Los violadores y pederastas en serie e irrecuperables no deberían que vivir entre sus víctimas potenciales, por lo que convendría recomendarles que se suiciden.
Es una idea que acaba de exponer en la universidad de verano de San Sebastián Javier Urra, profesor de Psicología forense de la Complutense, que fue el primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, y consultor constante de todas las televisiones.
Urra reconoció que le recomendó el suicidio a alguno de esos pacientes, y aunque no reveló los resultados de cada caso, no se sabe si el Colegio de Psicólogos considera ética esta receta profesional.
Podría ser buena: los delincuentes se libran de la conciencia que les corroe, si la tienen, y las víctimas, incluyendo las potenciales, se libran de algunos de ellos. Todos salimos ganando.
Pero aquí chocamos contra uno de los tabúes de lo políticamente correcto más nefastos, el del progresismo penal.
Porque consigue que un renombrado psicólogo renuncie a curar y, siendo enemigo de la pena de muerte, hace que le recomiende al paciente que se la aplique a sí mismo.
Si el violador o el pederasta es irrecuperable deberían buscarse fórmulas para que no reincida cuando recupere la libertad, porque la obtendrá: la Constitución obliga a elaborar leyes que colocarían en la calle tarde o temprano al mismísimo Hitler.
Como además se consagra la dignidad de los delincuentes por encima de la de las víctimas, leyes y jueces rechazan imponer una medida eficaz y reversible, que es la castración química vigilada mientras viva el delincuente.
Defendamos pues la castración química obligatoria, y hasta la física, si el violador o pederasta la aceptaran.
Abandonemos lo políticamente correcto: ¿Qué es mejor, recomendarle el suicidio a un ser humano o anularle su sexualidad para evitar sus crímenes?
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