“Sonrojo” no rima con “política”

Otra semana latinoamericana sui géneris.

El pasado miércoles 7, el entonces presidente constitucional Pedro Castillo Terrones se desconstitucionalizó con un autogolpe de Estado justificándolo por "la situación como 'intolerable' y en atención al 'reclamo ciudadano'", al anunciar "establecer un gobierno de excepción [...] disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional", convocar en el "más breve plazo" a elecciones para un Congreso con facultades para elaborar una nueva Carta Magna y determinando que "a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la república se gobernará mediante decretos ley", lo que complementó con toque de queda a nivel nacional y la reorganización del sistema de justicia: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal para "enrumbar a Perú".

A pesar de este panorama, cuatro gobiernos latinoamericanos elegidos democráticamente: el de Gustavo Petro de Colombia, el de Andrés Manuel López Obrador de México, el de Alberto Fernández de Argentina y el de Luis Arce de Bolivia adujeron "su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de [...] el Presiente (textual) Castillo Terrones [...] víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [...] para luego ser objeto de un tratamiento judicial [...] violatorio del artículo 25 de la mencionada convención" y deja un cierre sofista de "abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio".

La solución: adelantar para 2023 a brevedad las elecciones generales -presidenciales y congresales- respetando los procesos constitucionales. A fin de cuentas, Sagasti como presidente transitorio las puedo convocar y solucionar en ocho meses; quizás Boluarte no es el árbitro idóneo para ello.

https://www4.congreso.gob.pe/dgp/constitucion/constituciones-peru.htm