Un carnet inteligente, la clave del ambicioso plan de salud nacional.

A fin de año, alcanzará a 15 millones de personas sin cobertura; la credencial con un chip almacenará la historia clínica; podría ampliarse al resto de la población; buscan racionalizar gastos. Quince millones de argentinos sin cobertura contarán antes de fin de año con una credencial inteligente que les garantizará las mismas prestaciones básicas que reciben los afiliados a obras sociales o prepagas, si se cumplen los recientes anuncios oficiales de una ambiciosa estrategia de cobertura universal de salud (CUS). Esa credencial o documento nacional de salud, que se presentará a fin de mes, tendrá un microchip para almacenar los detalles de la cobertura del usuario y su ficha médica. Con esto se creará una historia clínica en una base de datos para evitar la dispersión o pérdida de los servicios o tratamientos usados, ya sea en hospitales públicos o centros privados con los que el Estado firme convenios para prestaciones que no brinda. Podrán acceder a este beneficio los argentinos y los extranjeros con residencia en el país. Se podrá tramitar en hospitales y centros de atención. Con el tiempo, según anticipan desde el Ministerio de Salud de la Nación, las obras sociales y las prepagas podrán optar por implementar la misma credencial. Cada vez que un afiliado se atienda, la información de su credencial indicará quién debe pagar por el servicio prestado. Un software que se está terminando de poner a punto agilizará los pagos a 30 días entre el Estado y los subsistemas de salud. ""La idea es que toda la población tenga una cobertura con acceso del PMO garantizado"", dijo el ministro de Salud, Jorge Lemus. Foto: Archivo Cuando una persona con cobertura se atiende en un hospital público hay un par de posibilidades: que la prestación nunca se pague y el Estado se haga cargo o que el pago demore varios meses. Hoy, más del 20% del gasto en salud, que es el 8,5% del PBI, se debe a prestaciones brindadas en el sistema público de salud a beneficiarios de otros subsistemas que nunca se cobran. "La CUS viene a arreglar y reordenar el sistema de salud, que está fuertemente segmentado y fragmentado", dijo ayer a LA NACION el ministro de Salud, Jorge Lemus. "Hay casos que tienen hasta tres coberturas y otros, ninguna. La idea es que toda la población tenga una cobertura con acceso [a la canasta básica de prestaciones] del Programa Médico Obligatorio (PMO) garantizado y equidad en cualquier punto del sistema, sin importar si la cobertura es del PAMI, una obra social sindical o provincial, un programa de asistencia pública o una prepaga", indicó el funcionario. Dos herramientas Lemus comenzó a diseñar el CUS con su equipo hace dos años. Afirmó que para que tenga éxito "es absolutamente necesario" complementarlo con dos herramientas de las que el Estado carece. Una es la posibilidad de que el sistema de atención pública sea capaz de facturar sus prestaciones a terceros de manera rápida y cierta. Con la credencial inteligente de la CUS o la de un afiliado a una obra social, una prepaga o el PAMI, un hospital podrá enviar por vía electrónica el costo de la prestación brindada a la Superintendencia de Servicios de Salud para descontarle el gasto automáticamente a quien corresponda. "Esto le dará al sistema un gran financiamiento que no tenía", afirmó Lemus. La segunda herramienta es un organismo capaz de revisar los tratamientos y procedimientos médicos existentes para determinar su utilidad y la relación entre el costo y la efectividad. Hace 15 días, el Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto de ley para crear una agencia de evaluación de tecnología de salud (Agnet) que cumpla ese papel. "El sistema está muy judicializado, con muchos amparos. La CUS no sólo dará cobertura a quienes no la tengan, sino también a quienes la tienen, pero no acceden como corresponde. Es poder darle un orden y transparencia al sistema -agregó el ministro-. Con la Agnet, si el Congreso la aprueba, vamos a saber con qué evidencia científica cuentan los medicamentos, los aparatos o los procedimientos de uso médico, si ingresan o no a la cobertura universal y, también, que los jueces puedan rechazar o aceptar los amparos." Sólo este año, como publicó anteayer LA NACION, la justicia federal le ordenó al Ministerio de Salud de la Nación que dispusiera la cobertura de 214 reclamos de pacientes. Esto es el 73% de los amparos concedidos el año pasado. Desde 2014, se autorizaron más de 800 amparos. En construcción Las autoridades anticipan que en los próximos meses esperan contar con todas las herramientas necesarias y la entrega de los 15 millones de credenciales para brindar los servicios con el nuevo sistema desde el año que viene. "Mientras, la atención está asegurada", insistieron. En el Ministerio de Modernización de la Nación, en tanto, apuran la carga de una base de datos con la información de cobertura de toda la población y la que se vaya inscribiendo en el CUS (como se indicará a fin de mes) para evitar desde subsidios cruzados hasta prestaciones duplicadas. También hay que esperar que las provincias adhieran al nuevo sistema, lo que comenzaría el lunes próximo durante la reunión del Consejo Federal de Salud en Tucumán. Según pudo conocer LA NACION en los últimos meses, los ministros provinciales y los gremios participaron de varias reuniones para conocer la nueva estrategia. De hecho, Lemus elogió ayer a las obras sociales: "A la hora de devolverles los fondos retenidos injustamente -dijo, por el anuncio de anteayer en la Casa de Gobierno-, los sindicatos ofrecieron de su dinero 8000 millones de pesos para esta cobertura en un fideicomiso. Es un aporte de la seguridad social al resto del sistema". Por su parte, José Luis Lingeri, titular del gremio de Obras Sanitarias, ayer devolvió la gentileza en diálogo con LA NACION: "Todos los anuncios (de anteayer) fueron fundamentalmente para las obras sociales. Los destinatarios mayoritarios de todo esto, que son alrededor de 14 o 15 millones de beneficiarios, entre el sector privado y las obras sociales, representan el 70% de la población". "Las prepagas tienen cuatro millones o menos de beneficiarios; casi el 60 o 70% se nutre de las obras sociales. Si fuese por el aporte que están haciendo las obras sociales, a lo mejor las prepagas hoy tendrían un millón de personas afiliadas", indicó Lingeri, que fue clave en la negociación entre el Gobierno y los sindicatos para recuperar más de 29.000 millones de pesos.
Por Fabiola Czubaj, Diario La Nación