La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la Ley General de Mecanismos de Solución de Controversias, que pretende promover el Senado de la República, será un producto adecuadamente consensuado, equilibrado y armonizado, que beneficiará a todo el territorio nacional.
La senadora de Morena declaró que buscarán que este proyecto sea de los primeros que se aborden durante el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, que comienza en septiembre, ya que su implementación es necesaria.
Durante una reunión de trabajo con autoridades responsables de los Institutos y Centros de Justicia Alternativa del país, la senadora recordó que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se elaboró no solo con la participación de todas las fuerzas políticas, sino también con la opinión de jueces y magistrados.
Por su parte, el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, afirmó que la participación de magistrados y jueces dotará de solidez a la legislación, ya que ellos serán los encargados de aplicar la ley.
El legislador de Morena añadió que los métodos alternativos de resolución de controversias generan confianza en las personas y ofrecen una solución rápida y pacífica a los conflictos; sin embargo, destacó la necesidad de incrementar su difusión para que sean más utilizados por la población.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, manifestó que la regulación de mecanismos no oficiales para resolver disputas debe implicar un marco legal sencillo y transparente, con el fin de contribuir a una administración de justicia pronta y expedita.
Agregó que uno de los principios que deben establecerse en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias es garantizar que los centros encargados de dichos métodos formen parte de los poderes judiciales federales y locales.
Por su parte, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, secretaria de la Comisión de Justicia, afirmó que es necesario explorar otras formas de resolver los conflictos cotidianos. Señaló la urgencia de dar celeridad al proyecto, pero enfatizó que esto no es excusa para no escuchar todas las opiniones.
Damián Zepeda Vidales, senador del PAN, afirmó que el sistema de justicia mexicano está colapsado, por lo que se necesita una política pública concreta para aliviar su carga de trabajo, de ahí la importancia de esta ley.
El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del PVEM, aseguró que el objetivo común del nuevo marco legal es acelerar los procesos judiciales y proporcionar justicia pronta y expedita a la ciudadanía.
Cristóbal Arias Solís, senador del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que el Poder Legislativo y el Judicial deben colaborar para lograr que el antiguo anhelo de justicia de los mexicanos se concrete.
A su vez, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel ÁngMancera Espinosa, admitió que hubo retrasos en la construcción de esta ley; sin embargo, reconoció que los trabajos se intensificaron durante el último año. Además, confía en que el nuevo marco legal acelere la administración de justicia.
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