Se suele suponer que el concepto de democracia tiene carácter universal, a partir del prototipo occidental que tuvo sus prolegómenos en Atenas hace alrededor de 25 siglos, y que adquirió características modernas tras el triunfo de la Revolución francesa en 1789. Unos años antes, la independencia de Estados Unidos había conducido a que en 1787 se elaborara, y en 1789 se pusiera en vigor, la Constitución de ese país.
La fuerza transformadora de la Francia revolucionaria de fines del siglo XVIII y el potencial económico de Estados Unidos que logró la primacía mundial en la penúltima década del siglo XIX fueron convirtiendo los paradigmas emanados de estos hechos históricos en cuasi «verdades absolutas» para Occidente y, eventualmente, para todo el mundo.
No obstante, los procesos modernizadores fueron adquiriendo singularidades, ritmos y definiciones propias a partir de características idiosincráticas, concepciones filosóficas y fundamentos históricos en cada región y país del planeta. El no reconocimiento y, peor aún, la no aceptación de esta verdad inspira prácticas agresivas e intervencionistas de países poderosos que intentan imponer su lógica por cualquier vía, incluyendo aquellas que emanan del uso de la fuerza.
Pero la democracia es muy diversa. Daré algunos ejemplos para recrear esta aseveración. En Estados Unidos, los ciudadanos no eligen a su presidente, sino a unos electores que lo hacen por ellos. El problema es que, salvo en dos estados (Minnesota y Maine), puede ocurrir que la decisión de la mitad menos uno de los votantes no tenga ningún valor porque el ganador se lleva el voto de todos. Ello permite que un presidente pueda ser elegido por una minoría, como ocurrió en el año 2000, cuando fue elegido George W. Bush, a pesar de que Al Gore obtuvo mayor cantidad de votos populares.
En las recientes elecciones en el Reino Unido, el partido Reform UK obtuvo 5 diputados con el 14.3% de los votos, la misma cantidad que el Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés), que solo obtuvo el 0,6% de la votación. De igual manera, el partido Liberal Demócrata, que obtuvo 12,2% de los votos, logró ganar 72 diputados. Como se puede observar, la matemática electoral es muy extraña, sobre todo cuando se autocataloga como democrática.
En Francia, con la intención de buscar objetivos macros, tanto la izquierda como la derecha —burlando a sus electores— anunciaron que, en segunda vuelta, los terceros candidatos de la primera ronda declinaban su participación. Sin querer hacer juicios de valor en términos políticos —en este caso, que había que impedir la victoria de la extrema derecha—, en términos de eso que se ha dado en llamar «democracia», que según su definición es el gobierno del pueblo, debe recordarse que la misma se expresa a través del voto, que en esta ocasión fue violentado. Esta situación, que prácticamente se ha establecido como norma, ha inaugurado el concepto del «mal menor» para usual beneplácito de la extrema derecha no fascista.
En Chile, se ha llegado al absurdo de un candidato que fue elegido con un programa de izquierda y gobierna con uno de derecha, lo cual ya es habitual en Perú, donde siete de los últimos ocho presidentes hicieron campaña con una propuesta y gobernaron con otra. Todos estos hechos tienen su origen en situaciones que no vienen al caso debatirlos en este trabajo. Mi intención es poner sobre la mesa que cuando se habla de democracia, se está haciendo referencia a un concepto en construcción, inacabado, disímil y heterogéneo, en el que no es viable establecer legitimidades únicas. Por ahora, es una utopía deseable, por la cual vale la pena luchar.
La República Islámica de Irán —expresión actual del antiguo imperio persa— ha heredado una práctica democrática de su historia que recuerda que hace más de dos mil años, casi en paralelo con Atenas, estableció un sistema político democrático que constaba de dos asambleas: una conformada por los miembros de alto nivel de la sociedad (monarcas y sus familias, generales y sacerdotes) y otra configurada por el pueblo. Cuando debía tomarse una decisión de gran trascendencia, como declarar la guerra u otro hecho de impacto superior, debía consultarse a ambas asambleas. Esto existía mucho antes de la introducción del islam en Persia durante el siglo VII d. C.
Vale la pena hacer un «paneo» por el entorno geográfico de Irán para establecer la situación de la región en términos de democracia: en Omán, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudita existen regímenes monárquicos autocráticos protegidos por las bases militares de Estados Unidos. Lo mismo ocurre en Baréin, Kuwait y Jordania, con la salvedad de que son monarquías parlamentarias. En unos y otros casos, los ciudadanos nunca han elegido a su jefe de Estado. Particularmente, en Baréin, una minoría sunita protegida por la V Flota de Estados Unidos gobierna por la fuerza a una mayoría chiita.
En Irak, hay una democracia parlamentaria, al igual que en Siria y Pakistán, esta última protegida por el Ejército y el poderoso Servicio de Inteligencia. De Afganistán no digo nada, todo el mundo sabe quiénes son los talibanes. Israel es una «democracia sionista», propiedad de los judíos, mientras la población palestina es marginada, perseguida, excluida y asesinada.
Turkmenistán es un país cerrado del que se sabe poco o nada. Está aislado del exterior. Posee un gobierno con presidentes vitalicios. No se conoce que haya habido elecciones desde 2007. La nación se ha declarado permanentemente neutral. Azerbaiyán fue un país gobernado desde 1993 y hasta 2003 por Heydar Alíyev, que cedió el poder a su hijo Ilham Alíyev, quien se mantiene gobernando hasta hoy. Armenia es la única democracia estable de la región.
De manera que si se analiza la situación de la democracia occidental de esta área del planeta, habría que concluir que es bastante precaria. El déficit democrático, incluso si se mide desde la fallida perspectiva occidental, es bastante alto. Entonces, surge la pregunta de por qué Estados Unidos y Occidente propugnan su democracia para unos países sí y para otros no. Como puede observarse, el entorno de Irán está conformado por una mayoría de Estados que no conocen la democracia como expresión de la decisión popular manifestada en las urnas. En general, el voto y la participación popular son inexistentes.
Vale la pena, por lo tanto, revisar cómo se verifica la democracia en Irán. Esta se confirma a partir de tres premisas:
- En la Constitución Nacional de Irán (CN), todas las autoridades deben ser electas.
- Nadie puede ser elegido de forma vitalicia. Todos los cargos tienen lapsos finitos de duración.
- Las elecciones deben hacerse en una fecha establecida en la CN, incluso si el país está en situación de guerra, tal como ocurrió entre 1980 y 1988, cuando, en el marco de la fuerte confrontación bélica con Irak, se hicieron dos elecciones presidenciales y dos parlamentarias.
En una situación inesperada como la recientemente creada por el fallecimiento del presidente Raisi, la Constitución establece que se debe elegir un nuevo presidente en un plazo no mayor de 50 días y así se hizo. Vale decir que todo ocurrió en un ambiente de extremo pesar por el gran apoyo popular que tenía Raisi. Su gobierno organizó la elección y en ella ganó la oposición, con una participación de 40% en primera vuelta y casi 50% en el repechaje. La campaña se desarrolló en el marco de un total equilibrio informativo: todos los candidatos tuvieron el mismo acceso a los medios de comunicación.
Las posibilidades de cometer fraude son prácticamente imposibles. Todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho al voto. A diferencia de muchos países occidentales donde el elector está adscrito a un centro de votación específico, en Irán lo puede hacer en cualquier mesa habilitada al respecto.
Cuando el votante presenta su documento de identidad, después de ser reconocido, es habilitado. Su voto queda registrado electrónicamente, lo que anula cualquier posibilidad de hacerlo de nuevo en otro lugar.
En otro ámbito, el tiempo de votación, desde el momento en que se abren los centros, es de diez horas, pudiéndose extender el plazo si, en el momento del cierre, aún hay votantes en las filas. No obstante, impajaritablemente a las doce de la noche se cierran los recintos.
¿Quiénes están presentes en los centros de votación? Hay tres grupos de participantes: funcionarios electorales que en Irán son miembros del Ministerio del Interior y que ejercen labores logísticas, representantes de los candidatos que se encargan de controlar que no haya favoritismos ni situaciones anómalas, y funcionarios de supervisión, que son miembros del Consejo de Guardianes, un órgano autónomo del Estado, responsable de que los comicios se desarrollen en el marco constitucional.
Una vez que estas tres instancias en conjunto certifican que las urnas están vacías al comenzar el proceso, este se lleva a cabo hasta su conclusión, con la apertura de urnas en presencia, también, de las tres instancias: la que cuenta, la que controla y la que supervisa. Al finalizar el acto, se procede a elaborar un acta que debe ser firmada por todas las partes. Si hubiera algún reclamo, este se envía a través de los supervisores al órgano competente que está obligado por ley a dar respuesta a la impugnación. Este modelo impide que haya fraudes, pues garantiza la presencia de los comandos de campaña de los candidatos y las instancias de supervisión y de control, que deben llegar a un consenso en cuanto a la correcta realización del proceso.
Una vez que los votos son contados, el Comité Electoral del Ministerio del Interior elabora un acta que informa de los votos obtenidos por cada candidato. Esta instancia es la única autorizada para dar resultados oficiales. Estas actas son enviadas al Consejo de Guardianes, que debe revisar las reclamaciones e impugnaciones. Si las hay, debe resolverlas antes de informar definitivamente. Si no las hay, da el visto bueno para que el Comité Electoral anuncie al vencedor.
A continuación, el líder supremo ratifica la victoria del presidente elegido sobre la base de dos consideraciones: que se haya garantizado la participación del pueblo y que el resultado refleje la decisión electoral del este. Ello, incluso si las cifras arrojan un resultado distinto al que el líder supremo esperaba, es decir, cuando —como en este último caso— su candidato preferido no ha sido electo. En el pasado, esto ya había ocurrido, cuando en 2013 fue elegido Hasán Rohaní.
El presidente es elegido por un período de cuatro años, pudiendo ser reelecto para un nuevo período. En el momento de su inscripción, el candidato debe tener entre 40 y 75 años. La juramentación del presidente se hace en el Parlamento, con la presencia de los máximos dirigentes de los Poderes Legislativo, Judicial y del Consejo de Guardianes. El nuevo presidente no puede imponer a los ministros, solo proponerlos, y es el Poder Legislativo el que decide su aceptación o rechazo. Cada ministro propuesto debe presentar su programa al Parlamento, que lo aprueba con el voto del 50% más uno de los miembros del Poder Legislativo. Los ministros pueden ser removidos por el presidente o por el Parlamento con el mismo porcentaje. A su vez, el Parlamento puede destituir al presidente con la aprobación de dos tercios de sus integrantes, como ocurrió con Abolhasán Banisadr en junio de 1981.
Es bueno también conocer la institucionalidad democrática de Irán. El proceso de la Revolución islámica se inició el 11 de febrero de 1979, pocos días después de la huida del emperador Mohammad Reza Pahleví, que dio fin a la monarquía. El 31 de mayo se hizo un referendo en el que el 98,12% de la población votó a favor de instaurar la República islámica. En agosto, dieron inicio los trabajos de la Asamblea Constituyente, que elaboró una nueva carta magna, aprobada en referéndum popular el 1.° de diciembre de 1979.
La constitución de Irán está por encima de todo y de todos, incluso del líder supremo (LS), quien es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y tiene entre sus responsabilidades la ratificación de la victoria electoral y la destitución del presidente. Asimismo, es el encargado de declarar la guerra y el cese al fuego, designar al presidente del Poder Judicial y de la Asamblea de Discernimiento de la Convivencia del Estado (ADCE), que cumple funciones como órgano asesor del LS y está formada por 47 miembros designados por él. Generalmente, la constituyen expresidentes (de todas las corrientes políticas), los miembros de los poderes del Estado y líderes políticos, militares, culturales, económicos y religiosos. Cuando este órgano delibera, generalmente es invitado un ciudadano con conocimiento específico del tema en cuestión. Los miembros de esta asamblea duran cinco años en su cargo.
Todas las sesiones de la ADCE son públicas, de manera que el pueblo pueda conocer lo que allí se debate. Incluso las contradicciones que surgen entre sus miembros son de conocimiento popular. Nunca ha ocurrido que el LS haya destituido a un miembro de la ADCE por exponer opiniones distintas a las suyas.
Esto sería inaceptable y un escándalo dentro de la institucionalidad del país. Otras instancias estatales son el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial (cuyo líder dura cuatro años en su responsabilidad) y el Poder Legislativo, en el que sus miembros son escogidos por cuatro años, pudiendo repetir dos veces, y retirarse por un período si desearan volver a ser candidatos para el Legislativo. Del mismo modo, existe una Asamblea de Sabios, constituida por 88 miembros, que son expertos en el conocimiento del islam y que son conocidos como ayatolás. Los miembros de la Asamblea de Sabios son elegidos por un período de ocho años mediante el voto directo del pueblo. Sus misiones son supervisar las labores del líder supremo, destituirlo si está incapacitado para cumplir sus funciones y designar uno nuevo en caso de su fallecimiento.
Por otra parte, en la Constitución iraní existe la figura del Consejo de Guardianes (CG), compuesto por doce miembros elegidos por seis años. De ellos, seis son constitucionalistas propuestos por el Poder Judicial al Legislativo que los aprueba y los otros seis son ayatolás designados por el líder supremo. Las leyes que emanan del Poder Legislativo deben pasar por la supervisión del CG, que verifica su apego a las normas jurídicas y religiosas del Estado y las envía al presidente para que sean decretadas.
Si una ley no es aprobada en el CG, es devuelta al Legislativo para que corrija las observaciones. En caso de que no se llegue a un acuerdo entre las dos instancias, se envía a la Asamblea de Discernimiento, que ha de dirimir la controversia.
Otras funciones del Consejo de Guardianes son la aceptación de los candidatos a cualquier cargo del Estado, quienes deben ser electos por el voto popular, incluyendo al presidente y a los miembros de la Asamblea de Sabios. Los candidatos pasan primero por el Ministerio del Interior, que los acepta o no, para después enviarlos al CG que realiza una verificación más profunda y los reenvía al Ministerio del Interior para que se inicie el proceso electoral. Todo este procedimiento (en el caso de los candidatos para la presidencia de la república) se denomina Rayol Siasi, una palabra persa que no tiene traducción y que se refiere, entre otras cosas, a la elección de personas con altas cualidades morales, educativas, de honestidad y eficiencia.
Se ha dado el caso de algunos candidatos que en una elección han sido aprobados por el CG, aunque rechazados posteriormente cuando se han propuesto en otros comicios. Algunos ejemplos son los de Mahmud Ahmadineyad, que fue presidente de la República entre 2005 y 2013, pero posteriormente rechazado cuando se propuso de nuevo para el cargo. También, Abdol Nasser Hearat, expresidente del Banco Central, cuya designación no fue aprobada a pesar de su alta investidura anterior, o Eshaq Yahanguirí, exvicepresidente de la República, que en una elección previa recibió la aprobación del CG para ser candidato presidencial, pero en ocasión posterior se le denegó esa posibilidad. Es decir, que la aprobación de los candidatos depende de su comportamiento en todo momento. De nada valen las «glorias pasadas».
Si se quisiera establecer una comparación, podría decirse que la democracia occidental se propone la separación de poderes, mientras que en Irán, el sistema apunta el equilibrio de esos poderes. Así, la Asamblea de Sabios puede destituir al líder supremo. Este designa a los ayatolás del Consejo de Guardianes y a la máxima autoridad del Poder Judicial. A su vez, el líder del Poder Judicial es quien propone a los constitucionalistas que van a formar parte del Consejo de Guardianes. De igual manera, los candidatos a la Asamblea de Sabios deben ser aprobados por el Consejo de Guardianes. Se puede concluir que no hay ninguna autoridad con poder eterno. No hay autoridad que no haya sido electa y no hay autoridad que posea el poder absoluto. El mismo debe ser compartido a través del equilibrio en el funcionamiento de todos para que no haya ninguno que esté por encima de los demás.
La democracia en Irán, como en cualquier país del mundo, no es absoluta ni infalible, es un proceso en construcción permanente, pero ha establecido preceptos inamovibles. En el reciente acto electoral, fue elegido un candidato de la oposición al gobierno sin que la sociedad tuviera que sufrir traumas por ello. La continuidad del proceso, su carácter antimperialista y antisionista, su apoyo a la lucha del pueblo palestino y al eje de la resistencia está garantizado por las líneas generales establecidas en la Constitución Nacional. No obstante, el presidente dirige y ejecuta la política interior y exterior del país y maneja los elementos atingentes a la realización práctica de ellas. Por ejemplo, en las negociaciones con Estados Unidos y Europa, se han manifestado diversas tendencias que expresan la diversidad política del país.
De hecho, es muy probable que, en este ámbito, el nuevo presidente Masoud Pezeshkian mantenga parámetros de conducta política distintos de los de su antecesor, pero no cambiarán el curso de la Revolución iraní como espera Occidente para intentar debilitarla y destruirla.
Sergio Rodríguez Gelfenstein
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