Transporte urbano de Córdoba: Los trabajadores le ponen freno a Mestre

La política para el transporte público del gobierno de Mestre no es otra cosa que un ajuste en regla -tanto para sus trabajadores como para los usuarios- con el fin de aumentar la rentabilidad de las empresas privadas que ya explotan los servicios y generar nuevos negocios a través de la privatización de la empresa estatal Tamse.
Sin embargo, el intendente capitalino hasta ahora sólo ha podido trazar la primera parte de este ajuste al aumentar la tarifa, de un solo saque, en un 28%. A pesar de contar con la complicidad plena de la conducción de UTA y los cuerpos de delegados para llevar adelante esta tarea, en sólo 100 días de gestión ya cuenta con media decena de rebeliones.
Los trabajadores de Tamse realizaron varias asambleas, paros y movilizaciones, organizados desde las bases, para enfrentar el acelerado vaciamiento de la empresa, que llegó al límite de dejar un 25% de los coches fuera de servicio y un número aún mayor circulando en condiciones de alta precariedad e inseguridad. A esto se suma que se ha puesto en marcha el plan de 400 despidos, el que fue anunciado por el secretario de Transporte, a través del sistema de despidos hormigas (apretando principalmente a los compañeros que están con carpeta médica). También se dejó en la calle a medio centenar de compañeros que trabajaban en la limpieza, bajo la figura de cooperativa, quienes respondieron con el bloqueo de la principal cabecera de línea de Tamse y con un piquete en la principal esquina del centro cordobés por más de seis horas.
En la empresa privada Ciudad de Córdoba, la rebelión es aún mayor. Por la falta de inversión de la empresa, un grupo de jóvenes trabajadores paralizó por tres horas la salida de coches de la punta de línea central, a pesar de que el cuerpo de delegados (elegido hacía una semana) y la conducción salieron a atacar la medida, mientras la patronal los amenazó con despidos.
Como si esto fuera poco, el escenario se completa con un repudio total a la propuesta de aumento salarial del 18% para todo el año.
A pesar de los compromisos orales o por escrito obtenidos, las patronales siguen con la ofensiva. El proceso de reacción de los trabajadores contra el ajuste va madurando la consigna de la asamblea general, como así también su programa: mejora de las condiciones laborales, defensa de los puestos de trabajo y un salario que enfrente la inflación. El debate sobre una movilización a la puerta del gremio para imponer este programa ya resuena entre el activismo. La asamblea general del gremio por la imposición de los trabajadores a la directiva es el mejor escenario para poder imponerle a la patronal – municipal o privada- la defensa de los intereses de los trabajadores sobre cualquier negocio capitalista. El triunfo de los primeros sobre los segundos es el puntapié para reordenar el transporte sobre nuevas bases sociales.
Alejandro Roqueiro