Trump y el poder judicial

Las elecciones de 2020 en Estados Unidos serán determinantes en muchos aspectos, y uno de ellos es la evolución del poder judicial federal. Más allá de la reelección de Trump, nos encontramos con uno de los desafíos más grandes: la renovación del Tribunal Supremo, algo que tendrá un impacto por décadas en todo el país y la sociedad.
Los conservadores no deben desanimarse y bajar los brazos debido a algunos reveses temporales. La reelección de Trump es la garantía de que la Constitución de los Estados Unidos no sea manipulada por la izquierda demócrata a su antojo y siga siendo aplicada en su sentido original, el mismo que ha permitido el progreso y las libertades civiles más importantes del mundo durante 244 años. La razón es que durante los próximos cuatro años, el presidente podría nombrar hasta cuatro o más jueces que se retiren. Eso supondría una renovación completa del Tribunal Supremo, la más alta instancia jurídica del país. Este es un argumento recurrente cada cuatro años, pero esta vez es más cierto que nunca.
Hasta ahora, Trump ha llevado a cabo una transformación judicial sin precedentes, convirtiéndolo de hecho en uno de sus mayores logros presidenciales. Esta tarea podría ser concluida de forma más exitosa si el presidente es reelegido. En cambio, si Joe Biden es elegido presidente y los demócratas logran una mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, sería la mayor catástrofe judicial en décadas y efectuarían la demolición de la Constitución, un propósito que siempre han perseguido cuando han estado en la Casa Blanca.
Si queremos garantizar que nuestra Constitución prevalezca, necesitamos reelegir a Trump, ante todo. Obtener una mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, sería un plus nada desdeñable, pero lo esencial es la victoria de Trump.
Sin duda alguna, los demócratas utilizarían a Biden para reemplazar a los jueces que se retiren, así como para realizar sus planes radicales para controlar el Tribunal Supremo y los tribunales inferiores, agregando nuevos puestos y llenándolos de activistas judiciales de izquierda con ningún respeto por la Constitución y nuestras leyes. Activistas con una idea en mente: implantar un sistema de izquierda que destruiría a los Estados Unidos como los conocemos. Esto no es una especulación. Los demócratas han declarado abiertamente que es su objetivo. De esta manera, la transformación histórica del presidente Trump del poder judicial federal sería cancelada y el legado de los Padres Fundadores y los juristas que históricamente han convertido a Estados Unidos en una referencia de garantías jurídicas, sería destrozado y revocado por una utópica reforma progresista que aniquilaría nuestras libertades y forma de vida tradicional.
Sólo Trump puede evitarlo con un nuevo impulso a la transformación judicial que ha llevado a cabo hasta ahora. La decisión está en manos de los votantes estadounidenses, y es una de las razones por las que estas elecciones son tan importantes para nuestro futuro. Nos jugamos la supervivencia de la nación en su concepción original.
El presidente Trump ha nombrado de por vida a 200 jueces que entienden que son la última línea de defensa de Estados Unidos cuando los políticos se extralimitan o se inclinan para manipular a las multitudes en beneficio propio. Jueces garantes de las libertades y los valores tradicionales estadounidenses.
En concreto, el presidente Trump consolidó la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo con sus nombramientos de los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. Aún más: la transformación récord de Trump de los tribunales federales de apelaciones de importancia crítica en tantos temas es casi tan importante porque estos tribunales son la última parada para más del 99% de todas las apelaciones federales.
Que las derrotas momentáneas a manos de algunos jueces actuales, no nos impidan ver la trascendencia de lo que está en juego en noviembre. Afrontamos la culminación de una victoria generacional y monumental, o una derrota que cambiará los Estados Unidos a mucho peor.
Todos hemos visto algunos reveses para el movimiento conservador y originalista de la Constitución en el último mes en el Tribunal Supremo. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, designado por el presidente George W. Bush, votó con los cuatro progresistas del Tribunal para anular las regulaciones perfectamente razonables sobre el aborto, a pesar de discrepar vigorosamente de una decisión similar hace sólo cinco años. Roberts también se puso del lado de los jueces progresistas para rechazar la súplica de una iglesia de California para celebrar servicios de adoración a pesar de las restricciones discriminatorias del coronavirus del gobernador Gavin Newsom, que permitieron que las empresas reabrieran, pero no las iglesias.
Seis jueces reescribieron esencialmente el Título VII, la ley federal que prohíbe la discriminación sexual en el empleo, para prohibir ahora la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Es difícil argumentar que lo que hizo el Tribunal refleja lo que el público entendió que significaba la ley en 1964, o en cualquier otro momento desde entonces. Pero incluso si cree que estas decisiones están profundamente equivocadas, y de hecho lo están, y que son aberraciones, y lo son, básicamente sigue siendo un Tribunal Supremo conservador en la mayoría de los temas, es decir, cargado de sentido común y poco dado a los experimentos progresistas, incluso teniendo en cuenta el enfoque político creciente que aplica el presidente Roberts en ciertos asuntos.
La clave fue la elección de Trump en 2016, cuyos dos nombramientos para el Tribunal Supremo, Gorsuch y Kavanaugh, se unieron a los otros tres conservadores y han obtenido importantes victorias para la sociedad y las empresas que todos deberíamos celebrar. Nada de eso hubiera sucedido sin Trump en la Casa Blanca. Y la necesaria transformación judicial no será completada a menos que sea reelegido en noviembre.
Una de esas victorias conservadoras se produjo en un caso de derechos civiles enormemente consecuente. La mayoría conservadora 5-4 acabó con el fanatismo anticatólico encarnado en las "Enmiendas de Blaine" en todo Estados Unidos, lo que significa que a las escuelas religiosas en 38 estados ya no se les negará fondos estatales disponibles para escuelas privadas no religiosas. La discriminación religiosa contra los católicos se ha frenado en el país gracias a Trump y sus nombramientos judiciales.
La mayoría conservadora puso un puñal en el corazón de la agencia inconstitucional y aún así favorita de Elizabeth Warren: la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, al invalidar la disposición que impedía que el Presidente despidiera al director de CFPB sin una ley.
La mayoría conservadora también sostuvo, nuevamente, que el gobierno no puede obligar a las monjas a comprar anticonceptivos del fallido programa ObamaCare del desastroso ex presidente Obama . Y los conservadores ampliaron las protecciones para los empleadores religiosos bajo el Título VII, asegurando que las escuelas católicas puedan tomar decisiones de empleo consistentes con sus creencias religiosas (y minimizando el daño causado por la reescritura progresista del Título VII, que fue una barbaridad jurídica).

Los jueces Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor piensan que el Congreso puede obligar a las monjas a comprar anticonceptivos y a las escuelas católicas a emplear maestros que desafíen abiertamente la doctrina católica. Pues no. Los jueces Ginsburg y Stephen Breyer piensan que la pena de muerte, que se menciona en la Constitución, podría ser inconstitucional. Pues no.
Por otra parte, los cuatro jueces progresistas piensan que prácticamente cualquier regulación del aborto es inconstitucional. Pues no. Eso ni siquiera se menciona en la Constitución. Y, por supuesto, los nombrados por presidentes demócratas votan casi todos los casos con connotaciones políticas. Algo que no debería ser así. Los jueces deben ceñirse a las leyes y la Constitución. Punto.
Como resultado de estas enormes victorias conservadoras, las familias de la clase trabajadora (especialmente de las minorías) tienen más opciones escolares y pueden brindar a sus hijos más oportunidades educativas que los políticos y jueces privilegiados progresistas disfrutan para sus propios hijos. Y eso es lo realmente importante. Así vemos cómo Trump trabaja para los ciudadanos de clase media y no para los dirigentes privilegiados.
Los elementos corruptos que medran en el establishment y en el pantano de la corrupción de Washington D.C. han comprendido que sus poderes tienen límites constitucionales, y que serán responsables de traspasarlos. La mayoría conservadora liderada por Trump está preparada para drenar ese sistema corrupto que ha venido erosionando nuestra República y nuestra Constitución con activistas de izquierdas. Los radicales progresistas están rabiosos y echan espumilla venenosa por la boca porque no pueden obligar a las Hermanitas de los Pobres a subsidiar sus anticonceptivos. Ni a Trump a pasar por su aro de intolerancia ideológica. Ni a los ciudadanos libres a votar demócrata. Ni pasarse la Constitución de los Estados Unidos por sálvese la parte, aunque eso es lo que pretenden.
Trump es el muro que nos separa de esos fanáticos de izquierda que quieren imponer su agenda ideológica radical a toda la sociedad, cuya mayoría los rechaza. El presidente Trump se apuntó victorias históricas con sus nombramientos de Gorsuch y Kavanaugh. Podrían ser el preámbulo de una transformación aún mayor que salvará nuestra nación de las garras del socialismo y sus miserias.
Si en este último mes algunas decisiones ventiladas en el Tribunal Supremo le hicieron sentir incómodo, por decirlo suavemente, considere que en estos primeros años críticos de su mandato, Gorsuch y Kavanaugh, ya han mostrado una columna vertebral conservadora y constitucional considerablemente más sólida que otros nominados republicanos que a menudo se tambalearon o traicionaron sus principios, como los nombrados por el presidente Ronald Reagan, Justices Sandra Day O'Connor (reemplazado por el sólido juez Sam Alito) y Anthony Kennedy (reemplazado por Kavanaugh), junto con el juez David Souter, nominado por el presidente George H.W Bush.
Ahora, mire ese frente de batalla que es el Tribunal Supremo y compare a Gorsuch y Kavanaugh y sus expedientes, con el candidato demócrata promedio del Tribunal Supremo, y encontrará que los análisis sobre el derrumbe y la derrota del movimiento legal conservador son más idiotas incluso que quienes los divulgan. Trump ha fortalecido nuestra Constitución y libertades con sus nombramientos judiciales y lo puede hacer aún más si es reelegido. Razón de enorme peso para votar por él de nuevo, y no es la única, pero sí de gran trascendencia.
Veamos algunos hechos: el juez Ginsburg cumplirá 90 años antes de las elecciones presidenciales de 2024. El juez Breyer tiene 81 años. Los incondicionales conservadores, los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito, tienen 70 años. ¿A quién quiere elegir como sus sucesores naturales?
Si el presidente Trump logra reemplazar incluso a uno solo de los jueces progresistas, algo que un segundo mandato presidencial casi garantizaría, los efectos se dejarían notar durante generaciones. Habríamos salvado la Constitución original y el modelo de democracia estadounidense. No son palabras menores, oiga, es un desafío que sólo Trump puede cumplir contra viento y marea, como ya ha demostrado.
Por primera vez en un siglo, los estadounidenses podrían confiar en que la Constitución, no la política progresista de los demócratas, prevalecería en el Tribunal más alto del país. En cambio, si Joe Biden (y los radicales izquierdistas, muchos de ellos comunistas, que dirigirían su Administración), reemplazarían a los jueces progresistas por otros más izquierdistas aún e incluso tratarían de remover a alguno de los conservadores. Las consecuencias serían devastadoras y duraderas. Este país simplemente no puede permitirse semejante experimento demócrata radical. Necesitamos a Trump y a más jueces conservadores.
Los ciudadanos deben pensar en cómo se sintieron cuando perdieron un par de casos importantes en este período judicial. Y en cómo sería perder cada gran caso en cada temporada judicial. Sin tener siquiera en cuenta la anulación total que haría Biden de la transformación récord del presidente Trump de los tribunales federales de apelaciones. Una catástrofe en toda regla que los ciudadanos sensatos no podemos permitir en modo alguno, y que no permitiremos.
Los conservadores hemos tardado décadas en llegar a este momento, y no podemos dar marcha atrás con la victoria y la reelección de Trump a la vista. No podemos entregar nuestra República y nuestras libertades tan duramente ganadas a una mafia de izquierda que domina el Partido Demócrata y los medios de comunicación. Hoy, el mayor acto de resistencia a la opresión y la revolución de los ciudadanos es votar a Donald Trump en noviembre. Tenemos la responsabilidad generacional de garantizar que Estados Unidos se salve de las manos de los fanáticos socialistas. La libertad vive un momento crucial. Trump y sus votantes somos el último baluarte.