Taksim: la venganza de Erdogan

Un año después de las protestas en Turquía, Erdogan continúa poniendo coto a la libertad de expresión y reunión / WikipediaCommons

Se ha cumplido un año de las protestas antigubernamentales en Turquía, que tuvieron como escenario principal la plaza Taksim de Estambul. Ahora, en el primer aniversario de las revueltas turcas, cientos de personas están siendo procesadas por su participación en las mismas por cargos de terrorismo o incitación a la violencia. Sin embargo, la policía, que actuó con gran brutalidad para disolverlas, mantiene una total impunidad, según denuncia Amnistía Internacional.

La organización sostiene que la persecución sistemática de manifestantes tiene como finalidad dejar un mensaje claro: que las protestas, aunque sean pacíficas, quedan terminantemente prohibidas en el país y serán perseguidas. En su nuevo informe, Adding injustice to injury: Gezi Park protests one year on, Amnistía Internacional asegura que los juicios que se están llevando a cabo son “por venganza” y tienen una clara “voluntad política”, dada la inexistencia de “pruebas de delitos reales”. Por ello, exige que se suspenda este “juicio espectáculo” en su “primera vista”. Entre los encausados más conocidos se encuentra la coalición de ONG y grupos políticos Solidaridad Taksim, acusada de “fundar una organización criminal”.

En los últimos 15 días, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha disuelto todos los intentos de manifestación pacífica para conmemorar el primer aniversario de las protestas. Concretamente, la policía usó “gas lacrimógeno, cañones de agua y golpes”, los mismos métodos utilizados hace un año y que fueron muy criticados y denunciados tanto en Turquía como a nivel internacional. Sin embargo, mientras las autoridades eluden investigar las denuncias contra los abusos policiales, ocultan a toda costa la identidad de los agentes que actuaron de forma violenta en aquellas protestas que dejaron al menos 4 muertos y unos 8.000 heridos.

Además de los procesos judiciales y las cargas policiales de los últimos días, Erdogan introdujo el pasado enero una serie de enmiendas legislativas que permitirían castigar también a los sanitarios que prestaron asistencia médica urgente en las manifestaciones de junio de 2013, por no hablar de las investigaciones ya abiertas contra periodistas y comentaristas de los medios de comunicación que documentaron las protestas y contra usuarios de las redes sociales críticos con el gobierno. De hecho, varias organizaciones y medios de comunicación llevan denunciando desde 2011 que el gobierno turco ha incrementado las restricciones a la libertad de expresión y al derecho de reunión, ejerciendo un gran control sobre los medios de comunicación y las redes sociales que desemboca en detenciones arbitrarias.

Hay que recordar que las protestas comenzaron para impedir la demolición del parque Gezi, en la plaza Taksim, que el gobierno pretendía llevar a cabo para reconstruir un antiguo cuartel militar y levantar un centro comercial. El parque Gezi, que fue construido en 1943 en sustitución del cuartel -bajo el mandato de Atatürk-, se había visto cada vez más reducido en los últimos años debido a la construcción de hoteles, de acuerdo con los planes de urbanismo del gobierno de Erdogan. Sin embargo, las últimas intenciones urbanísticas del primer ministro turco fueron la gota que colmó el vaso para los ecologistas, que se echaron a la calle arrastrando a más de tres millones de personas en todo el país, cansadas del autoritarismo sistemático del gobierno. Un año después, la protesta continúa ante la intransigencia gubernamental, el recorte de libertades y el  amargo déjà vu de la represión policial, en un país cada vez más occidentalizado que llama a la puerta de la Unión Europea.

CLÁUDIA MORÁN

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