Transparencia ma non troppo

El Diccionario define la transparencia como la cualidad de los cuerpos para dejar pasar la luz. Si nos fijamos en los datos que hoy ha presentado el Comisionado de Transparencia de la Comunidad Autónoma, la conclusión es que lo que transparenta el cuerpo de las administraciones públicas canarias apenas llega a la categoría de débil pabilo. No es para estar muy contentos que apenas dos de cada diez de esas administraciones aprueben los requisitos de la Ley Canaria de Transparencia,  que tampoco es que sea el no va más de las exigencias. Los aprobados – Gobierno de Canarias, tres cabildos y unos pocos ayuntamientos – sacan en todos los casos notas manifiestamente mejorables. Entre los suspendidos hay de todo, desde quienes apenas cumplen algunos de los requisitos de la ley hasta quienes ni siquiera cuentan con portal de transparencia.
Claro que ese portal tampoco es la panacea para que los ciudadanos conozcan cómo y dónde se gasta el dinero público y cuáles son los ingresos y patrimonios de sus representantes y gobernantes. Abrir una página web vinculada a un sitio oficial del ayuntamiento o el cabildo de turno y saturarla de documentos sin orden ni concierto tiene más bien el efecto de disuadir la curiosidad y el derecho a saber de los ciudadanos que de satisfacerlo. La sobreabundancia de información no equivale a buena información o a información de interés, sino a maraña inextricable para moverse por la cual hay que disponer de conocimientos, horas y paciencia que la inmensa mayoría de los ciudadanos no tienen.

“La sobreabundancia de información no es sinónimo de buena información”

Sin embargo, ser o no ser transparente ya no es una opción para las administraciones públicas, las empresas que de ellas dependen y las instituciones del sistema democrático. La transparencia en el empleo de los recursos públicos es una obligación nacida al calor del debate sobre la opacidad con la que tradicionalmente se han venido desempeñando los políticos. Los contratos y adjudicaciones de servicios al sector privado o las retribuciones de gobernantes y legisladores deben ser del dominio público en tanto es del bolsillo público de donde sale el dinero para pagarlos. De ahí que la obligación de transparencia se haya convertido en un instrumento imprescindible para el control y la fiscalización por parte de los ciudadanos sobre sus gobernantes y representantes.
En cierto modo, esa labor de fiscalización, que en un sistema democrático menos escorado a favor del poder ejecutivo debería realizar el parlamento, devuelve a los ciudadanos una parte al menos de la soberanía que han ido perdiendo a medida que su capacidad de decisión ha quedado apenas limitada a votar cada cuatro años. El politólogo francés Pierre Rosanvallon considera que la transparencia es un síntoma de buen gobierno y subraya un hecho capital: mientras que el control del voto dura lo que dura una jornada electoral el control que ejercen los ciudadanos a través de la transparencia exigible a los representantes públicos es permanente.

“La transparencia devuelve a los ciudadanos parte de la soberanía perdida”

Podría decirse que la obligación de transparencia cambia por completo la relación entre representante y representado o entre gobernante y gobernado y lo hace a favor del segundo y en detrimento de primero. Seguramente por eso hay tanto político reacio a transparentarse y tanta institución y administración pública resistente a arrojar toda la luz que sea posible sobre el uso del dinero público. El reto está precisamente en que los ciudadanos hagan de la transparencia una obligación legal exigible a sus representantes y gobernantes quienes, en no pocas ocasiones, utilizan ese término con fines meramente propagandísticos y vacío de todo contenido real. Sin embargo, según los datos conocidos hoy, las visitas de los ciudadanos canarios al portal de transparencia de la comunidad autónoma apenas alcanzaron el 1% el año pasado y las solicitudes de información no llegaron a 200. Demasiado poco interés para tanta opacidad como aún sigue reinando en las administraciones públicas.