Hace unos meses en Estados Unidos, un tutor judicial a instancias del hospital y en contra del parecer de la familia ordenó la retirada de la alimentación artificial a Rachel N., mujer de origen ruandés, con escasos recursos económicos. Al principio había sido tratada en el hospital de la Universidad de Georgetown y luego trasladada a un centro en Maryland. En esas condiciones, la mujer en coma sobrevivió 21 días hasta que un juez a instancias de la familia ha instado la alimentación de Rachel. Superviviente al genocidio ruandés, ahora Rachel parece haber sobrevivido al colmo del derecho contemporáneo, la inanición, por considerar la mera hidratación como un tratamiento fútil.
Es como un paso más, dentro de la escalada de algunos movimientos sociales, y sobre todo políticos, para ir allanando el camino para promover una ley sobre la eutanasia. En Estados Unidos, desde Cruzan y, en Gran Bretaña, desde Bland, se ha venido sosteniendo la posibilidad de retirar incluso la alimentación a personas en Estado Vegetativo Persistente.Y esto desde la proclamación de un falso derechoa negarse a un tratamiento. Pero se trata de personas, como es obvio, y como se ratificó con Terri Schiavo en los mismos EE UU o Eluana Englaro en Italia no pueden manifestar su voluntad. El truco consistió entonces en deducir de palabras o gestos anteriores al estado de coma cuál sería la voluntad actual de la víctima.
Conviene tener claro que la voluntad del paciente o de su familia no puede obligar al médico a aplicar tratamientos no indicados (como una sedación contraindicada) o a retirar la alimentación e hidratación cuando se estén facilitando cuidados básicos. La hidratación y la alimentación son medidas ordinarias. No existe el derecho a morir de inanición y, mucho menos, el derecho a matar de inanición.