Cuando empecé a escribir este blog, lo hice con la sana intención de plasmar opiniones y conceptos de Economía, pero también he intentado mantener una posición lo más neutral posible en temas de política, primero, porque hablar de política directamente posiciona en una postura al que escribe, y esta postura, normalmente, será antagónica de otras; segundo, porque creo que es mucho más útil divulgar conceptos que ideas; los conceptos son utilizables a largo plazo, las ideas las veo hoy en día bastante mediatizadas.
Aún así, disculpadme pero hoy me saltaré un poco la norma. Ha salido la noticia de que el recurso del Gobierno en el Constitucional a la norma catalana que garantizaba la luz y el gas a las famílias catalanas pobres durante los meses de invierno ha sido admitido a trámite y, con ello, suspendida la aplicación de la norma recurrida. Es decir, que el hecho de ser pobre y no poder pagar los suministros básicos volverá a significar en Catalunya el corte automático de estos suministros, sea en invierno o no.
No tengo nada que objetar a los argumentos jurídicos de tal decisión del Tribunal Constitucional, un contrato de suministro de servicios básicos no deja de serlo entre dos particulares, la empresa y su cliente. Por ello que, en caso de impago, la compañía no pudiera ejercitar libremente sus derechos contra su cliente moroso, aún no siendo jurista, parece de difícil encaje jurídico.
Ahora bien, en mi opinión, no es políticamente correcto que, precisamente en este momento, se suspenda otra norma catalana, en plena turbulencia política y en una situación como la actual, con un paro del 24% y con tantas famílias sin ingresos. En este sentido, y teniendo en cuenta que la interposición del recurso de incostitucionalidad por parte del Gobierno es voluntaria, esta suspensión y, por ello, que tantas y tantas famílias catalanas pobres deban permanecer a oscuras y pasar frío en invierno opino que es un hecho inoportuno, por la época del año en que se produce, un hecho moralmente injustificable porque perjudica a los más débiles, un hecho reprochable, porque parece desde fuera como si se estuviera analizando con lupa todo lo que se legisla en Catalunya para tumbarlo, aunque no fuera así y, sobre todo, es una insensatez política que sólo añadirá más leña al fuego de la ya castigada Opinión Pública en Catalunya. Hasta aquí mi opinión, he dicho.