Pymes y autónomos tienen algo en común: los obstáculos a la hora de trabajar con la Administración. Una de las barreras más importantes son las garantías provisionales. Estas garantías consisten en un dinero que las pymes o los autónomos deben adelantar para poder presentarse a un concurso público.
La segunda barrera son las garantías definitivas que, como las anteriores, consisten en una cantidad de dinero que se ha de poner cuando la empresa ya ha sido seleccionada por las AA.PP. para prestar un determinado servicio.
Como soluciones financieras a estas 2 barreras podemos contar con los avales técnicos o seguros de caución. Estos avales permiten a las empresas presentar las anteriores garantías y además, se adecuan a los requerimientos legales existentes. Los avales destinados a cubrir las garantías provisionales son devueltos a los licitadores después de la adjudicación del contrato. Los avales para las garantías definitivas, por el contrario, se devuelven tras el vencimiento del plazo de garantía y tras haber cumplido satisfactoriamente los trabajos y/o servicios estipulados en el contrato.
La tercera barrera es la morosidad que existe en la administración. Concretamente nos referimos al problema de que las empresas no suelen cobrar los trabajos llevados a cabo de las administraciones públicas en los plazos marcados por la ley. De media esos plazos se superan en más de 30 días.
Para evitar esta situación las empresas también pueden asegurar sus cobros con un aval para garantías de retenciones o para anticipos de certificaciones de obra. El licitador entonces puede anticipar el cobro de estas certificaciones, sin importar la fecha de vencimiento o de pago.
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