Tribunal infimo.

Lo ocurrido recientemente en el Tribunal Supremo, que en realidad debería denominarse ínfimo, es la demostración total, definitiva e inapelable de que la Justicia española, aparte de un absoluto desastre, no solo no es independiente sino algo muchísimo peor, porque en realidad no está a la orden y al servicio del poder ejecutivo sino al de la derecha, los herederos y continuadores del franquismo, todo bajo el control del Opus Dei.

También ha quedado bien claro que los mencionados, derecha, franquismo y Opus, constituyen el verdadero poder en España, se vote a quien se vote.

Los defectos, errores y podredumbre de la Justicia en España tienen muchas facetas, pero lo peor es que los jueces de Altos Tribunales y mayor nivel en el escalafón son los primeros en incumplir las normas e incluso las leyes. El muy generalizado nepotismo evita el ascenso de los jueces de mayor experiencia y conocimientos y sitúa en los puestos claves, incumpliendo la normativa, a parientes, amigos, asociados y sobre todo afines al partido y al Opus, sin la más mínima consideración de su calidad profesional, y de las normas del escalafón. Además el caso de la decisión de la sala segunda del Tribunal Supremo cargando sobre los bancos el pago de los impuestos del registro de las hipotecas, suspendido de manera inmediata y rectificado al cabo de unos días es un buen ejemplo del absoluto cachondeo y nula seriedad con que los jueces de la cúpula del escalafón se toman la aplicación de la leyes en general y en especial aquellas que afectan directamente su actividad cotidiana. La suspensión y rectificación de dicha decisión sobre las hipotecas se da de bofetadas, de muchas bofetadas, con el artículo 267 del reglamento que regula precisamente los Altos Tribunales, que dice exactamente: ”Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero si aclarar algún aspecto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan”. Es decir, desde el señor presidente hasta el último miembro del pleno del Tribunal Supremo se hicieron sus necesidades fisiológicas con suma intensidad sobre la norma que regula su actividad.

Y a continuación el presidente Pedro Sánchez vio abierta una oportunidad de oro para hacernos creer que le preocupa la protección de los derechos de los ciudadanos de a pie y parió el decreto-ley que con mayor velocidad ha pasado de la idea al BOE, donde ya ha sido publicado, cargando a los bancos el pago del impuesto sobre el registro de las hipotecas. Si Pedro Sánchez quería hacer algo más que un numerito totalmente inútil lo que debía haber hecho es obligar de una vez al Banco de España a cumplir lo que es la obligación principal de los bancos centrales de los países serios y ponerse de una vez a evitar, perseguir y sancionar cualquier abuso de la banca a sus clientes, en vez de apoyar a los bancos en sus estafas. Mientras la actitud del Banco de España no cambie de forma rotunda y contundente el señor Sánchez o quien sea puede ir pariendo leyes que los bancos seguirán cargando lo que les de la gana a sus clientes.

Para completar la semanita, la vicepresidenta Carmen Calvo, la señora que mete la pata en más ocasiones que abre la boca, la que dijo que en ningún país se había hecho nunca un referéndum de independencia, que la ONU no admite el derecho a la autodeterminación, que el Vaticano aceptaba que la tumba de Franco no se trasladase a la Almudena solo unos pocos minutos antes de que el Vaticano informase oficialmente que no tomaba partido, etc., en el Senado y en contestación a una interpelación de un senador de JXCat soltó que “en nuestra democracia, que está entre las 20 mejores y reputadas del mundo, los hechos tienen consecuencias, sus compañeros están en prisión por haber cometido delitos”. Es decir, los delitos que no se han podido probar en media Europa, y que todavía no han sido juzgados, la señora Carmen Calvo ya sabe que los van a condenar porque los delitos efectivamente fueron cometidos, resultando que en la democracia que está entre las 20 mejores del mundo no solo la Justicia no es independiente sino que quien decide si se ha delinquido es la vicepresidenta del gobierno.

Por cierto, en relación con la decisión del tribunal de Estrasburgo sobre el juicio a Arnaldo Otegui, el ministro del interior, Grande-Marlaska, y varios miembros del régimen del 78 han afirmado que de todos los países europeos España tiene un número normal y no excesivo de observaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y si, como he hecho yo, uno se va a la web de dicho tribunal comprueba que es cierto, pero si uno se entretiene en analizar el tipo de observaciones que recibe cada país, resulta que el 99 % de todas las observaciones se refieren a temas de procedimiento, investigación incompleta o mal efectuada, pruebas rechazadas, testigos dudosos, etc., y muy raramente, como es el caso de Otegui, la observación se refiere a la totalidad del procedimiento con acusación de imparcialidad, pero en el caso de España es al contrario, muy pocas observaciones sobre temas de procedimiento, posiblemente porque en España incumplir los procedimientos judiciales es lo habitual, y casi todas referidas a imparcialidad.