Los partidos políticos españoles con representación parlamentaria se han salido del cauce democrático y hoy son más un obstáculo para el sistema que instrumentos para la participación democrática de los ciudadanos, fin para el que fueron creados.
Muchos pensadores políticos sostienen que los partidos políticos se pudren y se hacen inservibles para la democracia cuando atraviesan con frecuencia la línea roja, consistente en anteponer sus propios intereses al bien común, algo desgraciadamente habitual en España, donde pueden enumerarse miles de violaciones de esa ley básica.
La última ha sido el mismo gobierno socialista de Pedro Sánchez, constituido con el apoyo de partidos que no respetan la democracia, que exhiben institntos totalitarios y que quieren romper España.
El balance de los partidos políticos españoles en las últimas décadas es sobrecogedor y, según algunos analistas y expertos, suficiente para que los dos grandes partidos españoles, el PP y el PSOE, deban precintarse y declararse ilegales por haber acumulado demasiadas fechorías y violaciones de las leyes. El número de condenados, imputados y de casos de corrupción juzgados que han acumulado esos partidos los convierte en lo más parecido a asociaciones para delinquir, las más temibles y peligrosas en España, detrás de la banda terrorista ETA.
Esos partidos han robado, malversado, despilfarrado, alimentado el independentismo, cambiado impunidad por votos, utilizado fondos públicos para financiarse, ocultado dinero al fisco, endeudado el país hasta la locura, recortado los servicios públicos innecesariamente, destrozado la sanidad y la educación, cobrado impuestos injustos y desproporcionados y han llenado el Estado de empleados innecesarios, convirtiéndolo en insostenible y ruinoso.
Además, los partidos políticos españoles se han acostumbrado a gobernar en contra de la voluntad popular y han logrado que el pueblo les señale en las encuestas como uno de los tres peores dramas del país, lo que en democracia representa un rechazo popular deslegitimador. El pueblo quiere que desaparezcan las ruinosas y destructivas autonomías, que el numero de políticos cobrando del Estado descienda, que los mandatos estén limitados a dos legislaturas, que los partidos y sindicatos se financien por sus propios miembros, no con el dinero de los impuestos, que se controlen y limiten sus poderes, que practiquen la democracia interna, que desconocen, que erradiquen la corrupción, un vicio que les domina, que respeten el principio básico de la separación de los poderes del Estado, que dejen en paz e independencia a la Justicia, que propicien la participación en la política del ciudadano, al que han arrebatado la influencia y expulsado de los público, y que se comprometan a respetar una democracia que cada día devalúan más y envilecen.
En estas circunstancias, decir que los partidos políticos son instrumentos democráticos suena a blasfemia en España, donde son justamente lo contrario: instrumentos de destrucción, ruina y tiranía encubierta.
Por eso, los ciudadanos más honrados y decentes del país cada día recelan más de esta falsa democracia reinante, se abstienen más o votan al que consideran menos malo, sin entusiasmo y con la nariz tapada, frustrados porque no encuentran un partido que encarne la democracia y los más intensos deseos de los ciudadanos libres.
Francisco Rubiales
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