Subsidios al transporte: las patronales extorsionan, el gobierno cede

Previo al día más patrio que tiene la Argentina, las patronales del transporte de pasajeros de corta y media distancia (Fetap y Asetac) resolvieron dejar sin servicio a la población el 25 de mayo y el fin de semana siguiente. La razón del lock-out: la reducción en un 20% al 85% de subsidio de gasoil que venían recibiendo.
La petrolera que abastece al transporte público de gasoil es Repsol-YPF, que exporta cada vez menos combustible: "Más de 7.800 millones de dólares en 2006 contra 3.034 millones en los primeros once meses de 2010" (La Voz, 26/5), por lo tanto, decidió unilateralmente reducir el abastecimiento de gasoil subsidiado. Como el subsidio al gasoil que proveen las petroleras a los transportistas se paga con certificados de cancelación de impuestos a las exportaciones, éstas han producido, también, un lock-out para extorsionar al gobierno y obligarlo a poner el dinero de los subsidios en efectivo.
El culpable de esta doble apretada no es del chancho, sino el que le da de comer. Según la consultora Ecolatina: "El gobierno nacional incrementó el gasto en subsidios el 88% durante el primer trimestre de este año en relación con igual período de 2010" (La Voz, 30/5). Los subsidios representan hoy el 20 por ciento (19,4) del gasto corriente total de la Nación.
A pesar de que la crisis internacional avanza sobre las finanzas de los Estados (nacional, provincial y municipal), la reacción es siempre la misma: ceder frente a la patronal y ajustar a los trabajadores.
La respuesta del gobierno nacional frente al paro patronal no es la misma que le dio al mes de huelga de los maestros de Santa Cruz que luchan por su salario.
A los docentes, el gobierno K provincial les mandó las patotas de la Uocra, sumado a las provocaciones permanentes y al envío por parte de la propia Presidenta de la Gendarmería para intentar desalojarlos y así garantizar los negocios de Repsol.
A las patronales del transporte y sus delfines cordobeses, Schiaretti les prometió entregar un fondo de 700 millones de pesos, mientras que el intendente ultra K Giacomino prometió ir a la Justicia para que le restituyan el subsidio del 85% que venían recibiendo la Fetap. La última vez que este gobierno acudió a la Justicia fue para impedir las asambleas en puntas de líneas por una retención de haberes que la Municipalidad les estaba haciendo a los trabajadores o para dictar una conciliación ante una asamblea por negarse a cobrar una suma en negro.
El lock-out patronal empuja a los gobiernos nacional, provincial y municipal a que les den un nuevo zarpazo a los trabajadores, ya sea mediante el desembolso de más subsidios o mediante un nuevo aumento de tarifas.
A ninguno se le cruza por la cabeza impulsar el control de los libros de las empresas, a pesar de que los usuarios y trabajadores vienen denunciando la reducción de la frecuencia; aunque los subsidios por flota no se hayan tocado y haya caído en picada la calidad del servicio. La falta de inversión no es sólo patrimonio de YPF. El servicio público de pasajeros de Córdoba y del país se cae a pedazos.
Lo que corresponde es que el gobierno obligue a las patronales a efectuar el servicio público de pasajeros, caso contrario proceder a declarar nulas las concesiones y retener la flota para garantizar el transporte bajo control de trabajadores y usuario.
Los recursos naturales de la Argentina tienen que ser nacionalizados sin pago alguno y su control tiene que quedar en manos de sus trabajadores.
Alejandro Roqueiro