Simulacros: Administración y Justicia

 Si uno se detiene a pensar lo suficiente, acaba por dar toda la razón a A. Massanet: no hay más solución que el anarquismo, pero resulta que anarquismo se deriva de “an”=sin y “arjos”=poder, o sea, sin poder, contra el poder, fuera el poder.  Pero sin un jodido poder que ponga algo de orden en nuestra convivencia, no se puede no ya sólo vivir sino tan siquiera estar.  Y esto a propósito de que mi condenado pleito con el Ayuntamiento de Cartagena ha dado un paso más escamoteándome una de las más importantes garantías de las que teóricamente yo disponía.  La Administración pública es ese monstruo que teóricamente se creo para ayudarnos a vivir mejor y que ahora no es sino ese formidable obstáculo que tenemos que saltar todos los días para seguir malviviendo.  Los más inteligentes de entre nosotros, los pobres ciudadanos, han dicho, hace ya mucho tiempo, que toda la Administración se creo con el único y exclusivo objeto de oprimirnos mejor a nosotros, los pobres ciudadanos frente a la propia Administración.  Decía el conde de Romanones, un ministro que entonces se llamaba de Gobernación y hoy de Interior, hasta en esto de la denominación de las cosas, nos tratan de engañar estos desalmados, que algunos comparaban con el maquiavélico Fouché, “dejad que ellos, los diputados, hagan las leyes que yo haré los reglamentos”.  Este jodido aristócrata, al menos, era sincero, las puñeteras Cortes, ésas que ahora con toda razón cercan y acosan los honrados ciudadanos, hacen unas leyes absurdas, repugnantes, absolutamente asquerosas, pero que, al menos, llevan ese falso marchamo de la legalidad, pero, luego, cuando interviene la propia Administración y se autolegisla, resulta que todo lo que dicen las leyes es absolutamente inaplicable de modo que un recurso del que yo disponía para atacar la resolución de una especie de fantoche lusitano que se salta la ley a la torera y me ha impuesto 50 multas absolutamente improcedentes por aparcar en la propia puerta de mi casa poseyendo  la correspondiente licencia, y que, como es lógico, ha fallado en contra del primer recurso que yo interpuse contra esto, está ahí, en la ley general que regula el procedimiento administrativo sancionador, pero el puñetero Ayuntamiento, utilizando sus facultades normativas, lo ha suprimido de un plumazo, con el mayor de los silencios posibles, de tal manera que ahora yo utilizo dicho recurso sin saber que ya no existe, diga lo que diga la Ley, así con mayúsculas, porque el jodido, el puñetero, el canallesco Ayuntamiento lo ha suprimido mediante una norma que sólo él conoce, de manera que el sufrido ciudadano, al que no se le ha notificado la resolución enviándosela en pleno mes de Agosto, cuando él está de vacaciones, resulta que interpone contra la resolución presunta, un recurso que ya no existe porque el propio y jodido Ayuntamiento se lo ha cargado.  Esto, jurídicamente se llama “indefensión” pero sólo se puede alegar antes los tribunales ordinarios de justicia que teóricamente no tienen otra función que aplicar la Ley, pero, “oiga, v. ¿qué dice, aplicar la Ley, darle la razón frente al Ayuntamiento sólo porque v. la tiene?, pero entonces esos miles de ciudadanos oprimidos, aplastados por esos asquerosos cipayos municipales vendrán a aquí, a mi juzgado, a millares, con lo que mi trabajo personal se elevará exponencialmente y yo no tendré tiempo ni para cagar”.  De modo que a mí, por arte de birlibirloque, no sólo se me habrá privado de un recurso que, según la Ley general del procedimiento administrativo, (votada por esos maravillosos diputados que ahora se esconden no sólo detrás de los gruesos muros del edificio de las Cortes, sino de esos 1.300, sí, han leído bien, 1.300 policías, 5 por cada uno de ellos), tenía sino que además se me echa en manos de un señor cuyos intereses personales como individuo se oponen frontalmente a los míos.  Entonces, ¿hay alguien por ahí que pueda explicarme qué coño de Estado de Derecho, democrático y social, es éste que consagra el artículo 1º de nuestra asquerosa Constitución, que sólo sirve, como estamos viendo, para que ni los vascos ni los catalanes puedan salir corriendo de un país, de un Estado, en el que se permiten toda esta clase de cosas, dada la redacción que el ínclito Fraga y sus compinches le dieron a este asqueroso panfleto?  Y esto no son abstrusas teorías sino las cotidianas vivencias, las crudas realidades, de un pobre ciudadano, licenciado en Derecho, abogado en ejercicio, me he vuelto a dar de alta otras vez para intentar defenderme, inútilmente si lo sabré yo, de esta serie de atropellos que están cometiendo esos funcionarios administrativos que, teóricamente, no tienen otra misión que la de protegerme y defenderme de toda clase de abusos.  Así que éste es el Estado de Derecho que todos los políticos no se cansan de decirnos  que tanto disfrutamos.  Si serán canallas.