Hay ocasiones en las que quizás uno no debería firmar lo que toma de otros cronistas, lo que plagia, como es el caso de lo que sigue aquí, que se debe a Carlos Luis Rodríguez y no al que suscribe.
Tras leer su artículo titulado “¡Al rico diputado! en “El Correo Gallego” de este domingo sobre las asesorías pagadas por empresas privadas a Trillo y Pujalte, del PP, este cronista se siente obligado a divulgar sus ideas y soluciones.
La principal, poner en puja pública a los políticos para que todas las compañías, grandes y pequeñas, puedan tenerlos a su servicio sin discriminaciones.
Se pregunta Rodríguez si el mercado sabía que esta pareja estaba disponible, porque, dada su calidad política, seguro que había otras firmas interesadas en contratarlos.
“¿Conocían el mecanismo idóneo para pujar por ellos? Seguro que esos extremos se desconocían, lo cual supone una grave discriminación”.
En los medios hay numerosos análisis cuyos autores se ensañan con ambos políticos, lo que no hace Carlos Luis.
Sabe que el 80 por ciento de los diputados, aunque no lo ejerzan, tienen derecho a obtener ingresos fuera del Parlamento. Que sea ético o no es diferente a su total legalidad.
Así que, admitiendo esa legalidad y para que al menos todas las empresas españolas tengan igualdad de oportunidades, el periodista propone incluso cómo subastar públicamente a los políticos.
“Podría habilitarse un rincón en la Bolsa, o hacerse en las escalinatas del Congreso en fechas y horas estipuladas. En ese momento, y en presencia del público y los medios que quisiesen asistir, saldrían las señorías en venta y los empresarios harían sus ofertas”.
Hasta las pequeñas empresas podrían adquirir diputados baratos, en decadencia personal o de partido: idea digna de Camba o Fernández-Flórez, paisanos de Rodríguez.
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