Todos a la cárcel

Ruiz-Gallardón se ha amarrado hoy los machos y, armado de valor, ha denegado el indulto a Jaume Matas, Luis Alemany, Enrique Ortega Cano, Julián Muñoz, Luis Gavaldá, Ángel Carromero y Baltasar Garzón.  Sólo el último no tendrá que ingresar en prisión ya que su condena es de inhabilitación como magistrado, profesión que, eso sí, ya no podrá volver a ejercer. No obstante, no dudo de que a Ruiz – Gallardón le hubiera encantado verlo entre rejas aunque su caso fuera similar al de Gómez Liaño, que sí recibió la gracia del indulto de manos de Aznar. 
Jaume Matas fue ministro de Medio Ambiente en el primer gobierno de Aznar y será también el primer ministro del PP en ingresar en prisión por el delito de tráfico de influencias. El segundo, Luis Alemany, era el escribidor de los discursos oficiales de Matas cuando éste era el presidente autonómico de Baleares. Luego los facturaba a través de una empresa tapadera y a renglón seguido los ensalzaba con entusiasmo en el diario EL MUNDO de Pedro J., del que había sido periodista. De Enrique Ortega Cano nada nuevo hay que decir que no hayan dicho ya las revistas del corazón sobre el atropello con unas cuantas copas de más y resultado de muerte del que fue encontrado culpable. Otro tanto cabe señalar de Julián Muñoz, condenado por corrupción en Marbella y paseado también a hombros por los cenáculos rosa del país.
Luis Gavaldá es un político catalán de CiU condenado también por corrupción y Ángel Carromero es el joven cachorro del PP que defendió a capa y espada Esperanza Aguirre después de causar la muerte de dos personas en un accidente de tráfico en Cuba y ser condenado por la justicia cubana. A la lideresa no le debe de haber hecho mucha gracia que su compañero de partido y sin embargo enemigo, Ruiz – Gallardón, no le haya concedido el indulto al menos a su defendido y a Matas. 
Sorprende la decisión de hoy tras los polémicos indultos suscritos por la blanda mano del ministro de Justicia en los últimos tiempos: el kamikaze asesino que defendió su propio hijo, el guardia civil que no impidió una agresión sexual cometida antes sus mismas narices, cuatro torturadores Mossos d’escuadra o el empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, condenado en firme por delito urbanístico. No me atrevería a decir todavía si la sorpresa es agradable y estamos ante un cambio de criterio en la política de indultos del Gobierno o si el de hoy ha sido sólo un gesto – uno más - para la galería electoral por mucho que le duela en el alma enviar a la trena a un compañero de siglas. 
Desde luego, haber indultado hoy a Matas y no a los otros que habían pedido la gracia hubiera constituido un nuevo escándalo político de proporciones mayúsculas, si es que todavía queda lugar en este país para el asombro colectivo. Es cierto que el propio Tribunal Supremo se había pronunciado en contra del indulto del político balear, quien todavía se las tendrá que volver a ver con la Justicia por el “caso Nóos” en el que también está imputado. Sin embargo, el parecer de esa alta instancia judicial no ha sido hasta ahora motivo suficiente para que el ministro deniegue un indulto. 
En cualquier caso es urgente regular y acotar de una vez la discrecionalidad con la que actúan los gobiernos de turno en la concesión de indultos. En la mente de todos está aún el que le concedió uno de los últimos consejos de ministros de Zapatero al consejero delegado del Santander, Alfredo Sanz, condenado por acusación falsa y denuncia falsa. En realidad estamos ante una clara injerencia anacrónica del poder ejecutivo en las funciones del poder judicial, que tiene entre sus cometidos juzgar y ejecutar lo juzgado. Sería por tanto deseable que desapareciera por completo del ordenamiento jurídico, aunque por lo pronto nos conformaríamos con que al menos se ciñera estrictamente a lo que establece la ley y se basara en criterios de justicia, equidad y utilidad pública que el ministro de Justicia debería estar obligado a explicar públicamente cuando opta por esta medida. 
Sin embargo, cuando se emplea de forma opaca en casos que causan alarma social como los de corrupción o se deniega en otros que a todas luces lo merecen como los de los pequeños delincuentes reinsertados, la gracia pierde todo su escaso sentido y se convierte sencillamente en injusticia.