Se los presento con el nombre ficticio de Ignacio. Un tipo fornido de voz ronca que dispara las palabras a una velocidad alucinante y desde hace veinte años conduce doce horas diarias por las destrozadas calles de La Habana.
"La decisión de no salir a trabajar fue espontánea. No hay un jefe. Esta situación ha surgido por una confrontación que nos ha impuesto el gobierno, que intenta reducirnos a golpe de decreto. Desde que en 1994 se autorizó el trabajo por cuenta propia, los taxistas hemos estado en la mira del Estado. A pesar de los graves problemas del transporte público, que el gobierno ha sido incapaz de resolver, las autoridades nunca han querido dialogar y buscar consenso con nosotros. Cuando el año pasado comenzamos a cobrar por tramo, la decisión gubernamental fue imponer normativas sin consultar con los taxistas. Esa guerra no ha traído nada positivo. Es el pueblo quien sale perdiendo".
Según Ignacio, "el 95% del combustible que abastece al sector del transporte privado sale de las instituciones del Estado, no es culpa nuestra que haya tanta corrupción. Al comprar el combustible a precio de CUPET ( Cuba Petróleo, empresa estatal), [al precio de] un cuc el litro, las ganancias se reducen notablemente. La mayoría de nuestros autos están armados con piezas y partes diferentes y por el excesivo uso diario y el mal estado de las vías siempre se rompe algo. Desde 2017 la intención de los taxistas particulares ha sido la de negociar con el Estado en términos aceptables para unos y otros, pero nunca quisieron. Lo que hicieron fue amenazarnos con quitarnos la licencia e imponernos multas. A quienes abiertamente declararon la huelga, agentes de DTI (Departamento Técnico de Investigaciones) y la Seguridad del Estado comenzaron a acosarlos", afirma y concluye:
"Cuando hace un mes el gobierno publicó las nuevas medidas, aunque no se contó con nuestras opiniones, algunos de los requisitos que pedíamos estaban registrados, como un precio subsidiado al combustible y un mercado mayorista para piezas de repuestos. Pero no tenemos garantías. La mayoría [de los taxistas] está en desacuerdo con abrir una cuenta en el banco. En un principio, había que guardar el 80 por ciento del dinero, ahora la redujeron al 65, pero sigue siendo muy elevada y crea demasiados inconvenientes: para depositar o sacar dinero hay que hacer tremendas colas en los bancos, cuyos horarios son de 8 de la mañana a 3 de la tarde, horas en que los taxistas privados estamos trabajando. La normativa para aquellos taxistas que opten trabajar sin depositar el dinero en el banco y recibir 220 litros de combustible a precio de CUPET (alrededor de 5,500 pesos), es sencillamente un disparate. Al no querer establecer un diálogo franco con nosotros, el gobierno nos ha dejado una sola opción: no salir a trabajar".
Gisela, empleada de un ministerio que con frecuencia viaja en taxis colectivos, considera que "las dificultades del transporte particular comenzaron hace más de un año y gradualmente han ido empeorando. Cada vez hay menos taxis circulando. El vaso que colmó la copa fue el pasado viernes 7 de diciembre. Estuve tres horas en la Calzada de Diez de Octubre y solo pasaron seis o siete taxis particulares, todos llenos. La única posibilidad era fajarte con las guaguas o abordar un taxi de cooperativa. El gobierno debiera conversar con los transportistas, porque no tienen soluciones a mano para resolver la perenne crisis del transporte en la capital".
La respuesta del régimen fue huir hacia adelante. Adel Yzquierdo, ministro de Transporte, aseguró a la prensa que "próximamente, antes que finalice el año, se incorporarán al servicio en La Habana 400 microbuses de doce plazas y 90 ómnibus, de ellos 60 articulados". La noticia provocó que las quejas se multiplicaran entre los habaneros de a pie, pues si tenían esa reserva de vehículos, no debieron esperar a que la situación llegara al extremo que ha llegado.
En medios digitales del régimen, los comentaristas criticaron a las autoridades por su incapacidad de gestionar el transporte público. Pedro, con cuarenta años trabajando en ómnibus urbanos capitalinos, reconoce que "esas medidas son apenas una curita de mercuro cromo. En la década de 1980 en la ciudad circulaban 2,500 ómnibus y de 5 a 6.000 taxis estatales. Ahora solo funcionan 700 guaguas y cerca de 200 taxis del Estado. Insuficiente para suplir la demanda de más de un millón de viajeros por día. Incluso cuando hace dos o tres años rodaban 12.000 almendrones particulares diarios, tampoco se suplía la demanda".
Andrés, especialista de transporte, apunta que "el diseño trazado para los ómnibus de rutas principales, denominados P con la sigla A, es correcto. Pero para que cada ruta P funcione con normalidad debe contar con un parque de 30 ómnibus y una frecuencia de cinco a ocho minutos. Eso no se está cumpliendo. En estos momentos hay más de 200 ómnibus articulados parados por falta de piezas de repuesto. China nos dejó de vender piezas debido a los impagos".
Arturo, jefe de turno en la terminal de Santa Amalia, municipio Arroyo Naranjo, señala que el 7 de diciembre, ante la anunciada huelga de transportistas privados, "se reforzaron las rutas con ómnibus de Transmetro y de la transportación escolar". Ese día, en los alrededores del Parque de la Fraternidad, donde confluyen varias piqueras de taxistas privados, autos patrulleros y agentes vestidos de civil, recorrían la zona intentando persuadir a los transportistas.
"A mí uno me sacó un carnet del DSE (Departamento de Seguridad del Estado) y me amenazó que si no cargaba pasajeros podían decomisarme el auto. Alegué que el carro estaba roto. Esta gente (el régimen) no nos da ni una tuerca, nos quieren 'joder' y pretenden obligarnos a que trabajemos de acuerdo a sus condiciones. La mayoría de los taxistas particulares no lo vamos a aceptar. Si se ha divulgado que el gobierno cambió o paralizó la normativa que iba a aplicarle a los cuentapropistas y también a los artistas independientes que estaban protestando, no entiendo esa postura de fuerza con nosotros ", se cuestiona un taxista que cubre la ruta Parque Fraternidad-Playa.
Para Ignacio, conductor del viejo Ford de 1948, la premisa es resistir: "Si insistimos en nuestros derechos el gobierno va a cambiar de estrategia. Pero hay que seguir gritando".
En sus primeros ocho meses de mandato, el presidente designado Miguel Díaz-Canel ha dado muestra de que puede escuchar, y según ha dicho, también retroceder si las circunstancias lo requieren. Al menos así lo expresó en un Twitter el 7 de diciembre: "No hay por qué creer que las rectificaciones son retrocesos, ni confundirlas con debilidades cuando se escucha al pueblo".
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