Si no supiera economía, estaría en contra de los recortes.

Así es. Seguramente, si no hubiese estudiado muchas de las leyes que se dan en la interrelación entre individuos, si no supiera cómo funcionan muchos de los procesos de mercado más sencillos que se pueden dar, seguramente en este momento estaría manifestándome por las plazas españolas enfurecidamente contra los recortes presupuestarios, no sólo de gobierno de Zapatero y Rajoy, sino de prácticamente todos los gobiernos del mundo.

¿Cómo podría en ese caso aceptar una bajada del 5% del salario de mi madre en el año 2011, otro 5% en este año 2012, una subida del IRPF, dos subidas del IVA (la de Zapatero y la que probablemente vendrá este verano)? ¿Cómo voy a estar a favor de que me suban las tasas universitarias y me aumenten los niveles académicos para que me den beca? ¿Cómo voy a aceptar, tan defensor de la ciencia como yo soy, un recorte en la inversión en I+D+i del 25% en plena recesión? ¿Estoy tonto o qué!

La respuesta es muy sencilla. Empecemos por los orígenes. El sector público español ha sido el principal beneficiario de la burbuja inmobiliaria, de la exuberancia irracional, que se produjo desde el año 2001 hacia el año 2008, donde la recaudación crecía anualmente por encima del 10%. Esta exuberancia irracional permitió que el sector público se expandiese de forma inusitada, incrementando y creando nuevos derechos sociales, aumentando las becas, reduciendo tasas, bajando impuestos, aumentando subvenciones, etc. Y todo ello no porque el político fuese un buenazo, sino porque con ello captaría votos y accedería al poder.

Actualmente, la economía esta recobrando la racionalidad y estamos volviendo a tener los pies en la tierra. ¿Qué era eso de poderse comprar varias casas sin tener trabajo, ni ingresos, ni avales? Incluso he conocido casos extremísimos en los que una familia, al no tener dinero para comprarse una vivienda, optó por comprarse dos a crédito, vender la segunda casa a un precio mayor en el futuro, y con ese beneficio pagar la primera casa. Eso se acabó: el precio de la vivienda está bajando poco a poco a su valor real. El millón de casas que hay ociosas refleja que no es posible crecer construyendo más casas, pues es algo que no está demandado, y, por tanto, sobran trabajadores y empresas de la construcción y aledaños.

Por este motivo, el sector público ha experimentado una caída en los ingresos de enormes proporciones (las mismas proporciones a los que crecían durante la burbuja). Por ello, de la misma manera que el sector público se hipertrofió en la época de la abundancia, ahora debe de ajustarse a la realidad y atrofiarse: reducir y eliminar derechos sociales, reducir subvenciones, recortar en las partidas que antes crecían, etc.

Si no supiera nada de la burbuja, de la crisis, de los ingresos y gastos, ahora, en lugar de escribir esto, estaría manifestándome, enfudado en una camiseta verde.

Pero, además, ¿qué ocurriría si el sector público decide mantener el nivel que tenía durante la burbuja y decide no recortar y no ajustarse a la realidad de la actividad económica? Pues que ese Estado tendrá déficit, es decir, gastará más de lo que ingresa. Y eso es lo que muestran muchos Estados: no se han ajustado todavía a la realidad económica, presentando abultados déficits.

“Bueno, ¿y qué?” –podría preguntarme, si no supiera el efecto que tiene esto sobre las propias cuentas públicas.

Lo que ocurre es que, como es lógico, nadie puede gastar algo que no tiene. Si quiere gastar más de lo que ingresa, tendrá que pedirlo prestado. En el momento que alguien se convierte en deudor, pasa a estar sometido a su acreedor. El acreedor puede, en cualquier momento, decidir no prestar más dinero, si no le interesa, pues el dinero es suyo. Además, nadie es tan tonto de dar mil euros a un desconocido para que se los devuelva dentro de diez años. Obviamente, dentro de diez años quiere que le de, unos 1.300€, es decir, con un interés al no disponer del dinero durante todo ese tiempo. Y si, además, existe el riesgo de que no se devuelva el dinero que prestó, el interés subirá.

Y, en este sentido, no es extraño encontrar en las leyes, artículos como el siguiente, para evitar que el ahorrador deje de prestarle dinero al Estado:

El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.

Artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

¿Qué pretendo decir con esto? Pues que no ajustarse a la realidad, no reducir el tamaño del sector público, tiene un precio: dedicar en el futuro más fondos a pagar la deuda y sus intereses, quedando cada vez menos dinero para prestaciones sociales y otros conceptos. Es decir, no recortar es comprar tiempo presente, pagándolo con nuestro futuro. Dicho de otro modo: es mantener nuestro nivel de gasto actual, a costa de reducirlo mucho más en el futuro. En definitiva: no recortar es recortar mucho más en el futuro.

Pero, además, sabemos que los recursos que van al Estado, dejan de ir a otros lugares. Si el estado requiere más fondos para su funcionamiento, el resto de la sociedad los perderá en incremento del sector público. Por este motivo, recortar en el Estado, también equivale a canalizar más recursos hacia el sector privado.

Por ejemplo, el gasto en I+D+i estatal no presenta una clara correlación con los resultados en investigación. Por mucho que el Estado gaste, esto no va a asegurar que se obtengan mejores resultados. Además, ¿qué sabe un político en qué y en qué no debe de destinar el dinero en un país? Es imposible que su decisión sea acertada, pues no conoce las circunstancias particulares de cada necesidad de desarrollo tecnológico, ni de cada investigador, ni de cada laboratorio, etc.

Todos los estudios sobre el tema demuestran que la mejor innovación es la que se produce en el seno empresarial, en la parte privada de la economía, donde se inicia una investigación tras el descubrimiento de un problema o una necesidad latente y no al revés como ocurre en el Estado: buscar necesidades latentes para justificar una innovación previa.

Por tanto, que el Estado recorte en I+D+i supone abrir paso al sector privado, más eficiente en este capo, en el desarrollo.

¿Qué producto revolucionario conocen que se haya desarrollado en un Estado? A mí no me viene a la mente ninguno. ¿Y en el sector privado? Tengo la mente llena de ejemplos: el automóvil, el ordenador, el libro electrónico, etc.

En definitiva, estoy seguro que si no hubiese estudiado economía, si no viera todo lo que existe en el mercado más allá de la provisión pública, desearía justamente lo contrario de lo que deseo actualmente: aumentar el gasto en todas las partidas, las subvenciones, dar más becas, aumentar el número de funcionarios para absorber parados, incrementar el salario mínimo, etc.

Como sentenció Mario Vargas Llosa en su último artículo:

Intentar lo imposible sólo da excelentes resultados en el mundo del arte y de la literatura; en el de la economía y la política sólo trae desastres. Y la prueba es la crisis que ahora vive Europa, y, en ella, principalmente, los países que gastaron más de lo que tenían, que construyeron Estados benefactores ejemplarmente generosos pero incapaces de financiar, que se endeudaron más allá de sus posibilidades sin imaginar que también la prosperidad tiene límites, que inflaron sus burocracias a extremos delirantes y ocultaron la verdad de la deudas y la inminencia de la crisis hasta el borde mismo del abismo por temor a la impopularidad. Todo eso tarde o temprano se paga y no hay manera de evitarlo.

Mario Vargas Llosa

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