Un cierre anunciado

Comparto la preocupación del colectivo de profesionales adscritos al servicio Heldu, ante el cierre anunciado por el Gobierno vasco para el próximo 15 de julio.  Entiendo su inquietud y su malestar, no sólo por la pérdida de 23 puestos de trabajo, sino también, y sobre todo, por el desamparo jurídico y social al que se condena a la población inmigrante en Euskadi. Como impulsor de este proyecto, tan necesario como útil y justificado, sólo puedo lamentar la decisión del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, que implica la paralización de la tramitación de aproximadamente 34.000 expedientes de asesoramiento legal a otros tantos inmigrantes.

Una vez más, queda constatado que el recorte de prestaciones sociales recae siempre sobre la población más vulnerable e indefensa, que pierde derechos legítimos, ante la intransigencia y la intolerancia de una Administración pública, sumisa  ante el capital y el mercado e insensible y déspota ante los sectores más débiles y desprotegidos.  Heldu ha cumplido ocho años desde su creación en 2002 y ha demostrado, en este periodo,  eficacia, eficiencia y profesionalidad.  Ha sido un referente para las personas inmigrantes y las ONG,s que trabajan en este ámbito, pero también para los Ayuntamientos que recurrían a sus servicios para orientar a un colectivo, que sobrevive, en gran parte,  en situación de irregularidad administrativa.  

HELDU nace con un doble objetivo: por un lado, brindar  asesoramiento jurídico-social a las personas inmigrantes extranjeras que viven en  nuestra comunidad; por otro,  colaborar con los servicios sociales de base para que éstos puedan atender con mayores garantías a las personas inmigrantes extranjeras que sufren grave riesgo de exclusión por carecer de documentación. Heldu ha informado y tramitado de forma gratuita solicitudes de permisos de residencia, o residencia y trabajo, que ahora quedarán en manos privadas, en algunos casos más interesadas en el lucro personal que en la vocación de servicio público. Todo ello por no hablar de las mafias, de las que hemos conocido más de un caso.  

La pregunta es obvia: quién dará a partir de ahora respuesta a los menores no acompañados, a los jóvenes que estén bajo la supervisión reeducativa de justicia juvenil del Gobierno Vasco, a las mujeres inmigrantes extranjeras víctimas de maltrato y a su unidad familiar,…  ¿A qué puerta llamarán los servicios de los Ayuntamientos y las propias ONG,s? Siento una profunda decepción por el cierre de Heldu y me apena profundamente esta medida, que lesiona derechos fundamentales, perjudica la convivencia y  no ayuda en nada a la integración y a la inclusión social de las personas inmigrantes. Creo que todavía hay tiempo para rectificar, aunque me temo que falta voluntad.

El PSOE debería mostrar más sensibilidad y humanidad en este tema.  Se empieza por no reconocer a la población inmigrante no regularizada y se termina por detenerles como si fueran  delincuentes,  aunque sean trabajadores y. en muchos casos, víctimas de la explotación laboral.  Arizona, en Estados Unidos,  es el mejor ejemplo de esta forma de actuar, que convierte en sospechosa a toda la población hispana, que puede acabar en la cárcel y ser expulsada, sin que importe que lleve toda una vida residiendo en el país de la democracia y las libertades (¿?).  La policía  está autorizada a interceptarles en la calle si su vestimenta no les parece lo suficientemente yanqui o muestran nerviosismo ante la presencia de las Fuerzas de Seguridad.  Su crimen, carecer de papeles.