“Situación actual de Puerto Rico”, por José Nadal

Este escrito no pretende ofrecer una historia detallada sobre Puerto Rico, muchos datos y acontecimientos han sido omitidos. El objetivo del artículo es proveer al lector no familiarizado con Puerto Rico un cuadro general sobre qué sucede hoy allí y estimularlo a interesarse y buscar fuentes de información adicionales para expandir sus conocimientos sobre la fascinante y particular historia  de una nación hispanohablante olvidada por muchos. Puerto Rico muchas veces no encaja en la mente de académicos o analistas ni dentro del contexto hispanoamericano ni del estadounidense, cuando en realidad forma parte integral de ambos mundos.

Breve trasfondo histórico

Puerto Rico fue, junto a Cuba, la última posesión española en América. En 1898, tras la Guerra Hispanoamericana, la isla pasó a ser propiedad de los Estados Unidos de América.  Hasta 1900, cuando se autorizó por el Congreso de los EE.UU. la creación del primer gobierno civil controlado desde Washington, en la isla rigió un gobierno militar. En 1917, mediante otra ley del Congreso estadounidense, conocida como la Ley Jones, se expandió la participación parlamentaria de los puertorriqueños en el gobierno, aunque el Gobernador de la isla continuó siendo nombrado por el Presidente de los EE.UU., así como los jueces del Tribunal Supremo isleño. A través de la Ley Jones el Congreso también confirió la ciudadanía de los EE.UU. a los habitantes y nacidos en Puerto Rico. No fue hasta el 1948 cuando los puertorriqueños pudieron elegir democráticamente a su Gobernador, esto también tras una ley aprobada en Washington el año anterior.

En 1950, como parte de los procesos de descolonización que tras la Segunda Guerra Mundial se lideraban desde las Naciones Unidas, el Congreso de los EE.UU. aprueba una ley “con carácter de convenio” autorizando a los puertorriqueños a organizar un gobierno basado en una Constitución adoptada por ellos mismos.  Dicha ley, conocida como la Ley 600, tuvo que ser aprobada por la mayoría de los electores en Puerto Rico para entrar en vigor, lo cual autorizó a la legislatura puertorriqueña a convocar una convención constitucional autorizada a redactar una Constitución cuya vigencia dependía de que los puertorriqueños la aprobaran mediante referéndum y luego se remitiera al Presidente y al Congreso de los EE.UU. para su ratificación. Una vez ocurrieron estos hechos, la Constitución, tal y como autorizó la Ley 600, entró en vigor en 1952 “de acuerdo con sus términos”.

La Constitución de 1952, según aprobada tanto por los puertorriqueños como por el Congreso de los EE.UU., constituyó al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y establece que “su poder político emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad, dentro de los términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América”. En reacción a estos acontecimientos, en 1953 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 748 para sacar a Puerto Rico de la lista de territorios sin gobierno propio.

El Estado Libre Asociado

Obtener la autorización del Congreso estadounidense para aprobar su propia Constitución no les resultó fácil a los puertorriqueños. A Luis Muñoz Marín y Antonio Fernós, considerados como los padres del proceso constitucional, les tomó años de interminables reuniones y formación de consensos tanto en Washington como en Puerto Rico para lograr sus objetivos. Históricamente, lograr acuerdos políticos sobre Puerto Rico en Washington y en la isla ha sido un proceso tortuoso; los estadounidenses siempre se han mostrado reacios a comprender e involucrarse en discusiones de índole política sobre Puerto Rico, mientras que los puertorriqueños han estado muy divididos en cuanto a sus preferencias sobre qué rumbo debe tomar su relación con los EE.UU.. La discusión en Puerto Rico sobre si lo más conveniente y acertado para la isla es encaminarse hacia independencia (opción con apoyo muy minoritario actualmente), convertirse en un estado de los EE.UU. o mantener una relación autonómica ya sea bajo el convenio actual o mediante otro acuerdo de libre asociación, se remonta al siglo XIX y continúa hoy con los mismos apasionamientos.

El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ostenta poderes y competencias muy parecidas a las de un estado de los EE.UU., con la diferencia de que siempre se le ha reconocido autonomía fiscal (no se pagan los impuestos básicos sobre la renta del gobierno federal de los EE.UU.) y de que los residentes en la isla no pueden votar por el Presidente de los EE.UU. ni por congresistas que les representen en Washington. Los puertorriqueños solo eligen a un Comisionado Residente en Washington, que aunque es miembro del Congreso, actúa como un delegado sin voto en dicho cuerpo legislativo.

Durante sus primeras décadas como Estado Libre Asociado Puerto Rico experimentó un enorme progreso económico con tasas de crecimiento anuales de más del 7%, en parte gracias a un programa de industrialización y de una autonomía fiscal que permitió que mediante incentivos fiscales tanto de Puerto Rico como del Congreso de los EE.UU. se viabilizaran inversiones sin precedentes en la isla. Entre la década de 1950 y la década de 1990 el Producto Interno Bruto per cápita de Puerto Rico aumentó de $329 a $8,713.

La situación económica de Puerto Rico, aunque no perfecta, mantuvo un rumbo generalmente positivo hasta la primera década del siglo XXI. En 1996 el Congreso de los EE.UU., presionado por diversos sectores políticos y económicos dentro de dicho país, decide aprobar la eliminación de los principales inventivos fiscales que desde el gobierno federal se ofrecían para estimular la inversión de capital y la atracción de industrias de manufactura en la isla, dominadas ya desde la década de 1980 por la industria farmacéutica. La eliminación de los incentivos se llevó a cabo por etapas, hasta su desaparición total en el 2006. Es en dicho año cuando comienzan los verdaderos problemas para Puerto Rico.

Situación económica y fiscal

La eliminación  de los referidos incentivos tuvo efectos inmediatos en la economía de Puerto Rico. En el año 2006 comienza una recesión en la economía que aun hoy no termina. Durante el período de 2006 a 2015 el producto bruto de Puerto Rico se redujo en un 15.5%. El empleo total disminuyó en 264,000, o un 21%. Esto último provocando, y a la vez reflejando, una pérdida en la población total de la isla de 308,000 personas (de un total inicial de aproximadamente 3.8 millones) entre dichos años, principalmente debido a una gran emigración hacia los EE.UU..

Como es natural, dicha baja en la actividad económica, junto al gran éxodo de puertorriqueños hacia los EE.UU., comenzó a provocar estragos en las finanzas públicas. Los gobiernos entre 1996 y 2012 mantuvieron un ritmo de financiación insostenible para balancear sus presupuestos ante las presiones negativas que ya se comenzaban a reflejar en las fuentes de recaudo del erario, principalmente los impuestos sobre la renta. Esto además provocó que en el 2006 el Gobierno de Puerto Rico se viese obligado a crear por primera vez un impuesto al consumo, conocido como Impuesto de Ventas y Usos (“IVU”), a una tasa de 7%, la cual fue aumentada a un 11.5% en 2015.

A pesar de que Puerto Rico continúa teniendo un PIB per cápita de $29,421, superior al de la mayoría de los países del hemisferio, un problema del que su economía ha adolecido desde la década de 1970 es la baja participación laboral. Este factor negativo constituye otro enorme reto para Puerto Rico, debido a que la misma está relacionada a la aplicabilidad en la isla de la mayoría de los programas de asistencia social de los Estados Unidos, que al no estar diseñados y ajustados a la realidad de la sociedad puertorriqueña provocan una distorsión en su economía y en el mercado laboral, llevando a muchos ciudadanos a decidir no participar en actividades productivas.

Como consecuencia de la contracción económica y ante la práctica de recurrir a fuentes de financiación para mantener el gasto público, la deuda pública de Puerto Rico, tanto del gobierno como de sus corporaciones públicas y municipios, aumentó en $46,928 millones de dólares en solamente 15 años, llegando a acumularse un total de $71,116 millones para el año 2015, lo cual representa un 69% de su PIB y un 104% de su PNB.

Crisis política

La crisis económica y fiscal generada comienza a causar estragos en la política puertorriqueña. Como es natural en toda crisis económica, incrementan los cuestionamientos sobre el modelo político puertorriqueño y muchos señalan al modelo de Estado Libre Asociado como el causante de la crisis, cuya causa en todo caso recae en políticas fiscales erradas e inconsistentes tanto del Congreso de los EE.UU. como del propio Gobierno de Puerto Rico. Tampoco se toma en cuenta que la crisis coindice con la vigencia de nuevos tratados de libre comercio, como el NAFTA y el CAFTA, que eliminaron el acceso exclusivo que tenía Puerto Rico al mercado estadounidense y provocaron un nuevo contexto económico hemisférico que no fue previsto por muchos.

Así las cosas, todos estos acontecimientos agudizan la crisis fiscal del Estado Libre Asociado y provocan que la isla se comience a ver imposibilitada de honrar los pagos de parte de su deuda pública. En el 2016 el Congreso estadounidense forzadamente comienza a prestar atención a los acontecimientos fiscales en Puerto Rico y propone crear una Junta de Control Fiscal creada por ley federal para manejar las finanzas de Puerto Rico con autoridad superior a la del Gobierno del Estado Libre Asociado. Al aprobarse dicha legislación el Congreso de facto echa por la borda el proceso constitucional que creó al Estado Libre Asociado en 1952, al no honrarse el convenio establecido en la Ley 600 para que Puerto Rico crease una Constitución que rigiese en última instancia los asuntos internos de la isla.

Esta situación ha provocado una crisis reciente en la política puertorriqueña, aunque viabilizando una frágil unión de la mayoría de los sectores ideológicos en un reclamo para que los Estados Unidos le provea a Puerto Rico alternativas para crear un nuevo arreglo político sin rasgos coloniales, que impida que en el futuro el Congreso estadounidense pueda interferir con el gobierno propio de la isla. Este reclamo fue llevado ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas por todos los partidos políticos de la isla el pasado 20 de junio de 2016.

Alternativas

Los retos de Puerto Rico son tanto políticos como económicos. La isla continúa gozando de una situación política única que le representa retos y oportunidades. Las exportaciones de bienes y servicios de Puerto Rico continúan gozando de acceso libre al mercado de los EE.UU., mientras a la vez mantiene una autonomía fiscal y tributaria única en suelo estadounidense, lo cual permite el desarrollo de políticas para atraer inversiones y estimular las exportaciones. Al Puerto Rico ser parte del mercado estadounidense, así como de su sistema monetario, bancario y reglamentario, puede aprovechar oportunidades que le proveen los tratados de libre comercio negociados por los EE.UU. en el hemisferio. Estos tratados, lejos de constituir una amenaza futura, deben ser visualizados de manera estratégica como oportunidades de comercio exterior para la isla, que le permitan convertirse en una plataforma de inversiones o puente hacia los EE.UU. por parte de países y empresas de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Los profesionales puertorriqueños hablan español y conocen muy bien el inglés. Además del andamiaje legal y financiero estadounidense, la isla cuenta con un sector de servicios de alta diversidad profesional y técnica que le provee una ventaja competitiva sobre otros países del Caribe y América Latina. Sin duda las oportunidades para ser verdadero puente comercial entre el Norte y el Sur están disponibles, además de áreas de crecimiento potencial como el turismo, comunicaciones y las industrias creativas.  El país posee además una buena infraestructura física, con un sistema de carreteras, aeropuertos y puertos marítimos modernos.

Puerto Rico tiene alternativas, pero necesita de mayores consensos políticos y de estrategias económicas para poder aprovechar las oportunidades. Muchas veces el debate político opaca el necesario debate fiscal y económico que debe darse en el Estado Libre Asociado y en Washington para encontrar soluciones duraderas. Tal vez la crisis finalmente provea las oportunidades para lograr los diálogos y acuerdos que Puerto Rico por tanto tiempo ha necesitado.