El Tribunal de Cuentas es uno de esos extraños organismos públicos de los que está dotada nuestra peculiar democracia. Decimos esto porque sus competencias y actuación son un tanto incomprensibles, al menos para el ciudadano corriente. Supuestamente, entre sus aparentes funciones está la de vigilar la contabilidad de los partidos políticos; ahora bien, desde nuestro modesto modo de entender nos preguntamos una y otra vez cuál o cuáles eran los asuntos que tenían ocupado a este insigne órgano ante casos tan claros y vergonzosos de corrupción de partidos tales como Gürtel y Bárcenas, la Fundación Ideas, Pallerols, Fundescam, el Palau (si seguimos enumerando podemos estar así hasta el fin de los tiempos), etc. Sería un buen modo de aplicar nuestra tierna Ley de Transparencia respondiendo a estas cuestiones, por ejemplo.
No menos curiosa es la designación de esta institución con el nombre de tribunal, pues no tiene potestad para juzgar ni competencia judicial alguna, ya que no forma parte del Poder Judicial. También llama poderosamente la atención el hecho de que un tribunal que tiene como una de sus funciones principales vigilar la financiación de partidos, esté dirigido por estos mismos partidos que deben ser vigilados puesto que sus 12 consejeros los nombra el Congreso y el Senado –es fácil suponer a quienes nombran-. Así, nos encontramos entre sus miembros gente tan imparcial como Margarita Mariscal de Gante, ex ministra del PP, Lluis Armet, ex senador del PSE, o Manuel Aznar, hermano del pit bull que hace algunos años tuvimos como presidente del gobierno. Desde que existe el Tribunal de Cuentas tanto PP como PSOE se han disputado su control y su dominio, luchando por tener cada partido más miembros en el consejo de administración que el otro; por ahora va ganando el PP.
Teniendo en cuenta que su imparcialidad no es su fuerte y que sus informes no son vinculantes, podríamos pensar que al menos son eficientes, pero tampoco: el último informe que han dado a conocer sobre la contabilidad de los partidos es del año 2007, hace seis ejercicios, y los delitos de financiación ilegal prescriben a los cuatro años. Una lástima. Si a esto le sumamos que los partidos políticos no están bajo revisión directa de la Agencia Tributaria –excepto en los casos en que se abra un proceso judicial por algún delito descubierto- sino que sólo están controlados por este singular Tribunal, nos hallamos ante la panacea del fraude político, con un campo de acción casi infinito en el que no se controla ni vigila nada. Como para que no haya chanchullos en la financiación de partidos.
Y si no son competentes, sus informes no son vinculantes, no son eficaces ni rápidos, por lo menos nos saldrán baratos, ¿no?… Pues lamentamos dar malas noticias. El sueldo de uno de estos pájaros es de 112.578 € al año, más antigüedad, coche oficial, 2 secretarias y otros 6.000 € anuales para gastos. Luego, cuando dejan el cargo tienen derecho a una pensión de hasta 180.000€. Además, los consejeros no tienen edad de jubilación ni límite de mandato, así que se ha convertido en un retiro dorado para los políticos, consejeros y altos funcionarios que se lo llevan muerto hasta que se cansan o se mueren directamente. Por ponernos en situación, el que menos tiempo, lleva en el consejo 10 años.
Para acabar de rizar el rizo nos encontramos con que el control del gasto interno es como la búsqueda del Santo Grial, pues de ello se encarga un interventor nombrado curiosamente por el propio Tribunal de Cuentas y que puede cesar él mismo cuando lo considere oportuno (Esto debe de ser como los que se hacen regalos a sí mismos para aumentar su autoestima).
Un caso curioso es el de Ubaldo Nieto, miembro de consejo desde hace más de 22 años, a propuesta del PP. En una de las anotaciones de Bárcenas aparece como donante de 3.000 €, el 2 de marzo de 2004, en plena campaña electoral entre Rajoy Y Zapatero y curiosamente cuando ostentaba la presidencia del Tribunal de Cuentas. Así que, si quien vigilaba para que no hubiera financiación ilegal estaba financiando ilegalmente a quien tenía que vigilar… Es como poner a custodiar unas joyas a un ladrón.
Con estos antecedentes y estas componendas en relación a las competencias de este tan característico organismo es para partirse el pecho a reír cuando oímos a Floriano y otros afirmar con total convencimiento que su financiación es totalmente transparente porque la contabilidad del partido está auditada por el Tribunal de Cuentas.
Conclusión, el Tribunal de Cuentas es una puesta en escena de control de transparencia democrática y apariencia de que todo está sometido a vigilancia y, en realidad, cuando acaba la función, telón, luces y a casa cada uno a lo suyo, que no se entera nadie -hay que ver con lo que gusta el teatro en este país y lo caro que lo ha puesto el gobierno-. Con que la solución es muy clara: o desaparece o se cambia el modo de designación de sus miembros con el fin de que sean imparciales y se llevan a cabo auditorías a año vencido (uno, no seis) para que los resultados de esos informes sirvan para algo. No estaría de más tampoco que pasara a formar parte como un órgano más del Poder Judicial y que tuviera potestad para juzgar como un tribunal normal y corriente, por lo menos que el nombre le sirva para algo.
Y mientras el Tribunal de Cuentas es una institución inútil y nos cuesta un riñón, los españoles, sin trabajo, sin educación, sin sanidad, sin pensiones, sin futuro…