¿Son muchos los políticos en España?

Los políticos son tan necesarios como rechazados en este país. Basta ver lo que piensan los españoles de ellos en las distintas encuestas, incluida la que, a mi modo de ver, es la mejor, la del CIS.

El rechazo es casi total. Y al albor de ese dato objetivo hay quien pretende –recordando aquello de que “a río revuelto, ganancia de pescadores”— convencernos de que nuestros males vienen porque hay demasiados políticos en España.

De ahí que circule una cifra, obtenida de un periódico digital poco fiable, donde se dice que el número es de 450.0000 políticos. Una cantidad que se pretende justificar con un cuadro que no admite la mínima consistencia, donde los errores de bulto son muchos y basta el sentido común para darse cuenta.

Por ejemplo, una cosa tan sencilla como los diputados y senadores elegidos, hablan en ese cuadro de que son 650, cuando son 616, lo que demuestra el desinterés por dar datos precisos. Y qué decir de otros capítulos como cuando cuenta a los sindicalistas liberados como políticos o cuando habla de políticos con pensiones y los cuenta dentro del número de políticos que tenemos. Esto último es como decir que los trabajadores son los que trabajan más los que están jubilados.

En fin, errores tremendos que sólo se pueden entender cuando se quiere criminalizar a los políticos. Y no digo yo que no haya motivos para hacerlo, pero cuando se empieza dando datos falsos todo lo demás puede quedar en entredicho.

Naturalmente se habla de muchos políticos por lo que suponen de gasto en momentos como el que vivimos. Pues bien, es verdad que hay 68.462 concejales (y no 65.130, otro error que dice mucho de la precisión de los datos de esa tabla), pero no dicen en ese periódico sensacionalista que más del 80% de los concejales no cobran estipendio público.

Y lo grave es que además se permiten comparar con otros países europeos, diciendo que Alemania, por ejemplo, tienen 150.000 políticos y nosotros 450.000, sin dar ninguna fuente de donde se puedan comprobar los datos de Alemania o de otros países.

Hay que tener cuidado porque luego llegan listillos con pedigrí como el académico populista Pérez-Reverte y toma la cantidad por buena y se pone a despotricar sin haber constatado el dato, por aquello de dar batacazos a diestro y siniestro, sin mayor precisión, como en él es habitual.

Está claro que la intención es denigrar a la clase política. Y les aseguro que hay motivos para desear que los políticos cambien y mejoren, pero hay que ser preciso en los datos. Y desde luego, no creo que el problema sea el número, que según los datos oficiales son 73.515: 350 diputados del Congreso, 266 senadores, 1.218 diputados autonómicos, 68.462 alcaldes y concejales, 1.810 consejeros comarcales (en Aragón y Cataluña) y 1.409 diputados provinciales y consejeros insulares.

Lo que ocurre es que no conviene confundir el culo con las témporas. Y si es verdad que puede haber menos políticos, hay quien se empeña en decir que hay que bajar su número (como Feijóo en Galicia, para obtener más poder, bajaría de las provincias que menos le votan con el pretexto de ahorrar un millón de euros, cuando destina 2,3 millones de euros para asesores de su gabinete, o como Aguirre en Madrid, donde quiere asegurar el bipartidismo) y sin embargo no dicen ni pío de los privilegios que tienen, que es donde se debería ahondar o de los cargos que nombran a dedo.

De momento, diré que no me asusta el número de políticos que hay. Bien es verdad, que el Senado --salvo que cambie su función y se convierta en cámara territorial de verdad— y las Diputaciones Provinciales --cuyas competencias pueden ser asumidas por las CC.AA. y además no son elegidas por los ciudadanos— pueden ser eliminados, pero hablamos de 1600 políticos.

Lo grave no es el número de políticos, sino los privilegios que tienen, y sobre todo la cantidad de personal a dedo –llamado de confianza o asesores— que pueden nombrar de forma ilimitada. Por poner un ejemplo, la Sra. Condesa Consorte, lideresa de los Madriles, quiere reducir a la mitad los diputados, dejándolos en 69 y sin embargo, nada dice de los puestos que nombra a dedo, que desde 2003 ha duplicado, habiendo pasado de cerca de 800 a más de 1500 (de los que cerca de 100, cobran más que el presidente del gobierno). O sea trata de cargarse políticos elegidos democráticamente para aumentar su poder con cargos que ella misma, a dedo, nombre sin que haya ningún límite legal.

Ahí es donde está la clave, hay que limitar los privilegios de muchos políticos (a ello dedicaré otra entrada, próximamente) y el número del personal de confianza. De acuerdo a la población o a otros criterios, tiene que limitarse la posibilidad de nombrar cargos a dedo, sin límite. Sin control, sin ser elegidos por los ciudadanos y a cargo del erario público esos cargos tienen que acotarse, de forma clara y determinante. Todo lo demás será aumentar el bipartidismo, voluntad de perpetuarse en el poder, disminuir el poder popular, en definitiva, devaluar una vez más nuestra ya minusvalorada democracia.

Salud y República