Segundo audio: la gran estafa a los venezolanos

Ismael García dice que el segundo audio que presentará es la “estafa histórica más grande”
                 

Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional, dijo que el segundo audio daría conclusión a la primera denunciada presentada el 20 de mayo,afirmó que los venezolanos deben tener calma y fe en los diputados quienes a su juicio, están trabajando de manera intensiva para que los venezolanos sepan la verdad.
Asimismo, aclaró que esta información no se trata de un chisme sensacionalista ni de el capítulo final de la novela “El Derecho de Nacer”, sino de la “estafa histórica más grande que gobierno alguno haya ejecutado” en contra de una población que engañada con un supuesto socialismo que jamás les llegó, se han beneficiado económicamente, desangrando las arcas de la nación.
“Quiero aclarar al país que nosotros no nos metemos con la vida privada de nadie, y reto a quienes por las redes sociales han anunciado tener en su poder supuestos audios, a que lo saquen a la opinión pública, pero no adjudiquen a una investigación tan seria como la que venimos haciendo esos calificativos. Por lo tanto, no nos van a poner a nosotros a decir lo que quieran ni a apresurarnos para dar la información, que la daremos en su justo momento y cuando las condiciones estén dadas. Nosotros no vamos a jugar posición adelantada por ganar un centimetraje o espacio mediático, es un equipo de diputadores, de abogados y asesores quienes venimos trabajando en esta denuncia”, advirtió.
Aseguró que se debe tener paciencia pues, dijo que llegó la hora de hacer justicia. “Estamos esperando que nos cite la Fiscal para consignar más pruebas que tenemos del primer audio presentado al país, pero no nos van a chantajear, el grueso de la denuncia presentado es muy grave. Mario Silva habla de corrupción e injerencia cubana en el seno de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, marramucias, negocios fraudulentos con Cadivi el Seniat, y diez y siete delitos más que son muy graves para el país”.
Expresó que tiene información de que en la Orchila funciona en Centro de Operaciones del G2 Cubano, “en trabajos de inteligencia no sólo nacional sino internacional, y a ello atribuyó el viaje realizado por los involucrados en el audio de Mario Silva encabezado por el Presidente en condiciones de ilegitimidad, Nicolás Maduro, al día siguiente de que éste fue presentado a la opinión pública nacional e internacional”.
García aprovechó la oportunidad para presentar un esquema de trabajo de los diputados acerca de cómo se va a manejar la denuncia del audio presentado el 20 de mayo, y dijo que ya se constituyeron 5 de los 17 equipos de trabajo que investigarán en las diferentes áreas de este material.
“En el equipo de materia electoral, estará encabezado por Miguel Ángel Rodríguez; en Militares corruptos, estará integrada por Andrés Velásquez y Américo De Gracia; en Blanqueo de Capitales, Alfonso Marquina, Hermes García, Julio César Reyes y Luis Mata; Tráfico de Influencias, Julio Montoya y Ángel Medina y en Derechos Humanos, Dinorah Figuera y Richard Blanco”, informó.

Andrés Velásquez denunció “monopolio económico” de Rangel con su yerno y otros familiares
Por su parte, Andrés Velásquez, diputado a la Asamblea Nacional, presentó una denuncia ante el país “de las triangulaciones de cupos de aluminio de las empresas básicas” y un presunto monopolio económico del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel G. con su yerno, Carlos Rodrigo González Piazza y un socio de ambos, de nombre Yamal Mustafá.
“El gobernador del estado Bolívar, General Francisco Rangel G., valiéndose del cargo que ocupa se ha concertado con familiares, contratistas y empresarios allegados para establecer un monopolio o exclusividad de contratos y servicios para la Gobernación del Estado, controlando así, el hierro, el aluminio, el oro, las compras de autobuses, vehículos, balones de futbol, y todo cuanto sea negocio en la Gobernación”, destacó.
En ese orden de ideas, manifestó que el expediente será consignado en las próximas horas en la Fiscalía General de la República para que se abra una exhaustiva y minuciosa investigación, a la vez que señaló que este es el gobierno más corrupto de la historia republicana de Venezuela.
“En este caso del monopolio del Gobernador del Estado Bolívar, estamos denunciando los presuntos tráficos de influencia, concertación con contratistas, evasión de licitaciones internacionales, tráfico de aluminio y la preferencia indiscriminada de empresas consentidas en la contratación con el ente estadal”, acotó.
No obstante, agregó que el gobernador de Bolívar tienen vinculación directa con su yerno y con Yamal Mustafa, y citó a empresas como Corpobrica (provee alimentos a todas las empresas básicas del Estado), empresas de seguros, publicidad, credilac (tarjerta de alimentación), plantas de asfalto, empresas de desmalezamiento y embellecimiento de la ciudad, empresas con objetos amplios que van desde la compra de autobuses, balones, bicicletas y hasta una aguja, entre otros, y muchas de ellas con el Registro Nacional de Contratistas, suspendido o vencido.
“Nosotros no estamos inventando absolutamente nada, esta denuncia no las hicieron llegar a nuestra oficina en la sede de Pajaritos, y gran parte de esta información está en la Memoria y Cuenta del Gobernador Rangel, aprobada unos meses atrás, y hemos encontrado contrataciones con empresas que no existen pero que llevan el visto bueno de la máximo potentado de Bolívar. Estamos consignando certificación de pagos que se hacen por obras que no existen, contratos sin licitación alguna y compras millonarias, que no alcanza una calculadora para cuantificar la millonaria estafa que se le está haciendo al pueblo del Estado Bolívar”, subrayó.
Asimismo, informó que la Gobernación de Bolívar ha transgredido la Ley contra la Corrupción, la Ley de Contrataciones Públicas, Ley Contra la Delincuencia Organizada y tráfico de influencias, entre otras, “es por ello que solicitamos a la señora Fiscal de la República, la apertura de una investigación, el establecimiento de responsabilidades si las hubiere, la aplicación de la justicia y correctivos para el sano y transparente manejo de recursos públicos”.