Sin interferencias de la administración

Pues parece que nos vamos a tener que ir acostumbrando a más intervencionismo, a más sometimiento a la administración, a más regulación, en definitiva, a menos libertad, algo de lo que ya carecemos... Y es que la irrupción de la izquierda radical en las administraciones está trayendo más recortes en la libertad. Y eso es lo que ha ocurrido con la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de suspender la concesión de licencias para alojamientos turísticos.
Una decisión que afecta a unas 30 licencias que se encuentran en trámite y, lógicamente, a todas las que pudieran solicitarse en el próximo año. Algo que perjudica a los empresarios que quieren invertir abriendo este tipo de establecimientos y también a los futuros empleados de los mismos, que se contarían por cientos, como mínimo. Muchos pueden pensar que la decisión de Ada Colau y su equipo es la correcta, que son los ayuntamientos los que han de regular este importante sector, pero yo discrepo, pues considero que debe ser el mercado el que se autorregule y que sean los clientes, en este caso los turistas, los que decidan a qué establecimiento acudir. Y el que quiera abrir un hotel, hostal o apartamento turístico que lo haga, libremente, cumpliendo la legislación en materia de seguridad y requerimientos de calidad pero sin cortapisas de ningún otro tipo. Porque si un empresario quiere arriesgar su dinero instalando un hotel, ¿quién es la administración para impedirlo?, pues sí, los gobernantes de Barcelona se ven capacitados para impedir, en este caso, la apertura de este tipo de alojamientos, porque "el objetivo final es obtener una radiografía fija del parque de alojamientos turísticos en la ciudad que permita evaluar y diagnosticar la oferta existente y el impacto social que tiene sobre el acceso a la vivienda, ocupación del espacio público, movilidad, diversidad de usos y producción y gestión de residuos". En mi opinión este no es el camino, porque la administración no está para limitar la creación de negocios, eso es función del mercado, que es el que se ha de regular atendiendo a la oferta y a la demanda, en definitiva, a la libre competencia, pero sin interferencias de la administración.