Al general Augusto C. Sandino, cuando nos acercamos al 90 aniversario de su partida a la inmortalidad.
18/01/2024.- Nicaragua ha debido luchar en defensa de su soberanía casi desde el mismo momento en que se constituyó como república independiente. Desde la invasión británica de 1847 a su costa caribe, y al año siguiente a San Juan y la isla del Tigre, en el golfo de Fonseca, como expresión de la pugna con Estados Unidos para apoderarse de la estratégica región —pasando por las tres expediciones del filibustero estadounidense William Walker, entre 1855 y 1860, para establecer una dictadura personal en el territorio nacional—, hasta el intento de golpe de Estado de 2018, Nicaragua ha debido encarar una larga lista de invasiones y amenazas a su soberanía.
Al comenzar el siglo XX, en 1909, en el marco de la «política del gran garrote» y la «diplomacia del dólar», el presidente estadounidense William Taft propició un golpe de Estado contra el mandatario nacionalista José Santos Zelaya. En ese contexto, EE. UU. ocupó Nicaragua en 1912, imponiéndole cuatro años después el tratado Bryan-Chamorro, que era expresión de un virtual protectorado sobre la nación centroamericana. Las tropas yanquis permanecieron en el territorio nacional por veintiún años hasta que el pueblo nicaragüense, liderado por el general Augusto C. Sandino, los derrotó militarmente y los expulsó del país.
Sandino fue traicionado y asesinado en 1934, tras lo cual Washington instaló en Managua una brutal dictadura dinástica, encabezada por Anastasio Somoza y sus hijos, pero que fue defenestrada por la lucha del pueblo nicaragüense, conducido por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) el 19 de julio de 1979.
Antes, durante los primeros días de julio de ese año, el «democrático» presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, intentó escamotearle el triunfo al FSLN; primero, al desembarcar tropas en la ciudad de Liberia, al norte de Costa Rica, a solo 75 km de la zona de combate, para después propiciar el apoyo de la OEA a una intervención militar en el país. Finalmente, tras la huida de Somoza el 17 de julio, pretendieron instalar un régimen «somocista sin Somoza», a cargo de Francisco Urcuyo.
Ya en el poder, la revolución sandinista se vio obligada a enfrentar una guerra que le valió perder más de 50 mil ciudadanos, como resultado de acciones directas e indirectas de Estados Unidos durante el período que transcurrió entre 1979 y 1990. El daño económico causado por la guerra de ese país contra Nicaragua se estimó en 17 mil millones de dólares.
Vale repetir entonces que la historia de Nicaragua es una historia de lucha por su sobrevivencia como nación independiente. Y en esa larga epopeya han aprendido a conocer al enemigo —tanto al interno como al externo—, generando un sentimiento, un honor y un orgullo del ser nicaragüense que le ha permitido en los últimos años enfrentar con éxito las nuevas modalidades de intervención imperialista.
En el pasado reciente, nuevamente Washington intentó derrocar al gobierno democrático del país. ¿O es que acaso no nos han repetido durante doscientos años que democracia es aquel sistema que emerge de las elecciones? El pueblo nicaragüense, conducido por el FSLN, ha aprendido a ganar los comicios de la democracia representativa y, haciendo uso de las prerrogativas que le concede la autoridad del Estado —insertas en la Constitución nacional—, están defendiendo el legítimo poder adquirido.
La nueva embestida imperial se produjo en abril de 2018. Una alianza de delincuentes juveniles, traídos de El Salvador, junto a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) —instituciones gremiales y de empresarios, todas bajo conducción de la Embajada de Estados Unidos, las de la Unión Europea y la jerarquía de la Iglesia católica, con el respaldo financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), la Fundación Nacional para la Democracia y el Instituto Republicano Internacional, instituciones al servicio del gobierno de EE. UU.— lograron atraer a un sector de la población para realizar acciones violentas. Las mismas estaban encaminadas a derrocar al gobierno de un país que mostraba resultados económicos sobresalientes y los mejores índices de seguridad de toda la región.
Una vez controlados los incidentes —que produjeron la muerte de 253 ciudadanos, cientos de militantes sandinistas torturados y heridos y miles de millones de dólares en daños a la economía—, el presidente Daniel Ortega llamó a un diálogo que en el marco de la democracia permitiera recobrar —una vez más— la estabilidad política, la gobernabilidad democrática y la seguridad económica, brutalmente destrozadas en pocas semanas tras un largo camino de recuperación iniciado en 2007. La gran mayoría se acogió a la demanda dialogante del Presidente, pero los que no lo hicieron se tuvieron que enfrentar al peso del Estado, de las leyes y de la firme institucionalidad del país. Pilares fundamentales de ella son el Ejército Nacional de Nicaragua y las fuerzas de seguridad y de orden público que, emergidas de la revolución de 1979, garantizan, como una firme columna vertebral, el cuerpo de la nueva Nicaragua.
Gran escándalo hicieron los medios de comunicación trasnacionales cuando, en febrero del año pasado, el gobierno sandinista decidió liberar y expulsar del país a 222 personas que se hallaban detenidas por haber recibido dinero —directa o indirectamente— de agencias del gobierno de EE. UU., a través de instituciones sin fines de lucro o empresas que se encargaban de administrar las agresiones estadounidenses contra Nicaragua. Otros 92 individuos, la mayoría viviendo en el exterior, fueron privados de su ciudadanía. Entre ellos, figuran muchos de los dirigentes y activistas de la intentona golpista de abril de 2018, que en el momento de su detención planeaban nuevas acciones terroristas para intentar afectar el proceso eleccionario de 2021.
La expulsión del país y la privación de la ciudadanía por acciones delictivas son medidas aplicadas por la mayoría de los países occidentales, incluido Estados Unidos. Desde 2010, el Reino Unido ha privado de su ciudadanía a 767 personas. No se conoce que tales medidas hayan sido repudiadas por ninguna ONG. Tampoco se sabe nada acerca de la denuncia por algún medio trasnacional ni por ningún partido de la izquierda tradicional, latinoamericano o europeo.
Mientras esto ocurría, una misión del FMI —organización que, se sabe, no es un apéndice del comunismo internacional ni tiene su sede en Beijing o Moscú— visitó Managua del 6 al 17 de noviembre de 2023, con el fin de llevar a cabo la consulta del artículo IV de 2023. El equipo del FMI informó que: «La economía de Nicaragua ha mantenido su resiliencia frente a múltiples shocks gracias a políticas económicas adecuadas, colchones considerables y apoyo multilateral». El organismo internacional tomó nota de que, tras un fuerte repunte en 2021, el crecimiento económico ha sido estable gracias al consumo privado y al desempeño de las exportaciones desde 2022.
Al momento de realizar su informe, la organización pronosticó para Nicaragua un crecimiento del 4% en 2023, así como la desaceleración de la inflación, superávit fiscal y amplios depósitos. En esa perspectiva, consideró que en 2024 y en el mediano plazo el país continuaría su crecimiento económico en torno a un 3,5% anual, soportado principalmente por el consumo privado.
En otros aspectos, la misión del FMI aseguró que las perspectivas económicas eran favorables y que los riesgos estaban equilibrados. Sin embargo, advirtió que podría haber sorpresas positivas reflejadas en un crecimiento aún mayor del PIB debido a una recuperación más sostenida de la demanda interna, incluida la inversión, y a una entrada de remesas más fuerte de lo previsto, sobre todo en el corto plazo.
La misión del FMI estuvo de acuerdo con la decisión del gobierno «de seguir implementando políticas macroeconómicas prudentes —necesarias para conservar la resiliencia y una gestión económica clara y previsible— que respaldan el crecimiento a mediano plazo».
Finalmente, elogió a las autoridades por su interés en fortalecer y salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas y por el refuerzo a una adecuada consolidación fiscal del país. De la misma manera, se mostraron satisfechos con la estabilidad mostrada por el sistema financiero privado, que se encuentra bien capitalizado y tiene liquidez, considerando que podría fortalecerse aún más.
En otro plano, el FMI reconoció «los esfuerzos de las autoridades para mejorar la transparencia fiscal», instando a que estos se mantengan para mejorar la supervisión de los fondos públicos.
No se ha sabido que estos resultados hayan sido informados por ninguna ONG, tampoco dados a conocer por algún medio trasnacional, ni festejados por ningún partido de la izquierda tradicional, latinoamericano o europeo.
Más de alguno debe estar pensando lo «peligroso» que resulta ser elogiado por una organización tan «despreciable» como el FMI, lo cual no deja de ser «sospechoso». Otros pueden afirmar que eso se refiere a cifras macroeconómicas, que no significan mejoras para el pueblo humilde de Nicaragua.
Pero hay que saber que los éxitos económicos de Nicaragua han permitido al gobierno tomar medidas para mejorar los marcos de gobernanza y anticorrupción, al tiempo que han elevado el nivel de vida de la población. En este ámbito, la Procuraduría General de la República de Nicaragua ha entregado más de 650 mil títulos de propiedad a otras tantas familias nicaragüenses entre 2007 y 2023.
Con esto se ha garantizado el bienestar de los ciudadanos más humildes, al resguardar para ellos y sus familias la seguridad jurídica que da la propiedad de sus viviendas y tierras para el trabajo. En un esfuerzo sin precedentes, el gobierno del FSLN ha titulado casi 500 mil hectáreas desde su regreso al poder en 2007, destinando para ello 31 millones de dólares, que permitieron que el proceso fuera totalmente gratuito para los beneficiarios, coadyuvando de esta manera también a la estabilidad y tranquilidad de las familias.
En otro orden, es importante saber que la economía nicaragüense se encuentra en una dinámica expansiva, «moderada, pero sostenida», con sólidos crecimientos de su PIB, llegando incluso a un 4,5% en 2023, cifra que supera la propia previsión del FMI para ese año.
En una entrevista para el medio ruso Sputnik en español, el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, y el diputado de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, explicaron que, después del retroceso producido por el intento de golpe de Estado de 2018 y la pandemia de 2020 a 2021, la economía del país entró en una dinámica de franca recuperación y crecimiento. Ello se manifiesta en tres años consecutivos de expansión de la economía, lo cual ha tenido una clara incidencia en «el comercio, en la circulación vehicular y en el movimiento de las personas».
Reyes y Gutiérrez afirmaron que en Nicaragua se estaba observando un dinamismo económico positivo de los sectores comercial, hotelero y de restaurantes, así como de las actividades financieras y la de la industria manufacturera. Aseguraron que el país ya tiene el «crecimiento económico consolidado y el motor muy bien encendido». Según ellos, la clave ha sido la reducción de la inflación registrada en 5,65% en noviembre pasado, cuando, al cierre de 2022, esta se posicionó en 11%.
Otras cifras a destacar son el récord histórico en la acumulación de reservas internacionales, que cerraron el año 2023 con alrededor de 5 mil 300 millones de dólares, así como la industria turística en alza. Igualmente, Nicaragua finalizó el año con superávit presupuestario, debido al alza recaudatoria de impuestos directos e indirectos, permitiendo garantizar el subsidio al combustible, al servicio de energía y agua potable, al transporte colectivo de Managua y el Caribe, a los jubilados y a las universidades.
Para el año 2024 se espera una inflación aún más baja, así como el incremento de la inversión extranjera directa que viene al país confiada en el buen manejo de la economía y altos índices de seguridad ciudadana y jurídica para las inversiones. El país registró, en octubre de 2023, un crecimiento del 3% en las exportaciones, valoradas en 3 mil 449 millones de dólares, mientras que las remesas familiares alcanzaron en el mismo mes más de 3 mil 800 millones de dólares. De la misma manera, se espera también la reducción del desempleo, para llevarlo hasta un 3 o 3,5%.
En otro plano, vale decir que el éxito económico y el superávit en el presupuesto han permitido tomar la decisión de consignar el 56,3% del mismo para la inversión social: en salud, el 21%; en educación, el 21,7%; en vivienda y servicios comunitarios, 9%; protección social, 3,5%, y recreación cultura y religión, 1,1%.
Con ello, el gobierno del FSLN, encabezado por el comandante Daniel Ortega, ha logrado revertir la tenebrosa situación en que dejaron al país los gobiernos neoliberales que lo condujeron por diecisiete años hasta 2007.
Particular importancia ha tenido la inversión que ha hecho el gobierno sandinista en materia de salud. El programa de inversión pública se multiplicó por cinco en estos años, alcanzando 97 millones de dólares en el año 2022, mientras que el presupuesto del Ministerio de Salud se incrementó en 6,5 veces, llegando a aproximadamente 614 millones de dólares.
En este sentido, el gobierno sandinista ha emprendido su programa de salud con tres vértices: la construcción de una nueva infraestructura hospitalaria y de atención primaria, la modernización de las existentes y la red comunitaria de apoyo.
El periodista argentino Alberto Mas, en un artículo publicado en el portal Acercándonos. Movimiento Cultural, afirmó que: «Esta nueva infraestructura incluye programas digitales de conectividad entre hospitales y unidades de salud, proveyendo de conexión por internet de banda ancha a los hospitales y centros de salud a nivel departamental y municipal».
Mas señaló que si se compara la infraestructura existente en el año 2006 con la actual, se puede constatar que de 56 hospitales se pasó a 75, los cuales poseen tecnología e inversión permanente. Así mismo, el país cuenta «con 10 camas hospitalarias, 9 médicos, 8 enfermeras y 9 auxiliares de enfermería por cada 10 mil habitantes». Esta situación condujo a una abrupta caída de la mortalidad neonatal, que bajó de 18 por cada mil nacidos vivos, al inicio de esta nueva etapa de reconstrucción nacional, a 9, en el año 2022.
Nada de esto ha sido informado por ninguna ONG, tampoco dado a conocer por algún medio trasnacional, ni festejado por ningún partido de la izquierda tradicional, latinoamericano o europeo. Para los que tienen dudas sobre estas cifras, por ser oficiales y aportadas por altos funcionarios del Estado nicaragüense, tienen la opción de consultar al FMI, que puede corroborar sin duda alguna toda la información que se está ofreciendo.
Más fácil aún, pueden ir a Nicaragua y conversar con los trabajadores del mercado, los hoteleros, los taxistas, los empleados de restaurantes, los artesanos, y, si quieren ir más lejos, hablen con soldados y policías y pregúntenles qué piensan de su país. Aprovechen de consultarles su opinión acerca de los intelectuales que transmiten odio desde Miami, Los Ángeles y Madrid, de los terroristas con sotana y de los traidores que prefieren sumir el país en muerte y destrucción antes que contribuir a la grandeza de su patria.
Finalizo dando a conocer con el decreto del 14 de noviembre de 1927, emitido por el general de hombres libres Augusto C. Sandino, desde el Cuartel General del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, en El Chipote, departamento de Nueva Segovia, Nicaragua.
Decreto
Son traidores a la Patria:
1. Todo nicaragüense que con miras políticas traficare con la honra de la Nación, solicitando apoyo oficial de los conquistadores de Nicaragua, así como del gobierno de la Casa Blanca y el que saliere del país como representante del gobierno espurio del traidor Adolfo Díaz.
2. El que haya celebrado pactos secretos con el enemigo, ya sea como jefe militar o como jefe civil.
3. El que prestare ayuda a los invasores y traidores para asesinar a los patriotas nicaragüenses que están defendiendo la Soberanía Nacional.
4. El que suministrare informes, verbalmente o por escrito, declarando contra sus conciudadanos.
5. El que solicitare protección de los invasores con el pretexto de defender sus intereses. Ya sea nacional o extranjero, le será aplicada la misma pena que la Constitución Política señala para los traidores a la Patria.
Al mismo tiempo, hago saber a la sociedad nicaragüense, al pueblo con quien los vínculos de espiritualidad me ligan a defender sus derechos, así como a los extranjeros radicados en el país, que: siendo el Ejército Defensor de la Soberanía de Nicaragua una institución perfectamente organizada y disciplinada, dará toda clase de garantías efectivas a nacionales y extranjeros siempre que guarden estricta neutralidad.
Dado en El Chipote, a los catorce días del mes de noviembre del año 1927.
Patria y Libertad.
A. C. Sandino
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