Un decreto aclara qué deben cubrir las prepagas en tratamientos de fertilidad.

La ley 26.862, que garantiza el acceso en forma gratuita a tratamientos de reproducción asistida, está sancionada y reglamentada desde 2013. A pesar de esto, hasta ahora las parejas que querían recurrir a tratamientos de fertilización se encontraban con varios obstáculos. Esto se debía a las diferentes “interpretaciones” que hacían las obras sociales y prepagas sobre el alcance de la cobertura. A partir de ayer, esto cambió ya que, a través de un decreto ministerial, se aclararon algunos aspectos regulatorios de la norma. El detalle, que fue publicado ayer en el Boletín Oficial, suma precisiones sobre los tratamientos: cuáles son, qué incluyen y cuándo arranca y termina cada uno de ellos. “Hasta ahora, la ley decía que se podían realizar tres intervenciones de alta complejidad, aunque no se aclaraba muy bien qué comprendía cada una. Entonces, en la práctica cada prestadora cubría lo que creía que correspondía”, explica a Clarín Sergio Papier, presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva (ALMER). Y agrega: “Por esto, muchas veces cada transferencia de embriones era considerada como un tratamiento aparte”. Con la ampliación formalizada ya no se podrá utilizar el criterio de cada obra social para la aplicación de la ley. “Ahora queda claro que un tratamiento incluye la estimulación ovárica, el proceso de aspiración de los óvulos, su fecundación y la transferencia de los embriones”, enumera Papier y remarca que “en el texto también especifican que se puede hacer hasta tres transferencias como parte de la misma intervención”. Según el experto en medicina reproductiva, el agregado debe entenderse como un “logro” que va a “aumentar las chances de embarazo en todos aquellos que recurran a estas técnicas con la intención de formar una familia, ya que les va a permitir efectuar hasta nueve transferencias (de realizarse los tres tratamientos contemplados por ley)”. Gisela de Anton, presidenta de la Asociación Civil Concebir, concuerda con Papier en que lo añadido a la reglamentación es un “gran avance, que sirve para proteger a los pacientes”. “Con las técnicas de alta complejidad teníamos muchos problemas. Gracias a este detalle ahora quedó definido el momento de inicio y cierre de cada intervención y esto para nosotros es un alivio”, aseguró de Anton, quien resaltó que “recurrir a estos tratamientos en forma privada es muy costoso: cada uno cuesta entre 60 mil y 140 mil pesos”. Se estima que una de cada seis parejas tiene dificultades para concebir y que la mitad recurre a un tratamiento de fertilización para concretar el deseo de ser padres. Las modificaciones incorporadas no sólo beneficiarán a todos ellos, sino también a las mujeres que quieran ser madres solas y a las parejas homosexuales que tengan el mismo sueño. Durante 2016 se llevaron a cabo 21 mil tratamientos en el país. Y los especialistas sostienen que con la mejora en la implementación de la cobertura, el número se podría duplicar en los próximos años.
Por Paula Galinsky, Diario Clarin