Tras la liberación estos días de Ainhoa Fernández de Rincón y Enric Gonyalons, cooperantes españoles con los saharauis del Frente Polisario, el Gobierno debería advertir que esta era la última ocasión en la que pagaba para rescatar a voluntarios en zonas cercanas al terrorismo islamista.
Los rescates costaron entre dos y cinco millones de euros por persona, extraídos de nuestros impuestos, y liberar a terroristas islámicos implicados en esos y otros secuestros, según todas las fuentes.
Los secuestradores, que son saharauis, anunciaron que seguirán apresando cooperantes porque tienen colaboradores en los campamentos del Polisario, por lo que quien decida exponerse, que lo haga bajo su responsabilidad y la de sus organizaciones.
Hay fatuas religiosas que ordenan matar o cobrar rescate a no creyentes, negocio tradicional tribal que sólo acabará cuando no haya voluntarios ni dinero de nuestros impuestos para rescatarlos.
Las oenegés afectadas, sin embargo, han prometido seguir, por lo que seguramente habrá más secuestros, rescates cada vez más caros –en 2008 se pagaban 250.000 euros por rehén—, y más terroristas gratificados por su fanatismo, que sube día a día hacia el norte de África.
Pero interesa mantener voluntarios en lugares peligrosos: en España, país de pillos, muchas oenegés son la tapadera para emplear como burócratas a allegados ideológicos y familiares.
Como mantienen a mucha gente, lo que se invierte realmente en solidaridad no llega ni al diez por ciento de lo que se sustrae obligatoriamente de los impuestos.
Por ejemplo, Andalucía donaba diariamente en los últimos años a decenas de oenegés 230.000 euros, según una denuncia de la oposición popular no desmentida por el Gobierno regional.
Que serán 1,37 millones diarios al finalizar 2012, es decir, 500 millones destinados especialmente a difundir la “perspectiva de género” mundo adelante.
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