Transición española: El gobierno de Arias Navarro: el fracaso del continuismo

El gobierno de Arias: el fracaso del continuismo

En noviembre de 1975 murió Franco pero no él franquismo, la imagen más ilustrativa del franquismo era la permanencia de Carlos Arias Navarro en la presidencia del primer gobierno de la monarquía, y no fue menos el nombramiento de Torcuato Fernández-Miranda como presidente de las Cortes, el cual no se caracterizaba por su espíritu reformista, apostaba por la inflexibilidad frente a la subversión y aunque no tenía muchos apoyos entre los dirigentes franquistas, depositó sus esperanzas en él monarca,

Juan Carlos de Borbón, que confiaba en él como estratega. Miranda era muy consciente de que a la monarquía le resultaba imprescindible en ese momento "barrer el búnquer e integrar a la izquierda"; además había convencido al rey de que era posible hacerlo por procedimientos legales. Fue uno de tantos protagonistas de la transición que, siendo muy importante en un determinado momento, fue marginado luego por los acontecimientos.

Arias Navarro, sin embargo, desde el momento inicial, proporcionó al Rey los primeros y algunos de los más graves quebraderos de cabeza por los que pasó en estos momentos. Unos días antes de la muerte de Franco, Arias había dimitido creando una situación muy grave que no se solucionó hasta que revocó su decisión. Luego, en un momento en que ya había sido proclamada la monarquía, quiso eludir su obligación de poner su cargo a disposición del Rey después de la coronación, en la idea de que su nombramiento había sido hecho por Franco y duraba 5 años.

Al margen de las actitudes personales, había algo más importante, una sustancial distancia en los propósitos políticos. Arias siguió al frente del Consejo de Ministros en un momento en que su oportunidad histórica había desaparecido hacía tiempo. Posiblemente quería reformar el régimen, pero permaneció atormentado por las dudas entre sus fidelidades y su ignorancia real de cómo hacer ese cambio. Aunque Franco hubiera muerto hacía tan solo un mes, lo cierto es que en términos políticos había transcurrido mucho más tiempo. A estas alturas era impensable una resurrección del "espíritu del 12 de febrero" que, sin embargo, era la única posible referencia máxima del nuevo presidente (es decir, una reforma del régimen cosmética o, a lo sumo, no sustancial). Todos los cambios que deseaba partían de la premisa de salvar la sustancia del régimen anterior. Como parte de sus ministros y de la propia clase política del régimen ya iban por otro lado, la reacción de Arias era la perplejidad; por eso paralizaba las medidas de los demás sin proponer otras propias. No concebía siquiera la posibilidad de entrevistarse con la oposición más moderada porque Franco no lo hubiera hecho, le ocultaba sus propios discursos al Rey y veía a la sociedad española como el objeto pasivo de sus medidas, como si fuera a aceptar lo que él decidiera por ella. La reforma propuesta por el gobierno que presidía fue diseñada en realidad por Fraga y él ni siquiera parece haber estado interesado apasionadamente por ella.

Un rasgo de Arias que apareció inmediatamente fue su carencia de altura para una coyuntura tan difícil como esta. Su experiencia política se limitaba a los servicios de seguridad y a una camarilla de personas con valores mínimos; como ignoraba lo demás, lo habitual en él era el recelo con respecto a sus propios ministros. Sus juicios eran muy a menudo los de un integrista, convertido en anticlerical por el alejamiento de la Iglesia de las estructuras del régimen.

El programa de Arias Navarro tenía 4 premisas, lealtad a la monarquía, unidad nacional, anticomunismo y garantía de orden público, un programa que conectaba con los principios fundamentales del franquismo. Si Arias que no tenía un gran relieve político era presidente del Gobierno, fue gracias a los dirigentes del círculo franquista y para mantener el Movimiento. Arias se convirtió en el albacea de Franco, según algunos de sus ministros, actuaba como si no fuera consciente de cuál era la realidad social española o que la quería ignorar. Arias fue él presidente, pero no se podía decir que fuera su gobierno, ya que el Consejo de Ministros no fue un equipo unificado en su misma dirección, los miembros del gabinete tenían sus propias ideas sobre lo que se debía reformar y cómo hacerlo y algunos se consideraban como los más adecuados para conducir los cambios.

Entre los miembros del gabinete había personajes con una larga trayectoria como José Solís que fue delegado nacional de sindicatos y ministro secretario General del Movimiento, cargo que pasaría a manos de Adolfo Suárez apoyado por Torcuato Fernández-Miranda. Por otro lado Martín Villa fue nombrado ministro de Relaciones Sindicales. Ambos eran jóvenes y con gran capacidad de adaptación. También aparecían caras nuevas como Alfonso Osorio vinculado al grupo Tácito (jóvenes católicos con posiciones reformistas), Antonio Garrigues diplomático durante el franquismo y José María de Areilza ministro de Asuntos Exteriores que representaban la cara amable de un Gobierno contrario a la ruptura, pero que consideraba que la reforma era necesaria para asentar la monarquía.

Pero él peso pesado del Gobierno era Manuel Fraga que fue una de las imposiciones de Juan Carlos, Fraga se había dotado de una imagen reformista y europeísta que aspiraba a la presidencia del Gobierno, cuidó su relación con los americanos y con los mandos del ejército. En cualquier caso, aspiraba a influir de forma determinante en las grandes decisiones políticas desde su Vicepresidencia para los Asuntos Políticos y desde él Ministerio de la Gobernación. Fue el principal redactor de la declaración gubernamental del 15 de diciembre, en la que aparecían expresiones como democracia española, perfeccionamientos y reformas que ampliasen las libertades y los derechos de los ciudadanos...

El programa de reforma política pudo haber sido encauzado a través de una Comisión Real al margen de los organismos institucionales del régimen, tal como propuso Pío Cabanillas, pero finalmente lo fue en una Comisión mixta entre el Gobierno y el Consejo Nacional, sugerida por Suárez. Sin duda este pensó en que de esta manera la reforma se haría desde el seno mismo del régimen y logrando un acuerdo interno en cuanto a los procedimientos, pero, de momento, la fórmula no hizo sino acumular obstáculos a un propósito transformador que se quedaba en declaraciones confusas en vez de traducirse en hechos concretos. A veces ni siquiera en eso: Arias Navarro no tuvo empacho en declarar ante el Consejo Nacional que su propósito era continuista del franquismo y que, en tanto que él siguiera en el poder, ese sería el proyecto del Gobierno.

Las reuniones de la Comisión consistieron tan solo en una sucesión de torneos oratorios entre Fernández-Miranda y Fraga, ambos catedráticos de Derecho Político. Quedó claro que el Movimiento deseaba perdurar bajo la presidencia del Rey y disponiendo de un secretario general que lo fuera al mismo tiempo del Gobierno; entre sus propósitos estaba también el mantener una cierta representación orgánica y la presencia inmutable de los consejeros nacionales nombrados por Franco en una eventual segunda cámara. La esencial significación de la Comisión mixta fue esa precisamente: detener cualquier tipo de reforma rápida.

El proyecto del Gobierno Arias se redujo a poco menos que nada, aunque se dieron algunos pasos adelante cuya utilidad se descubriría con el transcurso del tiempo. Las Cortes franquistas fueron prorrogadas porque se pretendía que las próximas fueran elegidas ya por mecanismos de sufragio mucho más amplio. Fueron derogados, además, los 15 artículos de la ley antiterrorista cuyo contenido discrepaba más abiertamente con la legislación de los países democráticos. A fines de mayo Fraga Iribarne presentó en las Cortes una nueva ley de reunión y manifestación que fue aprobada con tan sólo 4 votos en contra.

La falta de rapidez y de propósitos claros por parte del gobierno tuvo como consecuencia que arreciara la oposición contra cualquier tipo de cambio por parte del sector inmovilista. Así sucedió en cuanto se planteó la cuestión espinosa por excelencia en la época del franquismo final, es decir, el asociacionismo político. La presentación del proyecto ante las Cortes no fue ya obra de Fraga, de cuyo protagonismo desconfiaba Arias, sino que, después de ser encargado de ello Osorio, pasó a ser, finalmente, responsabilidad de Adolfo Suárez, oportunidad que este no desperdició y que le hizo despuntar por vez primera entre sus compañeros de gabinete. El proyecto fue presentado por él como "una respuesta actual" basada en principios de realismo y sinceridad: si España era plural, las Cortes "no se pueden permitir el lujo de ignorarlo".

A estas alturas, Suárez, que a diferencia de sus compañeros de Gobierno disponía de todo el tiempo para dedicarse exclusivamente a la política, había demostrado tener un capital político inesperado y la capacidad de controlar el Movimiento, lo que contribuye a explicar que fuera el encargado de explicar el proyecto ante las Cortes franquistas y su posterior presidencia.

Las dificultades para una reforma eran ya crecientes en el seno de la clase política del régimen, como se demuestra por el resultado de la votación del proyecto, pues si 338 procuradores votaron a favor, el número de los abstenidos, ausentes o contrarios fue tan solo un centenar menos. Por otro lado, la reforma del Código Penal se encontró con muy graves dificultades, que arreciaron por la noticia del asesinato por ETA de un jefe local del Movimiento en el País Vasco. La mayoría de los procuradores en Cortes quería cerrar el paso a cualquier posibilidad de legalización del PCE introduciendo un texto que vedaba a las organizaciones políticas sometidas a disciplina internacional y que pretendieran la implantación de un régimen totalitario. Se optó por una fórmula ambigua que hubiera permitido un partido fascista pero no comunista.

Definitivamente se hizo patente el peligro que corría la transformación política hacia la democracia, convertida ya en la esperanza de la mayoría de los españoles, con motivo de la presentación del proyecto de reforma de la ley de Cortes y la de Sucesión en el Consejo Nacional. El proyecto del Gobierno seguía las líneas diseñadas por Fraga y suponía la existencia de 2 cámaras: una de ellas elegida por sufragio universal mientras que la otra sería de carácter orgánico. El Consejo Nacional del Movimiento informó de modo negativo la disposición propuesta; lo hizo en una sesión en que demostró estar sumido en la perplejidad. De esta manera se demostró que si por un lado en el gobierno había indecisión y titubeos respecto al rumbo a seguir, por otro una parte de la clase política del régimen no estaba dispuesta a dejarse arrebatar el monopolio del poder que hasta ahora había tenido. A la confusión generada por esta división se debe sumar el hecho de que Fraga declarara ahora a la prensa norteamericana que un día el PCE sería legalizado.

En enero de 1976, se produjo en la opinión pública la primera decepción profunda, que resultaría ya irreversible, respecto de Arias como presidente. Su discurso ante las Cortes consistió apenas en unas cuantas concesiones verbales inconcretas -un legislativo con 2 cámaras pero atribuciones imprecisas, reforma del asociacionismo y del derecho de manifestación...-, pero demostró ante todo su incapacidad de trascender las pautas ideológicas del franquismo.

De cuanto se ha señalado se deduce que a la altura del verano de 1976 la ruptura era imposible, y la ruptura pactada lo parecía todavía más; incluso la reforma, de la que todo el mundo hablaba, resultaba casi irrealizable si seguía en manos de un presidente como Arias Navarro. Para completar el panorama hay todavía que mencionar otros 2 aspectos de la situación que permiten explicar el posterior desarrollo de los acontecimientos: la mejora en la imagen pública del Rey y el descenso de las posibilidades de los reformistas de la generación de más años.

Areilza, que nunca había tenido apoyo en el régimen, no había sacado nada positivo de su permanencia en el gabinete en términos políticos personales y lo mismo cabe decir de Garrigues. El caso de Fraga era otro tema. Tenía un propósito reformista, aunque mucho más limitado que aquel que se produjo en efecto. Lo peor para él fue que su carácter y el hecho de ocuparse de los problemas de orden público habían desbaratado gran parte de los apoyos que pudiera haber tenido al comienzo entre los elemento reformistas del régimen. Los raptos de cólera de éste le incapacitaban para mantener contactos con la oposición, por mucho que, gracias a su inteligencia, se diera cuenta de que eran necesarios. En los incidentes de orden público no veía más que intentos de "volcar el barco" ante los que había que actuar con decisión y autoritarismo. Su carácter, que no era el más propicio para una operación tan delicada como una transición política, resultó, además, enormemente autodestructivo.

Para la comprensión del desenlace del Gobierno Arias hay que tener en cuenta que las relaciones entre el monarca y el presidente, invariablemente malas, se habían ido deteriorando más y más. La consecuencia que Arias cada día estaba más aislado y conectaba menos con los propósitos del monarca. Difícilmente éste podía aceptar que en la Comisión mixta el presidente dijera estar dispuesto a continuar el franquismo o prefiriera "asociaciones o tendencias" en vez de partidos. Ya en abril su relación con el Rey había pasado por un ápice de confrontación en que Fernández-Miranda sirvió de calmante. Todavía debió tener más razones Arias para sentirse aislado e indignado cuando conoció las declaraciones del Rey a un periodista norteamericano. Para don Juan Carlos I su presidente era nada menos que un "desastre sin paliativos" y decía que estaba polarizando a los españoles y ello sólo podía tener como consecuencia dificultar la transición.

Sin embargo, el monarca todavía esperó unas semanas. Arias Navarro no ofreció verdadera resistencia al deseo del monarca; estaba harto de soportar tensiones y no debía sentirse la persona oportuna para el puesto ocupado. De su abandono de la presidencia se dio la versión oficial de que se había producido a petición propia, oído el Consejo del Reino y previa aceptación regia pero fue exactamente al revés.

El reformismo de Arias Navarro no solo se había demostrado imposible en este momento, sino que en realidad lo había sido desde sus mismos inicios. Sin embargo, tanto los historiadores como los mismos protagonistas de la vida política del momento coinciden en señalar que el período Arias tuvo un papel importante en el proceso de transición democrática. Los 7 meses de Arias al frente del Gobierno en 1976 desempeñaron también un papel importante. Desde el punto de vista histórico, lo más relevante de esta etapa fue, sin duda, que deterioró de modo definitivo las posibilidades de pervivencia del franquismo y, en definitiva, contribuyó a que una reforma a fondo se presentara como inevitable incluso para la mayor parte de la clase política del régimen precedente. Más importante resultó todavía él cambio experimentado en el propio seno de la sociedad española.

Fue durante estos meses cuando se hizo abrumadoramente patente la necesidad de una reforma política que no fuera meramente cosmética. El desprestigio de las viejas instituciones políticas creció de modo exponencial, mientras que la opinión pública iniciaba la senda de una incipiente politización y comenzaba lentamente a alinearse con posturas semejantes a las de los países de la Europa occidental. En la tarea propiamente reformista el semestre Arias no solo no supuso un avance importante sino que probablemente arrancó de premisas equivocadas -por ejemplo, la de que la reforma se podía hacer partiendo de las propias estructuras políticas del régimen sin negociar con la oposición y sin consulta popular previa- y habría concluido en alguna forma de democracia incompleta que, a medio plazo, hubiera supuesto un mayor grado de conflictividad política y social.

En cuanto a la sustitución en la Presidencia de Arias Navarro, se daban ya las circunstancias más favorables para que el monarca pudiera influir en el Consejo del Reino y conseguir que fuera promovido su propio candidato. En ese momento se demostró hasta qué punto resultaba fundamental el control de esta institución, hasta entonces irrelevante. El procedimiento seguido por Fernández-Miranda, que lo presidía, tendió a facilitar la selección de un candidato adecuado. La terna entre la cual el Rey tenía que elegir el presidente (Silva Muñoz, López Bravo y Adolfo Suárez) se formó mediante agrupación en las diferentes familias del régimen franquista y un posterior proceso de eliminaciones sucesivas. De esta manera quedó posibilitada la candidatura de una persona no muy conflictiva y sin enemigos como era el Adolfo Suárez de la época. En el verano de 1976 el papel principal le debía corresponder a quien como Suarez y según dijo Calvo Sotelo, era "un hombre nuevo, pero no del todo, joven pero no mucho, falangista pero no en exceso, monárquico pero no de forma exclusiva" .

Aunque sorprendido e indignado por el resultado de la crisis, Fraga acabó por aceptarlo. Más perplejo e indignado estaba Areilza. Uno y otro trataron de manifestar ante el Rey su oposición ante el desenlace de la crisis.

Aparte de Suárez, quienes tuvieron más posibilidades de llevar a cabo la operación reformista en profundidad fueron los políticos más jóvenes del gobierno saliente como Osorio o Calvo Sotelo. La nueva generación reformista carecía de los adversarios personales que habían ido adquiriendo los grandes patriarcas de la política del régimen, disponía de suficiente experiencia e influencia en el seno del Estado franquista y, al mismo tiempo, conectaba con mayor facilidad con el conjunto de los cambios producidos en el seno de la sociedad española en los últimos tiempos.

Pero eso, de momento, no fue entendido por los medios de comunicación ni por la opinión pública. Para todos los observadores políticos lo sucedido constituyó una enorme sorpresa, en especial teniendo en cuenta que el elegido había sido un hombre procedente de aquel sector (el Movimiento) que parecía en principio la familia del régimen menos propicia para llevar a cabo la labor reformadora. Las críticas que se hicieron entonces a la solución adoptada fueron durísimas.

Don Juan Carlos fue muy consciente de la sorpresa que causó su decisión, pero también estuvo convencido de su oportunidad; esperaba que la situación cambiara pronto y de modo decisivo. En cuanto a los reformistas de la vieja generación, la interpretación más correcta de lo sucedido es la que ofrece Antonio Garrigues en sus Memorias. Cometieron un error -no colaborar con Suárez- en parte por desconocer sus propósitos -y también el grado de determinación del Monarca-. En realidad, todo resultó más claro a partir de ese instante, aunque, por el momento, las claves de lo sucedido sólo las tuvieran unos pocos. La etapa de Gobierno de Arias constituyó la fase final del franquismo; a pesar de las apariencias, lo que en ella se había decidido era la inviabilidad de la ruptura. Ahora se planteaba la posibilidad de una reforma y hasta dónde podía llegar.

Gobierno de Arias Navarro - Primer Gobierno de Juan Carlos I

El 12 de diciembre de 1975 entra en funciones el primer Gobierno del Rey. Arias forma

Carlos Arias Navarro, presidente de Gobierno.

Teniente general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil , vicepresidente para la Defensa y ministro sin Cartera.

Manuel Fraga Iribarne, vicepresidente para el Interior y ministro de la Gobernación.

Juan Miguel Villar Mir, vicepresidente para Asuntos Económicos y ministro de Hacienda.

Alfonso Osorio García, ministro secretario de la Presidencia.

José María de Areilza , ministro de Asuntos Exteriores.

Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate, ministro de Justicia.

Teniente general Félix Álvarez Arenas , ministro del Ejército.

Teniente general Carlos Franco Iribarnegaray, ministro del Aire.

Almirante Gabriel Pita da Veiga, ministro de Marina.

Carlos Robles Piquer, ministro de Educación y Ciencia.

Alfonso Martín Gamero, ministro de Información y Turismo.

Carlos Pérez de Bricio, ministro de Industria.

Leopoldo Calvo Sotelo, ministro de Comercio.

Virgilio Oñate Gil, ministro de Agricultura.

José Solís Ruiz, ministro de Trabajo.

Rodolfo Martín Villa , ministro de Relaciones Sindicales.

Francisco Lozano Vicente, ministro de Vivienda.

Antonio Valdés González Roldán, ministro de Obras Públicas.

Adolfo Suárez González, ministro secretario general del Movimiento.

basado en los libros de:
Carme Molinero y Pere Ysás y Javier Tussel

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