Tribunal popular contra la corrupción

Como ya es habitual, hoy la prensa nos informa de la existencia de un nuevo caso de corrupción, esta vez se trata del pago de comisiones para obtener las autorizaciones necesarias para la construcción y explotación de parques eólicos. De rebote, por su relación profesional con una de las empresas beneficiadas, nos topamos con los nombres de dos politicos del Partido Popular: Federico Trillo, actual embajador de España en Londres y Vicente Martinez-Pujalte, diputado en el Congreso representando al Grupo Parlamentario Popular.  Según la Agencia Tributaria, que no ha encontrado ningún informe que justifique los cobros, Trillo recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno. (Acceso a la noticia) Los pagos tuvieron lugar entre 2006 y 2008 en el caso de Trillo y entre 2008 y 2009 en el caso de Martinez-Pujalte, así que o mucho me equivoco o las responsabilidades ante Hacienda y la justicia ordinaria ya han prescrito. Parece ser que solo está en plazo la declaración de ingresos que Martinez-Pujalte efectuó en relación con el año 2011, en su declaración de ingresos consta que en 2011 tuvo unos ingresos de 44.168,41 euros, pero el informe de Hacienda asegura que fueron 65.706 (un 48% más), D.Vicente, claro, lo niega.
Como mañana o pasado saldrá a la luz algún caso más, y teniendo en cuenta los centenares de politicos y similares que se encuentran en fase de juicio o imputados y/o investigados por la justicia, unido esto a la imperiosa necesidad de que la verdad, al menos la judicial, aflore, bueno sería que se presentara en el Congreso una Iniciativa Popular al objeto de que de forma inmediata se constituyese un Tribunal Especial que presidiese un macro juicio contra todos estos presuntos delincuentes que, parece ser, se han enriquecido con el dinero de nuestros impuestos y nuestras deudas,  Prevaricación, fraude fiscal, sobornos, comisiones, evasión de impuestos, blanqueo de dinero, financiación irregular....vendrían a ser los delitos juzgados, y dado que los presuntos culpables y los sospechosos de serlo pertenecen, sin excepción, al mismo partido politico hasta podrían considerarse sus actividades como encuadrables en lo que viene siendo el crimen organizado. 
Cuando se llega al extremo en que estamos, ante una tan situación excepcional por el número de casos de corrupción, las soluciones ordinarias no son eficaces, así lo entendieron los aliados contra los nazis y en 1945 iniciaron los procesos de Núremberg, en los que se determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nazi. Si las leyes internacionales de entonces ponían en entredicho la legitimidad del proceso éstas fueron consecuentemente adaptadas, tan justamente adaptadas que más tarde serían el soporte de los principios legales de la justicia internacional. Con decisión y trabajo judicial en menos de un año estuvieron todas las sentencias dictadas, aquí en España, solo la instrucción previa al juicio puede tardar cinco años o más. En Núrember se enjuiciaron a 24 personas, aquí serian cientos, pero en España hay millones de personas sin trabajo y sobran recintos feriales y palacios de congresos para acoger al macrojuicio. 
La creación de este tribunal si que sería un exponente claro de la voluntad política de luchar eficazmente contra la corrupción. Un tribunal que podría denominarse "Tribunal Popular contra la Corrupción", y que debería funcionar con un jurado, jurado que estaría constituido por españolitos de a pié. Un jurado que dictaría sentencia a la vista de las evidencias, de las pruebas, sin que ningún poder politico o financiero impidiera que se hiciese justicia.
Pasado el tiempo y ya con los corruptos en la cárcel, el tribunal podría aprovecharse para enjuiciar el franquismo, al menos por los mismos delitos que en Núremberg se imputaron a los nazis: 

• Crímenes de guerra, la existencia de asesinatos, torturas y violaciones, hechos contrarios a las Leyes de la Guerra.
• Crímenes contra la humanidad cometidos desde 1936 hasta 1978.
• Guerra de agresión, sobre la base de una premeditación para alterar la paz y entendida como el proceso para atentar contra la seguridad de un Estado soberano.

Ese Tribunal Popular contra la Corrupción o contra el franquismo, tan necesarios, nunca existirán y así será por la sencilla razón de que quienes tienen que crearlos son todos potencialmente candidatos a sentarse en sus banquillos, y una cosa es prometer justicia y otra bien diferente ponerse la soga al cuello.
Benito Sacaluga