Sondeo en Cuba denota rechazo a la reforma constitucional del régimen

El sondeo contó con la participación de 1.612 personas, repartidas en toda la isla, entre el 12 y el 19 de noviembre de 2018, de cuya cifra se denotaron porcentajes del 68 al 82 % en contra de las propuestas.

INFORME

La propuesta de reforma constitucional en Cuba fue elaborada por una comisión de 33 miembros del Partido Comunista. Tras este hermético proceso, el Gobierno anunció la realización de 135.000 consultas populares, con el objetivo de dar a conocer el contenido de la reforma y recabar propuestas de los ciudadanos.

Finalmente, según el Gobierno, se recabaron 783.134 propuestas. Aún se desconoce cuál va a ser el procedimiento para incluirlas en la reforma final, que será votada el 24 de febrero de 2019. Lo que sí se conoce es que las y los cubanos votarán en bloque -sí o no-, y no por áreas temáticas. Esto le otorga al conjunto del proceso un carácter plebiscitario.

Si la Constitución es un pacto social en el que todos deberíamos tener cabida, la forma es fondo. Y en este caso, el mecanismo en que la propuesta de la reforma constitucional se ha llevado a cabo, al menos de inicio podría afirmarse que carece de legitimidad.

En este contexto, CubaData se planteó realizar una encuesta que capturara durante la etapa final del proceso de consultas a la ciudadanía, las opiniones, percepciones y valoraciones de las y los cubanos. Para ello, usamos los mismos términos y formulaciones empleados por el Gobierno en su propuesta de reforma.

El instrumento fue aplicado en Cuba durante el transcurso de una semana, entre el 12 y el 19 de noviembre de 2018. La muestra abarcó un total de 1.612 personas, distribuidas en todo el territorio nacional, y contó con el soporte de una plataforma digital, donde los encuestados participaron a partir de perfiles individuales y verificables.

Según el género, respondieron mayoritariamente hombres (65%) frente a un 35% de mujeres. La distribución por provincias arrojó una participación relativamente homogénea, salvo en la capital, que concentró el mayor número de respuestas, alcanzando un 36,4%. Le siguieron en mayor porcentaje de participación la provincia de Villa Clara (8.7%), Holguín (8.0%), Matanzas (7.9), Camagüey (6.5%) y Santiago de Cuba (5.8%). En cuanto al nivel educacional, se trata de una muestra con altos niveles de instrucción teniendo en cuenta que el 50,8% declaró ser universitario y el 29% contar con estudios técnicos. Por edades, los encuestados se agruparon fundamentalmente en los tramos de 22 a 35 años (45.7%) y de 36 a 55 años (31.6%).

En cuanto al contenido, la encuesta abordó cinco áreas temáticas:

• Participación y legitimidad del proceso de consulta
• Modelo de sociedad
• El rol del Estado
• Derechos
• Modelo económico

La selección de estos temas se basó en dos criterios: el primer estudio de CubaData, "Cuba: explorando la opinión ciudadana bajo el Gobierno de Díaz-Canel"; y un análisis comparativo entre la propuesta de reforma y la actual Constitución. Ambos permitieron identificar los temas que dentro de la propuesta eran cruciales para indagar la opinión de la ciudadanía.

A continuación, se exponen los principales resultados.

1. Participación y legitimidad del proceso de consulta

Entre los encuestados, el nivel de participación en las consultas fue escaso, considerando que el 45,5% declaró no haber participado. Esto podría deberse a la poca motivación de los cubanos por participar en cualquier proceso eleccionario, a la falta de confianza de que sus opiniones sean tomadas en cuenta, y a la complejidad que caracteriza al tema constitucional. Tan baja participación vendría a contradecir los altos índices participativos que el Gobierno declara haber conseguido.

Solo un 26,8% de los encuestados tuvo oportunidad de emitir sus opiniones o recomendaciones, un 8% declaró haberlo hecho parcialmente, y un 19,7% no emitió opinión alguna. Entre los encuestados que emitieron opiniones, un 20% consideró que estas no serán tenidas en cuenta, mientras que otro 20% no sabría qué curso o impacto podrán tener. En consecuencia, un alto porcentaje se mostró dudoso o reticente respecto de la importancia que puede tener su voz en las correcciones que finalmente se realicen al texto constitucional. Solo un porcentaje minoritario (11,7%) expresó confianza en que sus opiniones serían consideradas.

2. Modelo de Sociedad

47% de los encuestados se manifiesta en desacuerdo con la existencia de un partido único y reconoce que eso no garantiza la libertad política, un 14,6% piensa que solo la garantizaría parcialmente, y solo un porcentaje minoritario (15,7%) cree que manteniendo un partido único puede garantizarse dicha libertad. Por último, un porcentaje no despreciable (21,9%) declara no saber cómo responder a esta pregunta.

El carácter irrevocable del Socialismo como sistema económico, social y político, consignado en el Art. 3 del nuevo texto, no es aceptado por el 45,1% de los encuestados. Un tercio no sabe cómo posicionarse, mientras que solo un 25,9% está de acuerdo en mantener dicho carácter. Las respuestas ratifican que efectivamente un número cercano a la mitad de la población entiende las limitaciones que surgen a raíz de un sistema que niega la pluralidad política y excluye a cualquier otro tipo de pensamiento.

Mientras, el posicionamiento respecto de lo que se considera traición a la patria es categórico. Los encuestados indican un alto rechazo a que los profesionales que cumplen misiones en el extranjero y las abandonan (77,7%), quienes se organizan, asocian o reúnen pacíficamente, aunque con fines diferentes de los permitidos por el Gobierno (68,1%), y quienes expresan públicamente una opinión política o postura diferente a la del Gobierno (82,7%) sean tipificados como traidores.

Se trata de un resultado alentador en relación a procesos de reconciliación necesarios para una posible transición democrática.

3. El rol del Estado

En términos generales, los encuestados están en desacuerdo con la concentración del poder (42%). Sin embargo, el alto porcentaje (27,6%) que no sabe responder a la pregunta sobre la facultad de designación del presidente, podría estar relacionado con el desconocimiento generado por un prolongado y absoluto ejercicio del poder.

En cuanto al control estatal de los medios de comunicación, la mayoría de los encuestados valora la independencia de estos, lo que supondría una percepción positiva respecto a la información que producen medios no sujetos al poder del Gobierno.

Por otra parte, llama la atención el alto porcentaje (30,7%) de encuestados que responde no saber si el tiempo asignado a la Asamblea Nacional en su función de legislar es suficiente. Esto revela dos cosas. 1) Un desconocimiento sobre la significación de la labor de la Asamblea 2) Lo falso de una estructura "democrática" en un sistema donde una entidad, el Partido Comunista, ejerce todo el poder.

4. Derechos

Los encuestados afirman categóricamente (70%) que la participación política es un derecho muy importante que debe incluirse entre los que menciona la propuesta de reforma constitucional. Con igual contundencia (70%) se expresan sobre garantizar la protección de la discriminación por conciencia, pensamiento, expresión y edad. Lo anterior indicaría el reconocimiento de la necesidad de una mayor pluralidad y de los beneficios que esta conlleva, algo inédito tras décadas de partido único y ataques a las diferencias; un resultado a considerar en las propuestas y programas de la sociedad civil y partidos políticos.

Paralelamente, alrededor de la discusión acerca del matrimonio igualitario, la encuesta muestra una claridad a favor de la unión entre personas del mismo sexo (52,9%), aunque vale la pena notar que el 35.2% de reprobación está entre los más altos de todas las respuestas. En general, el resultado difiere de la polarización reflejada en la sociedad alrededor del punto más mediático de la propuesta de reforma. Lo que llevaría a cuestionarse si la intención del Gobierno ha sido una legítima preocupación por una ampliación de derechos o un elemento de distracción, toda vez que en el texto de la reforma el sujeto de derecho ni siquiera está claramente identificado.

Otro de los aspectos más debatidos ha sido la posibilidad de que los cubanos/as que residen en el exterior puedan disfrutar de los mismos derechos que los que residen de manera permanente en Cuba. Sobre este punto, los encuestados favorecen un tratamiento equitativo en un 72,7%. Este alto nivel de acuerdo es una opinión de suma importancia, teniendo en cuenta la relevancia cuantitativa que ha adquirido el fenómeno migratorio en la Isla, así como su impacto social, político, económico y cultural en múltiples ámbitos de la sociedad cubana.

5. Modelo económico

Lo regresivo de la nueva propuesta constitucional en temas como la salud y la educación es el reconocimiento de la crisis económica perpetua y de la incapacidad del régimen por solucionarla. Es una renuncia a la continuidad de los principios de los postulados comunistas. Mediante el Artículo 83, el texto reformado continúa entendiendo al Estado como garante del acceso y gratuidad a los servicios de salud, pero no se explicita si estará obligado a prestar el servicio.

Se les preguntó a los encuestados si estaban de acuerdo en que se excluyeran la gratuidad de algunos servicios de salud, tales como la prevención y la asistencia estomatológica, y la mayoría (63,9%) respondió estar en desacuerdo. Un rechazo también mayoritario (59,6%) surgió ante el Artículo 84, que elimina la obligación del Estado en la prestación de servicios gratuitos en el nivel de educación de posgrado.

Sobre la definición del modelo económico en el proyecto de reforma, los encuestados no rechazan la presencia del Estado en la vida económica y comercial de la sociedad, pero siempre que también permita participar a los ciudadanos. El resultado ratifica la encuesta anterior de CubaData, que en el ámbito económico arrojó que los cubanos, más que enfrentarse al sistema, lo que desean es que este les otorgue un mayor espacio.

Las respuestas también reflejan cierto desconocimiento cuando se hace referencia a conceptos de mayor complejidad -como el de la planificación socialista de la economía- y, por otro lado, miedo a lo desconocido.

Al consultar sobre las garantías a la inversión extranjera, el resultado de la encuesta habla claramente en contra del actual rumbo estratégico de la inversión en Cuba, que privilegia los intereses extranjeros sobre los nacionales. La mayoría de los encuestados (57.7%) se muestra en desacuerdo con que el Estado promueva y brinde garantías solo a la inversión extranjera, mientras aumenta las trabas a los cubanos. En una Constitución, llama la atención y es indicativo del rumbo que se le quiere dar al país con la inclusión de un artículo tan discriminatorio hacia los ciudadanos que pretende empoderar.