Antes de que se descubriera el fraude de Volkswagen en sus motores diésel, los líderes españoles de los sindicatos internacionalistas UGT y CCOO en las fábricas de Seat y Audi que la empresa alemana tiene en Martorell, Barcelona, se negaron a pronunciarse contra la independencia de Cataluña porque “no tiene por qué afectar al empleo”.
Al contrario, apoyaban el “Pacto Nacional por el Derecho a Decidir” la independencia. Tanto, que Artur Mas los premió con la Cruz de Sant Jordi de 2014 por unirse a la “construcción nacional”.
Además, los subvenciona con siete millones de euros anuales cuyo destino nadie más que ellos controla, y eso aparte de lo que reciben del Estado español.
La implicación secesionista la demuestra la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Mas, Neus Munté, una dirigente de UGT cuya militancia sindical la llevó a la política.
SEAT, fundada por el Instituto Nacional de Industria franquista en Barcelona en 1950, significa Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Quizá deberían llamarle SCAT.
Todavía se desconoce cuánto pagará VW por reformar millones de motores, ni el importe de los muchos miles de millones de multas que deberá cubrir en el mundo.
José Manuel Soria, el ministro de Industria, advirtió que solicitará la devolución de los mil euros por coche concedidos como ayudas a los coches “verdes” fraudulentos.
Pero UGT y CCOO exigen ahora que España no reclame: SEAT proporciona trabajo a 14.000 empleados directos y 45.000 indirectos.
Quieren que los impuestos de los españoles sigan pagándoles las subvenciones, tras traicionarlos cuando desconocían el fraude que ahora hace peligrar su trabajo.
Tendrán suerte: Ángela Merkel intercederá ante el malvado Mariano Rajoy para que no sufran lo que merecen, tanto la empresa por su fraude, como ellos por haberse vendido al separatismo.
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