas. El 10 de marzo de 1945 el presidente Roosevelt informó a su embajador en Madrid, que «nuestra victoria frente a Alemania conllevará el exterminio del nazismo e ideologías afines», por lo que «no hay lugar en las Naciones Unidas para un gobierno fundado en los principios del fascismo». Lo que, inmediatamente, fue comunicado al ministro de Asuntos Exteriores español. Por lo pactado en Yalta, el régimen franquista quedó excluido de la Conferencia de San Francisco que daría nacimiento a la ONU, y a la que sí fueron invitados, como observadores, los políticos republicanos en el exilio. El 19 de junio dicha Conferencia aprobó una resolución a propuesta del delegado de México, que fue y apoyada por los delegados francés y estadounidense, en la que se condenó a todos los regímenes que habían surgido gracias al apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista
De nuevo, el 17 de agosto de 1945, las Cortes exiliadas se reunieron en la Sala de Cabildos de la ciudad de México, cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado en Europa. En dicha reunión se procedió a la promesa de Diego Martínez Barrio, como presidente interino y, en sus reuniones del 7 al 9 de noviembre de 1945 en la ciudad de México, a dar su voto de confianza al nuevo gobierno de la República presidido por José Giral, el cual reunió un conjunto de fuerzas políticas, aunque, en realidad, la unidad republicana no existía en sus hechos. El Gobierno de Rodolfo Llopis, nombrado en febrero de 1947 no prescindió del PCE, como hubiera querido Indalecio Prieto, estando representados desde el PNV vasco a la CNT. Una de sus decisiones fue encargar a Trifón Gómez el inicio de contactos con Juan de Borbón, que no tuvieron éxito, por lo que, el PSOE abandonaría el gobierno republicano en julio del mismo año, no retornando, para así intentar desvincularse de los comunistas, que estaban saliendo de todos los gobiernos de Europa Occidental, a causa de la Guerra Fría.
La entrevista entre Indalecio Prieto y José María Gil Robles, por iniciativa de Gran Bretaña, en octubre de 1947, no consigue una aproximación entre izquierdas y derechas opuestas a Franco, causando problemas a los monárquicos próximos a la dictadura franquista, que esperaban contar con el apoyo de Gil-Robles para su causa. Juan de Borbón se reúne, en el yate Azor, con Franco, para confiarle la educación de su hijo Juan Carlos de Borbón, al mismo tiempo que permite la firma del Pacto de San Juan de Luz entre el PSOE y la Confederación de Fuerzas Monárquicas, en agosto de 1948, con cinco días de diferencia, aunque Juan de Borbón, posteriormente, rehusó reconocer acuerdo alguno con el PSOE y desautorizó a los monárquicos que lo habían acordado. Al mismo tiempo que ese acuerdo se hacía público, el PCE decidía, en octubre de 1948, poner fin a las actividades del maquis, puesto que era imposible acabar con el régimen franquista mediante la lucha armada y optando por la política de reconciliación nacional; dos de las principales corrientes de exiliados (PCE y PSOE) actuarán sin contar con la República en el exilio. La desunión entre los republicanos exiliados es bien conocida por los gobiernos aliados, así como la ausencia de un gobierno republicano unificado; la ausencia de reconocimiento a la República tras establecerse la ONU enfría los ánimos de los republicanos exiliados.
México fue el primer país en reconocer como legítimo al gobierno en el exilio de la Segunda República española, constituido como tal en agosto de 1945, decisión que fue mantenida por el Estado mexicano hasta 1977, cuando las relaciones diplomáticas entre México y España se restablecieron. Reconocimiento por el que México, desde su acogida en 1939, por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, se plasmó en diversas facilidades para establecerse en suelo mexicano. Situación que no dificultó que, en la práctica, ambos países mantuvieran relaciones comerciales y culturales durante más de treinta años, pese a la ausencia de contacto diplomático. Los países de Europa Oriental bajo influencia soviética: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria y Rumanía, rehusaron establecer relaciones diplomáticas con la España franquista, aunque si reconocieron a la República española en el exilio tras concluir la Segunda Guerra Mundial. Pese a lo cual, la URSS nunca emitió un reconocimiento oficial del gobierno exiliado y cuando el PCE se apartó definitivamente de dicho gobierno, los países aliados de la URSS retiraron su reconocimiento a la República española en el exilio, justificando tal decisión en que la ONU tampoco la reconocía. Una excepción a esta política fue Yugoslavia, que tras la ruptura política con la Unión Soviética en 1948 reconoció a la Segunda República española como único gobierno legítimo de España hasta 1977,
Con las primeras tensiones de la Guerra Fría, el aislamiento del régimen franquista empieza a ser descartado por los Estados Unidos, quien, con la Doctrina Truman, está dispuesto a otorgar ayuda financiera y política a todo país que se oponga al comunismo soviético. En 1950, en plena Guerra de Corea, el gobierno de Franco consigue el apoyo de los EE.UU. para revocar la prohibición de establecer delegaciones diplomáticas y, posteriormente, poder ingresar en la ONU, el 14 de diciembre de 1955. A partir de entonces, el gobierno republicano en el exilio pierde toda opción de ser tomado en cuenta por los Estados Unidos y por sus aliados. Para entonces, el régimen franquista se ha posicionado como aliado de los EE. UU. en su anticomunismo, explotando la posición geográfica; mientras, el franquismo termina de suprimir los últimos vestigios de su adhesión al fascismo, y consigue que el apoyo como gobierno de facto de España genere una aceptación de jure, y los apoyos internacionales al franquismo se fortalecen hasta romper el aislamiento internacional de posguerra, en perjuicio del gobierno republicano en el exilio. Empieza por el apoyo de la Santa Sede a España, mantenido desde 1939 y plasmado en el Concordato de 27 de agosto de 1953 y, posteriormente, con los pactos de asistencia bélica celebrados entre España y Estados Unidos, del 26 de septiembre del mismo año, que fueron asegurados con una visita oficial del presidente Dwight D. Eisenhower en diciembre de 1959. El 4 de noviembre de 1950 la Asamblea General de la ONU derogaba la resolución de diciembre de 1946 cuando se condenaba al régimen franquista. A raíz de lo cual, el Gobierno de Álvaro de Albornoz presentó la dimisión, pero el presidente de la República le ratificó su confianza. Sin embargo, Albornoz desde México, a donde había marchado dejando en Francia a su gobierno, envió a Martínez Barrio una carta el 8 de julio de 1951 en la que le presentaba su renuncia irrevocable. Entonces el presidente de la República encargó la formación de Gobierno a Félix Gordón Ordás, integrado por miembros de Unión Republicana (UR) y por Joan Puig i Ferreter de Esquerra Republicana y por Julio Just a título personal, porque su partido Izquierda Republicana (IR) se mostró en desacuerdo con la línea de acción que quería seguir Gordón Ordás. Ante la entrada de la España franquista en la ONU en 1955, UR, IR, PRF, PSOE, POUM, CNT, ERC y PNV hicieron público un manifiesto en el que se comprometían a derribar a Franco por todos los procedimientos y sustituirlo por un Gobierno provisional de carácter nacional, sin signo institucional definido, que otorgase una amplia amnistía, restaurase las libertades públicas y convocase elecciones para que el pueblo español, con pleno derecho y absolutas garantías, pudiera optar por el régimen de su preferencia.
Como respuesta a la entrada de Franco en la ONU, Gordón Ordás formó un nuevo gobierno, integrado exclusivamente por personas vinculadas a UR o sin partido, y que se mantuvo hasta 1959. Durante este segundo mandato Gordón Ordás mantuvo contactos con las agrupaciones políticas clandestinas del interior, consciente de que la España de mañana ha de ser para los jóvenes y no para nosotros, lo que acabaría provocando la crisis de su gobierno. Para las nuevas generaciones antifranquistas la forma de gobierno se había convertido en tangencial, lo fundamental era devolver la democracia a España. En febrero de 1959 las conversaciones mantenidas durante varios años por UR y IR para fusionarse, en las que también participó el Partido Republicano Federal, llegaron a buen término y así nació Acción Republicana Democrática Española (ARDE). En el Manifiesto Fundacional de julio de 1959 ARDE asumía la tradición del republicanismo liberal español. Cincuenta y dos firmantes de dicho Manifiesto residían en México, y treinta en Francia, solo seis eran del interior. En su inmensa mayoría pertenecientes a las clases medias. Siendo su órgano de expresión la revista República editada en París.
La visita del presidente Eisenhower realizada en 1959, fue considerada como el fin del aislamiento internacional del régimen franquista, lo que indignó a los republicanos. El gobierno republicano presidido por Félix Gordón dimitió, siendo sustituido por uno encabezado por el general republicano Emilio Herrera, gobierno que duró unos pocos meses porque el 1 de enero de 1962 moría el Presidente de la República Martínez Barrio, siendo sustituido de forma interina por Luis Jiménez de Asúa, presidente de las Cortes en funciones. Asúa que residía en Buenos Aires, encargó la formación de gobierno a otro exiliado residente en la capital argentina, Claudio Sánchez Albornoz, que se trasladó a París y allí no tuvo otra opción que constituir su gobierno contando con los de siempre. Sánchez Albornoz no fue invitado a la reunión que mantuvieron en Múnich en junio de 1962 representantes de la oposición antifranquista del exilio y del interior, que la prensa controlada por el régimen llamó el contubernio de Múnich. En noviembre de 1970 falleció Jiménez de Asúa siendo sustituido en la Presidencia de la República por José Maldonado. Este le reiteró su confianza a Sánchez Albornoz, pero como no pudo formar un gobierno más representativo dimitió en febrero de 1971. Maldonado encargó entonces la formación de gobierno a Fernando Valera que constituyó uno integrado por republicanos de ARDE más un independiente, Antonio Alonso Baños. El 31 de mayo de 1971 se reunió en París la Junta Permanente del Estado de la República Española, estando presentes: José Maldonado (presidente de la República); Joan Casanelles (de las Cortes); Fernando Valera (del Gobierno); los expresidentes del Gobierno Rodolfo Llopis, Félix Gordón, Claudio Sánchez Albornoz y Julio Just; el presidente de la Generalidad de Cataluña, Josep Tarradellas; y el del Gobierno Vasco, Jesús María de Leizaola. Todos reiteraron su compromiso con las instituciones republicanas y declararon ilegales, la Ley Orgánica del Estado y la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado por lo que el príncipe Juan Carlos, nombrado, en julio de 1969, por Franco para sucederle, carecía de legitimidad.
Tras un periodo de poca relevancia en la década de 1970, la República en el exilio se pronuncia tras las elecciones del 15 de junio de 1977 tras casi 38 años de permanecer fuera de España. Poco después de estas elecciones, el último presidente de la República en el exilio, José Maldonado, junto con el último presidente del Consejo de Ministros, Fernando Varela Aparicio, emiten una Declaración, el 21 de junio de 1977, en París. En dicho texto, reafirman la legalidad institucional emanada de la Constitución de 1931 y la validez de los procesos electorales de 1931, 1933 y 1936, mantenida durante el exilio. Elogian que las urnas marquen un nuevo proceso que crea una nueva legitimidad democrática, al tiempo que señalan la no participación de los partidos republicanos en las elecciones y la no correspondencia entre el número de votos y escaños asignados.
Los líderes de la República acaban manifestando que: Las Instituciones de la República en el exilio ponen así término a la misión histórica que se habían impuesto. Y quienes las han mantenido hasta hoy, se sienten satisfechos porque tienen la convicción de haber cumplido con su deber. Con ello, el gobierno republicano en el exilio se disuelve oficialmente junto con todas sus instituciones, sin reconocer expresamente a la monarquía instaurada en 1975 pero aceptando implícitamente la validez y legitimidad de las elecciones de 1977 y explícitamente la democracia surgida de ellas.
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BIBLIOGRAFÍA
Segunda República de Rubén Buren
Breve Historia de la Segunda República Española de Luis F. Iñigo Fernández
La Revolución española, vista por una republicana de Clara Campoamor
Segunda República Española (1931-1936) de Julio Gil Pecharromán
Historia de la Segunda República Española de Luis Palacios Bañuelos
Historia de la Segunda República Española de Victor Alba
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Crónica de la Guerra Española de la Editorial Codex, S.A. Buenos Aires (Argentina)
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