Hace una semanas os comentábamos que hay bebés que han muerto por los presuntos daños causados por vacunas. Uno de ellos se llamaba Álvaro y sus padres están luchando en los tribunales de Justicia para que se depuren responsabilidades. Un juez obliga ahora a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a entregarles copia de la vacuna sospechosa para estudiarla.
La investigación del fallecimiento de Álvaro está liderada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Mérida (Extremadura-España). Álvaro murió con 19 meses de edad a consecuencia (en un principio) de una encefalitis aguda que posteriormente ha sido diagnosticada (de nuevo) por el Instituto de Medicina Legal (IML) de Badajoz como encefalopatía. El origen de la misma está por determinar pero todas las sospechas recaen de manera directa sobre la partida vacunal administrada al bebé el 25 de mayo de 2013.
José Antonio Narváez, padre de Álvaro y portavoz de la familia.
La familia denuncia las causas de lo que considera “demora-obstrucción de la instrucción judicial”:
Las instituciones sanitarias y científicas competentes NO FACILITAN LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL. Es triste decirlo. Aun cuando se trata de un asunto de especial trascendencia para la salud pública, para la Comunidad y para la ciudadanía.
Ninguno de los centros de investigación científica a los que nos hemos dirigido judicialmente ha cumplimentado el estudio sobre la encefalopatía postvacunal solicitado judicialmente”.
Todos hasta la fecha se resisten a abordar el estudio postvacunal. ¿Por qué? El Instituto de la Salud Carlos III (a través del Área de Virología del Centro Nacional de Microbiología) descartó en un primer informe, a instancia judicial, todos los agentes externos de una encefalitis.
Con posterioridad fue requerido (por segunda vez) para estudiar la causa postvacunal pero no quiso continuar con la investigación iniciada, negando su competencia jurídica (en un segundo informe) y aduciendo que el estudio postvacunal que le pedía el Juzgado era un asunto de la medicina legal y forense.
Invocó además -continúan estas personas- consideraciones peregrinas, algunas de ellas totalmente confusas-engañosas para los destinatarios del informe (el Juzgado y la familia afectada). Gracias al Juzgado de Instrucción seguimos investigando y es ahora el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCCFF) de Sevilla quien nos da respuestas confusas, claramente peregrinas, informando una y otra vez de lo que ya sabemos por vía del IML de Badajoz, y de nuestros peritos, que “no es ni ha sido una encefalitis” vírica. Pero no nos dicen qué ha sido. Es lamentable”.
Esta familia extremeña se hace muchas preguntas que las autoridades sanitarias parece que no quieren responder:
¿Por qué no quieren investigar la causa postvacunal? Es un asunto que podría mejorar la salud publica y evitar tragedias a otras familias; puede ayudar a otros bebés. deben despejar nuestra insistente sospecha. ¿Por qué los profesionales de los que era paciente mi hijo en el Centro de Salud San Luis de Mérida no han notificado la sospecha de reacción adversa a la vacuna después de nueve meses? Nosotros como padres sí lo hicimos, cumplimos con nutra obligación ciudadana. Ellos no y es su obligación”.
A pesar de los obstáculos intencionados, la familia de Álvaro no pierde la esperanza. Más si cabe cuando la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios por fin ha remitido al INTCCFF de Sevilla las copias de seguridad de la vacuna Infanrix IPV+Hib, para despejar la sospecha y proceder al estudio postvacunal, si nuevamente (por tercera vez) lo acuerda el Juzgado de Instrucción. Falta ahora por requerirles judicialmente la vacuna Prevenar 13, administrada al bebé junto a la anterior.
Mientras la familia continúa preguntándose:
¿Podremos saber algún día qué le pasó a nuestro hijo? ¿Qué pudo provocar la encefalopatía diagnosticada a nuestro pequeño?
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