El prestigioso 'The Economist' sostiene que España se encuentra al borde del estallido de revueltas sociales callejeras y protestas masivas, un riesgo similar al que tienen países como Ucrania, Marruecos, Pakistán y Haití.
The Economist ha analizado ese riesgo de estallido en 150 países y afirma que las razones varían en cada país. La oposición a regímenes dictatoriales está presente con mucha fuerza en el mundo árabe, mientras que la situación económica desastrosa marca la estabilidad de España o Grecia y las aspiraciones frustradas de la clase media son la clave en países emergentes como Brasil o Turquía.
En España, concretamente, el riesgo de que el país se convierta en un polvorín viene dado por la situación de la economía, el desempleo masivo, el avance de la pobreza, la desigualdad, la desprotección de los mas débiles, el desprestigio de la clase política y la corrupción, como factores mas determinantes. Al parecer, en el caso español tiene especial peso la pérdida de confianza en las instituciones (crisis de la democracia).
El informe de The Economist incide en una especie de misterio inexplicable para muchos analistas y observadores internacionales, que no se explican como la sociedad española, sometida a injusticias, desequilibrios y dramas de altísima intensidad, no ha estallado todavía en una cadena de protestas y revueltas. Según muchos expertos, tan solo en angustioso nivel de desempleo tendría que haber provocado ya grandes problemas.
Algunos de esos analistas intentan explicar la extraña paz que reina en la actual España desequilibrada y postrada afirmando que la economía sumergida funciona como refugio en el que muchas familias encuentran sustento, mientras que otros achacan la pasividad del pueblo al buen funcionamiento de la familia, que hace de colchón social y funciona como refugio de los desempleados y pobres, al aturdimiento de la población, producida por el adoctrinamiento político y el bombardeo de propaganda a través de la televisión, o a la cobardía del pueblo, víctima del miedo al poder.
El Gobierno de Rajoy, a juzgar por su comportamiento, parece ser consciente del alto riesgo de revueltas existente y está intentando prevenir los problemas con algunas medidas como la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que prevé multas de hasta 30.000 euros por insultar a un policía, y el gran rearme de las fuerzas policiales, a las que el gobierno mima mas que al Ejército.
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