¿Tiene sentido la televisión pública?

Esta semana se anunció el cierre de Canal 9 por la falta de fondos para mantenerlo. También hemos sabido recientemente que la partida para Radio Televisión Española de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año será de 293 millones de euros, lo que hará que el presupuesto del ente público ascienda hasta los 940 millones de euros debido a otros ingresos con los que cuenta, como las tasas a las televisiones privadas o a las compañías de telecomunicaciones.

Hace cincuenta años era necesaria la televisión pública, puesto que la tecnología necesaria para poner en marcha un canal de televisión en sus orígenes requería una elevadísima inversión de capital que el sector privado no podía asumir. Actualmente existe una gran variedad de operadoras privadas de televisión y, para tener una televisión pública que ofrece una programación igual que la de las televisiones privadas, el Estado se podría ahorrar el alto coste que un medio de comunicación supone.

Para acabar con RTVE o con las televisiones autonómicas públicas, utilizadas como instrumentos de propaganda política en muchos casos, existen tres opciones: privatizarlas, cerrarlas o llevar a cabo una reforma total.

La vía de la privatización es la más rápida y sencilla aunque tiene sus inconvenientes. Uno de ellos es que desaparecerían programas de televisión y de radio que atienden a grandes minorías. Lo más adecuado, y a la vez lo más difícil, sería llevar a cabo una reforma que establezca un marco regulatorio estricto e independencia del gobierno, algo parecido al modelo de la BBC inglesa o a la PBS estadounidense.

No merecemos televisiones y radios con informativos manipulados por el partido político que gobierna mientras crecen las listas de espera en los hospitales y muchos estudiantes tienen que dejar sus estudios porque no pueden pagar la matrícula de la universidad. Entretener a la gente no debe ser una función del estado, y menos aún cuando el Estado tiene que afrontar gastos mucho más importantes, lo que me hace pensar que ya va siendo hora de ir acabando con los medios de comunicación financiados con dinero público.