La conclusión principal que emerge de la victoria, por once puntos de diferencia, en las elecciones del domingo pasado, es que Chávez mostró que conserva su blindaje frente a la desorganización económica por la que atraviesa Venezuela, los índices enormes de delitos y la desvalorización de los salarios de los trabajadores de la gran industria y servicios. La campaña internacional de sus adversarios para perforar la fortaleza de Chávez en la gran masa empobrecida no tuvo efecto: el cabeza a cabeza en los resultados, que anunciaron hasta último momento todas las usinas de comunicación del universo, acabó en el ridículo cuando se abrieron las urnas. Si bien Chávez vio reducido su apoyo en siete puntos porcentuales en relación con las presidenciales de 2006, la concurrencia masiva de votantes compensó esa disminución en el número absoluto de los votos. Chávez dio vuelta los resultados, en relación con las parlamentarias de 2010, en dos estados claves como Miranda y Zulia, y solamente perdió en los occidentales Táchira y Mérida.
Por más que Capriles contrató el asesoramiento de estudios vinculados con el gobierno brasileño, lo que se tradujo en un lenguaje ‘social’ y a favor de la “unión nacional”, la campaña demostró que la divergencia básica entre los dos campos enfrentados sigue como en el primer momento. En su programa de gobierno, Capriles declaró que pondría a PDVSA a producir petróleo y abandonar “la cría de pollos o la construcción de viviendas sociales”, que es el núcleo de la asistencia social con la que el chavismo pretende defender “la redistribución de los ingresos”. PDVSA representa la mitad del producto interno de Venezuela y el 95% de sus exportaciones y divisas. El planteo opositor mantiene el objetivo fundamental de la derecha, de internacionalizar a PDVSA y convertir a sus actividades en objeto de beneficio de los fondos financieros internacionales. Chávez desplegó una propaganda enorme para destacar esta diferencia, y hasta se empeñó en una crítica detallada del programa de Capriles.
En honor a la verdad, Chávez inició su gestión, en 1999, con un programa similar al de sus adversarios, con la llamada “apertura petrolera” y un programa de “estabilidad” que podía provocar la envidia del más pintado de los ‘neoliberales’. Pero dio luego un giro radical cuando el precio del barril pasó de 8 a 100 dólares y cuando la movilización popular que derrotó el golpe de abril de 2002 creó un nuevo marco histórico de gobierno. La “redistribución de los ingresos”, que elogia incluso el Banco Mundial, cuando apunta a la menor desigualdad que hay en Venezuela respecto del resto de América Latina; esa “redistribución de ingresos” no ha modificado la estructura de clases de Venezuela ni ha hecho avanzar la industrialización del país que, en realidad, ha retrocedido. Tres semanas antes de los comicios, Chávez convocó a la misma derecha (textualmente) a votar por él, para evitar la guerra de clases y poder conservar sus privilegios.
Bloqueo político
La otra conclusión de fondo de las elecciones venezolanas es el agudo bloqueo político en que se encuentran las masas. No solamente porque el voto a Chávez implica, hasta cierto punto, ‘más de lo mismo’ (desorganización económica, inflación, delitos, empobrecimiento). Una grandísima parte de la clase obrera y del movimiento sindical, que enfrenta la regimentación del gobierno y el congelamiento y manipulación de las convenciones de trabajo, votó en masa por la derecha, en función de su discurso ‘democrático’. Impera la división y por sobre todo la desorientación.
Se está pagando el precio del larguísimo período de seguidismo de la izquierda y el sindicalismo combativo al chavismo. Esta situación es muy pedagógica para comprender la situación en Argentina, donde el Partido Obrero ha llevado adelante una empecinada diferenciación política del kirchnerismo y logrado, sobre esta base precisamente, una fuerte penetración en el movimiento obrero, la juventud e incluso la ‘opinión pública’ en general.
El bloqueo de la situación política venezolana se manifiesta en el extremo que ha alcanzado la ausencia de una sucesión política de Chávez. De aquí en más están previstas diversas elecciones parciales (gobernadores, municipales, parlamentarias) donde son previsibles derrotas de oficialismo, algo que seguramente neutralizará el alcance político de los resultados del domingo pasado. Chávez advirtió que “profundizaría la revolución”, en alusión a aumentar la jurisdicción legal de las juntas comunales, que operan al margen de las autoridades municipales e incluso los gobernadores. Aunque defienda la Constitución Bolivariana, cada vez que abre la boca, Chávez anuncia un conflicto constitucional de peso. Consciente de su lugar único en la política de Venezuela, Chávez ha limitado la sucesión política de su gobierno a una situación de crisis, que podría ser causada por su incapacidad para gobernar como consecuencia de su enfermedad. En ese caso, el árbitro de la sucesión no será el partido de gobierno, ni las juntas comunales, ni cualquier otra encarnación ‘militante’, sino las fuerzas armadas.
Chávez ha establecido para esto, recientemente, un Consejo de Estado, que se haría cargo del gobierno en esos casos. Capriles procuró, vanamente, acercarse a las fuerzas armadas, cuando anunció que nombraría, en caso de ganar las elecciones, a un general en actividad como ministro de Defensa. Fue el ejército -más precisamente, la brigada de paracaidistas- el que zanjó la crisis provocada por el golpe de Estado de abril de 2002. Desde entonces, el chavismo homogeneizó la cúpula militar, pero es menos claro el impacto que podría estar teniendo la desorganización económica en los escalones inferiores de las fuerzas armadas.
Estabilidad política
La victoria de Chávez no hizo fruncir el ceño al establishment capitalista internacional. Y con razón. A partir del ingreso de Venezuela al grupo de países que colaborará con las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las Farc, el gobierno de Chávez se ha convertido en una pieza de estabilidad política para el conjunto de intereses capitalistas que operan en la región. Lo mismo vale para su ingreso al Mercosur, que somete a Venezuela a reglas capitalistas inconfundibles. Los conflictos internacionales en los que está involucrado el gobierno de Chávez no dependen de lo que ocurra en Venezuela sino de una vasta negociación internacional, que involucra a China y Rusia, y que tiene dividido al establishment norteamericano.
Las contradicciones del ‘modelo’ bolivariano y el avance de la crisis mundial, podrían minar a corto plazo la gobernabilidad del país. PDVSA se encuentra en situación de semi-quiebra: uno, como consecuencia de una deuda externa creciente; dos, por un déficit operativo debido al desfasaje del tipo de cambio, que deberá llevar a una nueva devaluación de la moneda nacional. Esta situación podría verse fuertemente afectada por el desarrollo, por ejemplo, de la crisis en China, gran demandante de petróleo, y del ingreso de Irak como oferente al mercado petrolero mundial; de un modo general, pareciera que las mineras y combustibles estarían enfrentando un nuevo ciclo bajista.
El estudio de la experiencia venezolana refuerza la conclusión que señala la necesidad imperiosa de una enérgica diferenciación socialista respecto del nacionalismo y por la emancipación de la tutela política de este nacionalismo sobre la clase obrera y los explotados. La preminencia del nacionalismo, en la medida en que bloquea la intervención independiente de las masas, empuja a muchos sectores de ellas, en circunstancias económicas desesperantes, a la derecha. La tarea de la izquierda revolucionaria es desarrollar y potenciar la tendencia de los explotados a una acción histórica independiente.
Jorge Altamira