Todos violamos la Constitución

Quien está violando la Constitución no es únicamente Artur Mas y su corte de separatistas cargados de odio a España, sino también el gobierno de Rajoy, que convive con la corrupción, abusa de su poder y elude su deber de cumplir y hacer cumplir la ley, los grandes partidos políticos, convertidos en refugio de ladrones y corruptos, y el resto de los españoles, que, acobardados, nos convertimos en cómplices al permitir que los políticos violen las leyes cuando y como les venga en gana.

Es evidente que el gobierno de España no acata la Constitución, como también lo es que el gobierno de Cataluña está en clara postura de rebeldía. También lo es que unos y otros prevarican porque incumplen la ley y obran en contra de la Carta Magna a sabiendas. Los ciudadanos, cuyo deber en democracia es vigilar a los gobernantes y, si éstos no cumplen las leyes, echarlos del poder, también estamos eludiendo nuestros deberes al permitir que los violadores, ladrones y sátrapas sigan gobernándonos sin pagar factura alguna.

Parece claro que este es un país de violadores de las leyes y de las normas de la democracia.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, acaba de admitir que las leyes en España están diseñadas para castigar a los robagallinas, pero no a los grandes defraudadores y políticos corruptos. Admitir esa diferencia en el trato es admitir que el país oficial, al completo, viola una Constitución que garantiza la igualdad ante la ley.

Otros principios constitucionales como el derecho al trabajo y el derecho a un hogar son sistemáticamente violados en un país que expulsa de sus hogares a los que se retrasan a la hora de pagar sus hipotecas y en el que el Estado se ha convertido en el primer destructor de empleo al provocar el cierre de miles de empresas por sus retrasos en los pagos y su indecente codicia fiscal, imponiendo impuestos injustos e insoportables a los emprendedores.

La violación de las reglas básicas de la democracia, por últimos, también es un ataque frontal contra la Constitución y los derechos fundamentales. Aquellos partidos y políticos que se autoproclaman demócratas ante los ciudadanos tienen el deber de respetar una democracia a la que en realidad desprecian y humillan al nombrar jueces, al aplicar la ley de manera arbitraria, al sojuzgar y ocupar una sociedad civil que necesita ser libre para servir de contrapeso al poder, al comprar voluntades, al maniatar a periodistas y medios de comunicación, a los que se les impide cumplir con el deber de informar con veracidad y fiscalizar a los poderes, y un largo etcétera de carencias, violaciones, arbitrariedades y abusos entre los que destacan la permisividad ante el saqueo de los fondos públicos, la mentira institucionalizada y la manipulación burda del ciudadano.