Es verdad que la Justicia no es igual para todos. Eso ha quedado confirmado frecuentemente. Cuanto más importante se es, más impunidad. Y no es sólo cuestión de tener más recursos que también. Los más poderosos gozan de privilegios que no tienen la mayoría de los ciudadanos.
Por eso, es de agradecer que haya jueces que cumplen con su obligación, capaces de intentar --a pesar de las presiones, de las insidias y de los aparatos del Estado que se ponen en marcha para pararles—, que la Justicia funcione de forma igualitaria para todos.
Recordemos a Garzón, condenado y muy condenado por cuestiones de forma para parar los procesos Gürtel y de Víctimas del franquismo. Otro juez que ha sido azotado por su propia jerarquía ha sido Elpidio José Silva, acorralado, castigado y denostado por llevar a la cárcel al “pobre e inocente Blesa”, ya saben el Santo de Caja Madrid.
Hoy, hay otro juez –al que casi habríamos de considerar un héroe por cumplir con su obligación— que ha dado un paso hacia la Justicia y la Igualdad: el juez Castro que ha imputado a la Infanta Cristina. ¡Ya era hora! Y digo que es casi un héroe porque ha tenido que luchar contra la Fiscalía, que de forma inverosímil la desimputó, y contra todas las instancias que defienden ciegamente a la Casa Real.
Un juez que ha tenido todo tipo de presiones y que sin embargo, sin prisa pero sin pausa, ha ido dando todos los pasos para poder imputar a la Infanta. Ha ido recogiendo todos los datos necesarios para que no haya ninguna duda. Aunque hay una posibilidad legal –increíble pero cierto-- que pueda evitar que la Infanta declare ante el juez: que el Fiscal y el Abogado del Estado pidan el archivo de la causa. ¡Sólo faltaba eso para darnos cuenta de los cambalaches que se ciernes en los podridos tejados del Estado!
Castro ha demostrado ser un juez cabal, un juez justo, una excepción si lo comparamos con otros, capaz de luchar contra corriente, contra sus propios colegas, contra la Casa Real o contra el gobierno y otras instancias judiciales y políticas.
Hoy, gracias a José Castro Aragón podemos decir que al menos una parte de la Justicia actúa con coraje, con neutralidad y con contundencia. Porque todos sabemos que si los presuntos delitos que se le achacan a la Infanta, los hubiera cometido presuntamente otra persona estaría imputada desde hace tiempo.
En estos momentos, podemos decir que el año 2014 no ha empezado nada bien para la Monarquía. Esta imputación vuelve a cuestionarla y si a eso sumamos la intervención del monarca de ayer, cuyos titubeos y dificultades de expresión hacen presumir una incapacidad para estar al frente de la Jefatura del Estado, podemos suponer que es un momento idóneo para reivindicar la III República, como sustitución en la cabeza del Estado que pueda limpiar las miserias de esa institución.
El juez Castro ha imputado a la Infanta por los presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales. El auto del juez contiene 227 páginas y pone en su lugar lo que muchos pensábamos, entre otras cuestiones, la imposibilidad de que Aizóon se creara sin el consentimiento de la Infanta y la implicación de la Infanta en operaciones ilícitas que dicha empresa desarrolló.
Ahora veremos cómo actúan las altas instancias del Estado, pues si mala es la imputación para la Casa Real, peor podría ser que intervinieran para dejar sin acción la decisión del juez Castro. Significaría la total falta de confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos, algo grave y de impredecibles consecuencias.
Salud y República