Tras la abdicación del rey Juan Carlos, toda España se manifiesta hoy, exigiendo un REFERENDUM sobre el Modelo de Estado

(Crónica solicitada
y enviada al diario
"NUEVO DIA"
de Falcón (Venezuela)
para la sección
"DESDE EL OTRO LADO DEL OCÉANO"
donde desinteresadamante
tenemos el gusto de colaborar
aunque nos llamen "Chavistas").
No han sido los partidos de la izquierda española, ni los republicanos, quienes han marcado las “movilizaciones pro referéndum en España” para que sea su ciudadanía la que decida la forma de estado por la que quiere que se rija su convivencia futura.
Ha sido el propio rey español el que -con su abdicación- ha marcado la agenda activista.
Aunque también ha ayudado el intento del bipartidismo español -PP y PSOE- de blindar un régimen que dejara atado y bien atado el dictador Francisco Franco, mediante la firma de una ley que regulara la sucesión del rey Juan Carlos en su heredero el príncipe Felipe -que reinará como Felipe VI-, si el pueblo no se subleva para elegir entre Monarquía o República.
Ante la exigencia de los poderes políticos que gobiernan España, de imponer un Jefe de Estado perteneciente a la monarquía, una gran parte de la ciudadanía, está exigiendo su derecho a decidir.  Es por ello que por toda la piel de toro se están desarrollando concentraciones y manifestaciones -como las convocadas el 7 de junio a las 7 de la tarde- para solicitar la realización de un referéndum que permita al conjunto de la ciudadanía elegir a su Jefe de Estado (un derecho que a día de hoy no existe) y, por ende, el modelo de Estado que queremos: si monarquía o república.
Según el nuevo partido español que ha irrumpido devolviendo la ilusión perdida a una parte importante del electorado, “Podemos”, son los llamados "partidos de la casta", los que sacan adelante en el Congreso una ley orgánica de abdicación, que no se han preocupado en hacerla en 39 años de “juancarlismo” y que ahora, viendo que el bipartidismo español empezaba a caer en picado, tras las elecciones europeas del 25 de mayo, deciden negarle el derecho a decidir a la ciudadanía impidiendo un referéndum que según el art. 92 de la Constitución española es perfectamente legal convocarlo “para cuestiones de especial trascendencia”.
Y es que al conjunto de la sociedad se le está negando el derecho a decidir sobre su país y una gran parte de dicha sociedad, entre la que se encuentra este infrascrito, entendemos que “no hay mayor legitimidad que la voz del pueblo”. Por eso no vamos a permitir que se tomen decisiones unilaterales por parte de los grandes “lobbys” –políticos y económicos- que han secuestrado nuestra frágil DEMOCRACIA.
Independientemente de la asombrosa lista de fiascos y polémicas en las que ha incurrido la monarquía española (posible imputación de la infanta, el escándalo de corrupción de su esposo Urdangarín, los líos reales en torno a la posible amante Corina o sus cacerías de elefantes) que desembocaron en una grave crisis institucional, que en nada beneficiaba a la “marca España” y del consiguiente desmoronamiento paulatino del apoyo ciudadano a la Corona, había que aprovechar este trascendente momento de cambio para exigir la apertura inmediata de un nuevo proceso constituyente que partiendo del citado referéndum acerca del futuro de nuestra democracia y de la monarquía nos llevara a elaborar una nueva Constitución hecha por el pueblo, en quien se supone que reside la soberanía y el poder.
En definitiva una buena lección de recuperación de la soberanía popular la que demostramos hoy en cientos de capitales españolas exigiendo democracia y, sobre todo, manifestando que el príncipe heredero al trono NO ES LEGÍTIMO, porque el pueblo no lo ha elegido, sino que le ha sido IMPUESTO a través de una transición que, si en la dictadura podría haber tenido una difícil pero comprensible justificación, jamás en la actualidad puede ser de recibo.