Bastantes páginas de este libro se han dedicado a explicar el fenómeno del caciquismo, pero casi siempre ha quedado circunscrito al ámbito rural, en una época en que la gran mayoría del país tenía esa naturaleza y cuando las actividades agrarias eran predominantes en la mayoría de las regiones, con las excepciones por todos conocidas.
Pero si una cosa está hoy clara para casi todos es que el caciquismo ha sobrevivido a las transformaciones en todos los órdenes (económicas, demográficas, sociales y políticas) que se registran principalmente a partir de los años sesenta y -en el caso de las políticas- desde finales de los setenta, con la instauración del sistema democrático-burgués. Y no ha sobrevivido como un simple residuo, como algo marginal que ha conseguido resistir la oleada modernizadora refugiándose en recónditos lugares en los que la luz de la democracia no ha sido aún capaz de llegar. En absoluto. El caciquismo está tan vivo como siempre y lo vemos funcionar a pleno rendimiento en todas partes, tanto en las regiones menos dinámicas como en las regiones en las que la modernización económica ha sido más fuerte; tanto en las más grandes ciudades como en los pueblos más pequeños. Por lo tanto, es un error, una limitación, vincularlo con exclusividad al ámbito rural y a la actividad agraria.
Efectivamente, somos muchos miles los radicales exagerados que, con Joaquín Costa, pensamos que " eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituyen el régimen, son la regla"[i].
Antonio Robles Egea, proporciona argumentos que apuntan a que, efectivamente, las corruptelas, en España, son la regla:
"Ante las deficiencias del sistema de financiación oficial, insuficiente para costear los inmensos gastos de enormes aparatos organizativos y gastos electorales, los partidos utilizan la administración o las ayudas de empresas privadas, o particulares, para seguir funcionando. Así, conceden, si es posible, los empleos públicos a los afines o idóneos, e incluso, bordeando la legalidad, adjudican subvenciones a los amigos; las concesiones y contratas se hacen recibiendo algo a cambio. Para ello se utilizan sofisticados métodos que son difíciles de detectar si no es con la denuncia de algún implicado. Este clientelismo de masas es como el aire que respiramos, invisible, y como el agua que bebemos, inodoro. No hubiera sido posible si el Estado no hubiera adquirido las dimensiones que actualmente posee. El Estado de bienestar social es un auténtico Estado-patrón que convierte en clientes suyos a grupos sociales enteros (pensionistas, parados, enfermos, funcionarios, etc.) y utiliza como intermediarios a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales, etc., para integrar en su seno la enorme complejidad de las sociedades actuales"[ii].
Y el propio Cazorla Pérez, en la misma obra, plantea que el problema no se limita exclusivamente al ámbito rural. Apunta, además, a la subsistencia, en la España democrática, de unas relaciones sociales basadas en la apropiación y el control de los recursos de la comunidad por parte de una minoría oligárquica. Esta minoría se encuentra, de esta forma, en condiciones de subordinar a la mayoría que necesita acceder a dichos recursos, que queda sometida a una situación de evidente dependencia personal de carácter semiservil:
"la apropiación controlada, monopolística, y la distribución de "los recursos del bienestar social -muchos de los cuales son formal y explícitamente derechos de los ciudadanos-, [pero que se presentan] como favores" particulares, caracterizan la reciprocidad interpersonal. La cual deja de ser derecho al bienestar para convertirse en un nuevo patronazgo, en una forma de apoyo a ciertos políticos. Cuando se actúa en una economía en parte tradicional y en parte subvencionada, como es la del Sur de España -por citar su variedad territorialmente más extensa, pero no única-, el papel de los políticos locales, en cuanto intermediarios, se realza en extremo. Uno de sus resultados es que el paro endémico, en lugar de ser un arma frente al partido gobernante (a nivel local), se convierte en un recurso de poder, a través de las subvenciones, lo cual es utilizado con gran eficacia por la máquina del partido; ello, aparte de que la distribución de estas ayudas se efectúa veces en función de la afinidad de intereses, y no de circunstancias familiares o personales objetivas"[iii].
Los patrones pueden estar aquí representados por el grupo de empresarios o propietarios privados que ejercen un control oligopólico sobre los recursos económicos, del tipo que sean, en una determinada comunidad. Pero también, efectivamente, por los políticos que, a través de su control sobre la Administración y los recursos públicos, están en condiciones de someter a los que necesitan del acceso a dichos recursos (trabajos estacionales, subvenciones, ayudas sociales, licencias, etc.) para sobrevivir en la comunidad. En realidad, lo normal es que ambas formas de opresión aparezcan combinadas, con lo que la relación de dependencia y el propio sistema de dominación resultan obviamente reforzados. Sobre estas relaciones de opresión económica y social es sobre las que se levanta el sistema caciquil. En los barrios populares de las ciudades, estos mecanismos funcionan tanto como en las áreas rurales. Las asociaciones de vecinos, convertidas en nexo de unión entre la población del barrio y la política municipal, desempeñan aquí un papel fundamental. Por eso muchos de sus presidentes pueden aparecer luego entre los asesores a sueldo de los alcaldes, como sucede, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, donde el caciquismo de Coalición Canaria se ha sustentado siempre en el control social y político de los barrios populares.
Si estudiamos la evolución del sistema político a lo largo de la historia contemporánea de España resulta evidente que las transformaciones acaecidas durante un largo período de más de cien años han sido muy importantes. Sin embargo, también es posible observar que el sistema que se configura a partir de la Constitución de 1876, durante la primera Restauración de la monarquía borbónica, presentaba la misma naturaleza caciquil que el sistema articulado a partir de la Constitución de 1978, en lo que vendría a ser la segunda Restauración de los Borbones. El régimen canovista tenía, en última instancia, la misma esencia que el de la Transición. Cánovas y Sagasta en una etapa; Suárez y González en la otra. Los artífices de ambas restauraciones, unidos por un mismo sistema de gobierno: la monarquía parlamentaria caciquil.
Evidentemente, no soy el único que lo piensa ni el primero que lo dice. Todo un catedrático de Ciencias Políticas, el gallego José Vilas Nogueira ha llegado a afirmar también que " la estructura subyacente del poder político apenas ha mudado respecto de la propia del siglo XIX: un régimen oligárquico-caciquil". Y otro catedrático, esta vez de Derecho Administrativo, sostiene que " vivimos en un Estado de Derecho de papel, no de realidad " y que
"en el fondo, la verdadera Administración y la verdadera actuación administrativa no es la que discurre en los expedientes, resoluciones y sentencias, sino la que se manifiesta en canales informales, en situaciones toleradas y aun clandestinas y en actuaciones estrictamente ilícitas, que son la regla y no la excepción. Y gracias a las cuales podemos decir que existe una Administración"[v].
"En punto a corrupción yo percibo una situación preocupante, una vuelta a los peores tiempos de caciquismo que desde Maura creíamos haber descuajado para siempre y que ahora ha regresado con otras formas y otros estilos. Están corrompidos hasta el tuétano los partidos políticos y los sindicatos, los ministerios de la Administración General del Estado, las Consejerías de las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, los organismos autónomos y las sociedades estatales"[vi].
Y eso que el pucelano Alejandro Nieto se calla muchas de las cosas que sabe, como él mismo, honradamente, reconoce,
"en parte por imperativos de la reserva profesional y más todavía porque temo que si los ciudadanos se enteraran de todo lo que está pasando sentirían tentaciones de echarse al monte y hasta de marcharse de España o, lo que es peor todavía, de alejarse del juego democrático y de la participación pública..."[vii].
Y eso que teme Alejandro Nieto, es lo que temen, sin reconocerlo, Cazorla, Laporta y otros que se han acercado al tema del caciquismo, el clientelismo, la corrupción o cómo sea que cada uno lo denomine. El problema es que las cosas están, efectivamente, para que la gente se eche al monte.
Prácticas caciquiles en la política y en la Administración pública hay muchas y todos podríamos enumerar un buen rosario de ejemplos:
- Prácticas ilegales en las elecciones: llevar a las personas mayores de los pueblos en coche a votar y prácticamente ponerles la papeleta en la mano (en Galiza lo llaman voto carrexado); llamar a la gente del pueblo por teléfono el día de las elecciones para "recordarles" la necesidad de ir a votar; impedir que las personas se sientan libres para ir o no a votar, a sabiendas de que en los colegios electorales están los apoderados de los partidos pasando lista, o sea, controlando quien acude y quien no acude a la votación, con los problemas que una ausencia podría ocasionar en el futuro al abstencionista; empadronamientos masivos de personas en un determinado municipio (a veces en el domicilio del propio alcalde) para que voten a una determinada candidatura a cambio de ayudas económicas o beneficios diversos; compra directa de votos, etc.[viii]
- Prácticas ilegales en las Administraciones Públicas: fraudes en la contratación administrativa, mediante el fraccionamiento de los contratos para que puedan salir como contratos menores y adjudicarse mediante la vía del negociado sin publicidad; contratación de personal interino "a dedo" para que se encuentren en una situación ventajosa a la hora de la correspondiente oposición; cohecho abierto y directo; prevaricaciones varias para beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos; prácticas que se conocen como pork barrel y que consisten en que un importante político a nivel nacional o regional favorece con sus decisiones a un determinado territorio o feudo en el que sustenta su éxito electoral, en detrimento de otros en los que no tiene demasiados apoyos[ix], etc.
Como vemos, la huella del caciquismo en las Administraciones públicas, particularmente en los ayuntamientos, no debe buscarse sólo, ni principalmente, en los sonados casos de corrupción que aparecen a diario en los medios de comunicación, sino en una serie continuada de "anomalías", "irregularidades" y "errores" de todo tipo que caracterizan el ejercicio cotidiano del poder político local en todas las regiones de España.
Son precisamente estas prácticas cotidianas -a las que se unen de vez en cuando los mayores escándalos de corrupción- las que nos permiten reconocer claramente a la vieja administración caciquil latiendo vigorosa bajo las nuevas formas democrático-burguesas instauradas a partir de la Transición. Como ha afirmado Miguel Ángel Torres, el ex instructor de la operación Malaya y actual titular del juzgado de lo Penal número 5 de Granada,
"nos olvidamos de otras formas de corrupción de las que no se habla o no se persiguen: los concursos y las adjudicaciones de obras, la malversación de caudales, los concursos de personal, la utilización de medios públicos para fines privados y los gastos excesivos en la administración, como se ha puesto de manifiesto últimamente".
Pero no vale la pena que nos detengamos mucho ahora en la enumeración de los diversos tipos de cacicadas que se cometen todos los días, en mayor o menor escala, en todo el territorio nacional. Interesaría más reflexionar sobre la incapacidad de las clases dominantes en España para ajustar su sistema de dominación a una legalidad democrático-burguesa de la que, al fin y al cabo, ellas mismas se han dotado. Si son las que hacen las leyes, ¿qué es lo que les impide luego sujetar su actuación a lo que ellas mismas han establecido en su propio ordenamiento jurídico?
Para comprenderlo un poco mejor es necesario salir del ámbito estrictamente político para analizar las bases sociales del régimen caciquil. Porque la política no es, de ninguna manera, autónoma respecto de la sociedad, aunque muchas veces se habla de ella como si lo fuera. Cuando se critica la corrupción política suele obviarse que los políticos no son nada más que los representantes de las clases dominantes. Es la expoliadora y especuladora oligarquía económica que hemos descrito en el epígrafe anterior la que impregna todo el sistema político y administrativo, promoviendo las atrasadas prácticas que todos conocemos.
[...]
[i] Ver el capítulo dedicado al debate sobre el caciquismo.
[ii] Antonio Robles Egea, "Sistemas políticos, mutaciones y modelos de las relaciones de patronazgo y clientelismo en la España del siglo XX", op. cit., pp. 246-251.
[iii] José Cazorla Pérez, op. cit., pp. 295-298 [las cursivas son mías].
[iv] "Un año más de constitución", El Correo Gallego.es, 8-12-2008.
[v] Alejandro Nieto, La "nueva" organización del desgobierno, 1996, pp. 180 y 199 [las cursivas son mías].
[vi]Alejandro Nieto, C orrupción en la España democrática, 1997, pp. 51-52.
[vii] Alejandro Nieto, La nueva organización del desgobierno, op. cit., p. 6.
[viii] Francisco Mercado, "La investigación destapa la compra de sufragios para el PP en Mogán", El País, 27-1-2007.
[ix] Manuel Villoria Mendieta, La corrupción política, 2006, p. 190.
[x] "Torres califica como corrupción el nepotismo que se practica en las administraciones públicas", La Opinión de Málaga, 13 de noviembre de 2008.
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