Taxis que participan en delitos están bajo investigación: SCT

San Luis Potosí, México – Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) de San Luis Potosí, ha delineado las acciones que su dependencia está tomando en respuesta a la participación de unidades de transporte en hechos delictivos, así como en la regulación y mejora del servicio de taxi en el estado.

La SCT, en estrecha colaboración con la fiscalía estatal, está llevando a cabo investigaciones detalladas para identificar a las unidades involucradas en actividades ilícitas. «Se están integrando las carpetas de investigación», afirmó Martínez Acosta, destacando el compromiso de la dependencia para actuar conforme a la Ley del Transporte. La secretaria mencionó la posibilidad de cancelar las concesiones de aquellos que se vinculen a delitos, demostrando una postura firme contra las malas prácticas dentro del sector.

Martínez Acosta subrayó el contraste entre una minoría de taxistas que resisten la adaptación a las normativas actuales y la mayoría de los profesionales del transporte comprometidos con la calidad del servicio. «La mayoría de los taxistas hoy están comprometidos en brindar un servicio de calidad», indicó, resaltando el esfuerzo por capacitar a los trabajadores del transporte para cumplir con todos los lineamientos y garantizar un servicio seguro y eficiente a la ciudadanía.

La secretaria reveló que se han turnado más de 75 expedientes a la fiscalía, relacionados con particulares que ofrecen servicios de transporte sin la debida autorización. Además, mencionó la existencia de siete expedientes específicos de taxistas involucrados en posibles actos delictivos, en los cuales se está trabajando en colaboración con la fiscalía para determinar las acciones correspondientes.

Martínez Acosta aclaró que, hasta que se determine la culpabilidad conforme a las investigaciones, los taxistas continúan en sus funciones. La SCT está comprometida en identificar no solo a los concesionarios involucrados sino también a los operadores contratados, lo que refleja una aproximación exhaustiva para asegurar la legalidad y seguridad en el transporte público.