La dimisión la semana pasada de Christiane Taubira, ministra de justicia francesa, una socióloga negra nacida en el Departamento de Ultramar de la Guyana, pone a sus conciudadanos ante el espejo para que revisen los conceptos de los que están orgullosos, la República y la nacionalidad.
Taubirá, de 63 años, rechazó las medidas antiterroristas que enmendarán la Constitución propuestas por el presidente François Hollande y el primer ministro, Manuel Valls, ambos socialistas.
Se opuso, sobre todo, a la retirada de la nacionalidad francesa a los naturalizados que estén implicados en casos de terrorismo porque, según ella, “no debemos concederle ninguna victoria ni militar, ni diplomática, ni política, ni simbólica” a los asesinos.
No valoró que conceder la nacionalidad es entregar la historia, la herencia territorial, cultural, incluyendo la arquitectónica y artística, además de los derechos sociales conquistados con enormes sacrificios, a quienes no han participado generación tras generación en la construcción de un país.
La exministra había protestado ya contra la nueva legislación de excepción que le permite a la policía controlar las comunicaciones, ordenar registros o asignar residencia (arresto parcial domiciliario) sin mandato judicial a sospechosos de terrorismo.
En España quizás se repitan hechos como los de11M de 2004 en Madrid o los recientes de París, y para entonces podría gobernar una coalición del PSOE más gochista con Podemos, ultraizquierda antisistema.
Ni en la campaña electoral ni ahora se informó sobre cómo actuaría un gobierno así ante una ola de atentados o situaciones violentas y acosos sexuales de refugiados o inmigrantes como se sufre en Centroeuropa.
Podemos se niega a apoyar el pacto antiyihadista y promete abrir las fronteras a todo extranjero que desee gozar de lo construido aquí durante siglos. Que sepamos lo que nos espera.
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