Un escándalo de impunidades y entregas controladas

EL CASO DE LOS HIJOS DE LOS BRIGADIERES PRESOS EN ESPAÑA POR TRAFICAR 944 KILOS DE COCAÍNA

Allanan Ezeiza en busca de los registros originales de salida de los Juliá y Miret

Publicado el 16 de Enero de 2011

Por Juan Alonso El juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania, secuestró la documentación generada por Aduana, Migraciones, ANAC y PSA sobre el avión que partió el 1° de enero a las 20:44 a Cabo Verde y fue detenido en Barcelona a las 15 horas del 2 de enero.

El juez Alejandro Catania está detrás de una pista que considera posible en el escándalo de impunidades y “entregas controladas”. El avión Challenger 604, matrícula N600AM, a cargo de la empresa argentina Medical Jet de los hermanos Gustavo Adolfo Juliá y Eduardo Juliá Noceti, pudo ser cargado, según fuentes de ese juzgado, con 944 kilos de cocaína en algún punto del país antes de partir a África. Por eso, deslizaron en la tarde de ayer que buscan chequear cada uno de los documentos originales en donde constan los controles que realizó la Aduana, Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) sobre el plan de vuelo y la aeronave que salió de Ezeiza a las 20:44 del 1° de enero rumbo a la isla de Sal, en Cabo Verde –según los registros–, con tres pasajeros a bordo.
Hay un dato que al juez lo tiene intranquilo. No comprende cómo fue que la Aduana, con el aval del llamado “canal rojo” de máximo control sobre todo el avión (bodega incluida), no pudo detectar con el jefe de inspectores que estaba a cargo aquella noche, un presunto camuflaje de la droga en ese espacio para 20 asientos, dominado por la impunidad de apellidos ligados a la corruptela aeronáutica, la Fuerza Aérea y el pasado de la dictadura genocida.
En suma, el magistrado pretende confirmar lo que publicó Tiempo Argentino el miércoles 12. Este diario reveló –antes que cualquier otro medio y con facsímiles de documentos oficiales– que los formularios no registraron ningún tipo de carga en el avión valuado en 30 millones de dólares, propiedad de la compañía South Aviation Inc.
Es decir, que si Matías Miret y los hermanos Juliá pasaron por sobre todos los controles del Estado con éxito, tuvieron que contar de mínima con la complicidad de integrantes de algunos de los organismos que intervinieron. El hangar de Morón donde la aeronave estuvo estacionada desde que llegó de Aruba, el 6 de noviembre, es un lugar demasiado frágil en sistemas de seguridad. Y muy cerca de allí funciona una base de la Fuerza Aérea. Quizá por eso, la ministra de Seguridad Nilda Garré pasó a disponibilidad a uno de los hermanos de los imputados, el comodoro Guillermo Juliá, quien ostentaba el poder necesario como para pasar por alto cualquier control de la ANAC en torno al páramo alambrado de Morón donde el Challenger estuvo hasta entrada la tarde del 30 de diciembre de 2010.
Al revés de Ezeiza, donde quedó comprobado –tal como se adelantó también aquí en la edición del 14 de enero– que el avión no recibió carga alguna mientras estuvo en el Sector 2, Posición 25 B, frente a la Terminal, desde las 17:35 del 30 de diciembre de 2010 hasta las 20:44 del 1° de enero cuando decoló para cruzar el Atlántico con 6750 litros de combustible, provistos por Esso a las 20:20 del 1°.
Lo cierto es que el juez Catania tiene más de 50 horas de grabación que produjo y dirigió la Aduana con sus propias cámaras y grabó la PSA. Pero algo no cierra y las sospechas judiciales giran entorno a los organismos. Lo que llama todavía más la atención, por de tratarse de un hecho de tráfico de cocaína investigado con anticipación por las autoridades judiciales y policiales de España y la Argentina –así se lo confirmó el viernes, Alfredo Pérez Rubalcaba, número dos del gobierno español, a una periodista de este diario, en Madrid: ¿Cuál es la fuerza de seguridad nacional que intervino en la inteligencia previa de la operación Buenos Aires, Cabo Verde, Barcelona?
Mientras la justicia española mantenga el secreto de sumario en la causa, no se sabrá cómo llegaron a detener a los hijos de los brigadieres.
Sin embargo, se sabe que el trío realizó una logística previa a caer presos. Las planillas de “Movimiento de Matrícula” producidas por la Fuerza Aérea destacan datos de los viajes de los acusados, revelados por este diario la semana pasada.
El 18 de diciembre, Eduardo Juliá completó vuelos de prueba en la zona aérea de Morón. Pero diez días antes, desde el 7 de diciembre, se registraron aterrizajes en Aeroparque y Mar del Plata. De el 7 al 8 de diciembre, la Fuerza Aérea destacó cuatro “movimientos en el aeródromo”. Pero no fueron los únicos viajes sospechosos de los Juliá y Miret. El 16 de abril de 2010 volaron a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, luego fueron a los Estados Unidos para cerrar el trato por el avión y se trasladaron a España en sucesivas ocasiones antes de ser detenidos por la Guardia Civil.
Otro punto clave que sigue el juez es la ruta del dinero de la familia. Tiene en su escritorio un “Cuadro sintético de conexiones societarias” realizado por la AFIP. Medical Jet está integrada por Gustavo y Eduardo Juliá, Fernando Currais, Carlos Burgueño, y Eduardo Vidal. La empresa fue fundada por José Juliá, el padre de los detenidos, en 1994. La otra empresa bajo la lupa es Federal Aviation, en la que están asociados Gustavo Juliá, su amigo Carlos Luaces, Amelia Domínguez y José Fernández. El piloto más experimentado, Matías Miret (hijo del ex secretario de Planeamiento y referente de la dictadura de Videla, José Miret) posee una empresa llamada Terim SA, dedicada a servicios inmobiliarios.
En el caso de Medical Jet, el avión decomisado en España fue contratado a la empresa South Aviation Inc, radicada en Miami. Los Juliá también operaban otros aviones, a saber: N348MC; N877DM; N173TR; N803F; N537WB; N90PW; N908W; N697NC; N757M; N98FT, N3564MD y N634PG.
Nada mal para ser hijos de militares que juraron honrar el sagrado uniforme de la Patria.

Publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 16 de enero de 2011

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