Trece Ayuntamientos alzan la voz por la hospitalidad con los sin papeles

Crece la presión para que el Gobierno cambie el artículo del anteproyecto de reforma del Código Penal que criminaliza la ayuda al inmigrante irregular.

Cuando la solidaridad no es ocasional

Crece la presión sobre el Ministerio de Justicia. Un movimiento contra la criminalización de la ayuda a los inmigrantes recorre los ayuntamientos de España y ya hay una comunidad autónoma, Aragón, que ha manifestado su rechazo ante cualquier medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas que vienen de otros países. Consistorios como Sevilla, Málaga, Barakaldo o Vila-real solicitan al Gobierno que cambie la redacción de un artículo del nuevo Código Penal contra el que se han posicionado más de 30 ONG, entre las que se encuentra SOS Racismo, Médicos del Mundo y Pueblos Unidos.La plataforma Salvemos la Hospitalidad, que agrupa a estas ONG, denuncia que el nuevo artículo 318 bis del anteproyecto de reforma del Código Penal iguala conductas como el tráfico de seres humanos con prácticas humanitarias y de solidaridad. También denuncian que la reforma criminaliza a aquellos que alquilen una habitación a una persona sin papeles o a quienes les sirvan un menú. “Esta propuesta es una barbaridad”, sostiene José María Tomás y Tío, juez de 62 años y presidente de la Audiencia Provincial de Valencia. “Es una violación flagrante del artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos”.El texto del anteproyecto, dice: “El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año”.Higinio Pi, sacerdote jesuita de 49 años que lleva tres al frente de un piso que acoge inmigrantes, lo tiene claro: “No se puede penalizar la atención humanitaria a una persona que sea vulnerable”. Pi es uno de los impulsores del movimiento que ha conducido a la movilización de ayuntamientos por todo el territorio.“No se puede penalizar la ayuda humanitaria”, dice el cura Higinio PiTodo empezó el 23 de noviembre 2012, cuando se dio a conocer el anteproyecto. El artículo inicialmente redactado decía: “El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”. Esa indefinición, que dejaba al fiscal la posibilidad de pedir condena por ayudar, movilizó a un grupo de personas que se dedican a acoger a personas sin papeles. El primer paso fue poner en marcha una campaña en la plataforma change.org, donde llevan recogidas cerca de 60.000 firmas de apoyo. El segundo fue lanzar una campaña a nivel institucional, para invitar a Ayuntamientos y comunidades autónomas a sumarse a la denuncia del nuevo artículo.La ciudad que dio el pistoletazo de salida fue Málaga, donde, a instancias de la ONG Málaga Acoge, el ayuntamiento firmó el 22 de enero la primera moción, refrendada por el Partido Popular, el PSOE e Izquierda Unida. El 19 de abril, el pleno de las Cortes de Aragón hacía lo propio. El último ayuntamiento en sumarse, según la web de Salvemos la Hospitalidad, ha sido el de Totana, que lo hizo el pasado 25 de abril.En una reunión con el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, tres de los impulsores de esta movilización señalaron que la redacción del anteproyecto contenía elementos preocupantes. De hecho, la redacción del anteproyecto, que actualmente se encuentra pendiente del dictamen del Consejo de Estado, ya ha sido modificada, según confirman fuentes oficiales del diario El País.El párrafo que dejaba la puerta abierta a que se pueda perseguir penalmente a quienes ayudaran por motivos humanitarios ha sido sustituido por este nuevo texto. “Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar, de forma ocasional, ayuda humanitaria a la persona de que se trate”.Las ONG exigen que la solidaridad no sea condenable ni de forma ocasional ni continuadaJulián Ríos, profesor de Derecho Penal, y uno de los impulsores de la plataforma, se hace la siguiente pregunta, a la vista de la nueva redacción del anteproyecto. “¿Y qué pasa con quien hace del compromiso con las personas más débiles y vulnerables su opción de vida?”. Ríos considera fundamental suprimir la frase “de forma ocasional” de esta nueva redacción. El juez José María Tomás y Tío suscribe estas palabras: “Esa indefinición da pie a la arbitrariedad. Y luego la gente se quejará con determinadas sentencias de los jueces”.Los impulsores de la plataforma critican asimismo que la ley castigue al que intencionadamente ayude al inmigrante sin papeles, con ánimo de lucro. El juez Tomás y Tío, alerta: “Tendrán que ponerse en guardia los comerciantes, posaderos, hoteleros, conductores de autobús, médicos, curas, organizaciones no gubernamentales, incluidas algunas administraciones públicas y sus servicios sociales”, señala. El profesor Ríos sostiene que es preciso introducir el concepto de “abuso de la situación de vulnerabilidad”, lo que permitiría distinguir lo que haría un taxista de la conducta de alguien que alquila habitaciones clandestinas en su sótano para hacer negocio. “Sería el único elemento que nos permitiría evitar que una norma que dice proteger a las personas que se encuentran en esta situación no se vuelva contra ellas”, considera Ríos.Llevar en coche a un inmigrante por España no va a ser delito, señalan fuentes del Ministerio de Justicia. Ni hospedarle o llevarle en taxi, añaden. Ninguna actuación por mera motivación humanitaria tendrá sanción penal, afirman. Desde el ministerio se enfatiza que la nueva redacción responde a la obligatoriedad de trasponer la directiva comunitaria 2002/90/CE y se destaca que lo que se ha producido es una reducción de penas. Con la anterior redacción se sancionaba cualquier acto que favoreciera la “inmigración clandestina”, lo cual era mucho más grave. Podían caerle cuatro años a quien ofreciera un matrimonio falso de conveniencia para obtener papeles o a quien, por humanidad, hiciera un contrato falso a la prima de su empleada doméstica y le adelantaba el dinero para el vuelo a España.Mikel Araguás, secretario general de la ONG Andalucía Acoge, resume su punto de vista: “El problema es que el anteproyecto señala al inmigrante irregular como causante de delitos”.