Un juicio que sienta precedente

Por Luciana Franco y Daiana Melón 

Durante los meses de junio, julio y agosto de este año se llevó adelante en la capital de la provincia de Córdoba el primer juicio por contaminación con agroquímicos, en el que se juzgó a dos productores agropecuarios y un aerofumigador. La causa se inició a partir de las denuncias de un grupo de madres del Barrio Ituzaingó Anexo, ubicado en el sector sur de la ciudad, el cual se transformó en un emblema de la lucha contra las fumigaciones con pesticidas.

Desde el año 2002, los vecinos comenzaron a realizar relevamientos en la zona ante el notable aumento de los casos de cáncer infantil y en adultos, malformaciones congénitas, leucemias, abortos espontáneos, hipotiroidismos, entre otras enfermedades. Durante la realización del juicio, se presentó un estudio realizado por personal de la Unidad de Pronta Atención 28, llamado “Estudios de biomarcadores de exposición en población infantil del barrio Ituzaingó Anexo”, en el cual ratificaron que aproximadamente el 80% de los niños del barrio poseen entre dos y seis agroquímicos en la sangre.

Ante los continuos reclamos del grupo de Madres de Ituzaingó, se sancionaron en la ciudad de Córdoba las ordenanzas municipales N° 10505, Nº 10589 y Nº 10590, que declaron la Emergencia  Sanitaria  Municipal  en  el  Barrio,  prohibieron las fumigaciones aéreas y establecieron una distancia  mínima para las fumigaciones de 2500 metros de los ejidos urbanos, respectivamente.

En el año 2004, se radicó la primera denuncia a un productor agrario de la zona por violar las  distancias mínimas establecidas para la aplicación del pesticida. En el 2008, el por entonces Subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba, Dr. Medardo Ávila Vázquez, denunció que en un campo lindero al Barrio se estaban realizando fumigaciones aéreas, a pesar de las prohibiciones sancionadas en el municipio.

El 22 de agosto, se conoció la sentencia en la que determinaron la culpabilidad dos de los tres acusados. El productor agrario Francisco Parra fue encontrado responsable del delito de contaminación dolosa, sentenciado a la realización de trabajos no remunerados durante diez horas semanales por cuatro años, e inhabilitado por ocho años para realizar aplicaciones de agroquímicos. Por su parte, el aeroaplicador Edgardo Pancello fue encontrado coautor del delito, teniendo que realizar trabajos comunitarios ocho horas a la semana durante cuatro años y siendo incapacitado por diez años para usar pesticidas. Mientras que el productor Jorge Gabrielli fue absuelto.

Entrevista a Sofía Gatica, Madre de Barrio Ituzaingó Anexo y  ganadora del premio internacional Global Enviromental Prize.

-  ¿Cuáles fueron las sensaciones y sentimientos que se cruzaron en el momento que se dictó el fallo?

El fallo no fue a favor nuestro, si bien todos dicen que va a ver un antes y un después, porque fumigar es un delito, el problema es que a nosotros, estos señores nos han envenenado por doce años, han dejado la tierra toda contaminada, el aire todo contaminado, y nuestros hijos tienen agroquímicos en nuestra sangre. Entonces nosotros creemos que sí hay delito y son culpables, tenían que ir presos.

- ¿Cómo continúa la lucha ahora?
Nosotros vamos a ir a organismos internacionales, porque no fue justo lo que pasó, acá en el barrio hay muchísima gente con cáncer, hay muchos estudios donde dicen que el barrio está contaminado, es inhabitable. Estudios oficiales dicen que el 33% de la población muere por tumores, entonces lamentablemente la  justicia no fue favorable para nosotros, porque tendrían que haber ido presos, porque han matado a personas, vamos a recurrir con la ayuda de Pérez Esquivel, a organismos internacionales a buscar respuestas.

Es muy angustioso ver pasar a vecinos que han perdido a sus seres queridos, y que nos digan que no hay evidencia  que el glifosato produce malformaciones o cáncer y saber que en nuestro país no se valoran las evidencias que hay. En otros países, en el primer mundo, en Europa por ejemplo, se podría tomar como evidencia lo que ha pasado con nosotros con el Glifosato y el Roundup Ready (nombre comercial del pesticida utilizado en las plantaciones de soja transgénica).

- ¿Existe la posibilidad de una instancia de apelación?

Hay, pero no sabemos si la van hacer los querellantes, porque tenemos que esperar la reproducción que creo que es el 4 de septiembre.

- ¿Por qué crees que no la van hacer?

Nosotros no somos querellantes somos solo testigos, vamos a ser querellantes en la causa que va a empezar dentro de un mes, donde pedimos que vayan al banquillo todos los funcionarios que intentado ocultar la problemática del  Barrio Intuzaingó.

Más allá de las indemnizaciones, a nosotras no nos van a devolver la salud de nuestros hijos, a mí no me van a devolver a mi hija fallecida, ni me van a devolver sanos a mis hijos que tienen agroquímicos. Nosotros queremos que se haga justicia, que si son culpables que vayan presos, y paguen, que paguen ellos el dolor que nosotros sufrimos. Ustedes pensarán qué queremos nosotros, no queremos venganza, queremos justicia por nuestros hijos, y por la gente fallecida. Ha sido muy injusto lo que pasó acá.

En Europa, van a prohibir la semilla que entra de Argentina, al primer mundo, en octubre, y nos llaman como evidencia a nosotros, del Parlamento de  la Unión Europea (UE) para llevar lo que está pasando acá y tratar de prohibir la semilla en Europa. No somos  evidencia para Argentina y para el resto sí, para el Parlamento de la UE sí, que van a poder ir contra los transgénicos allá. Y acá como una burla, la presidenta, el gobernador, el intendente, quieren poner Monsanto, la segunda multinacional más grande que daña y enferma a miles de personas, acá en Córdoba, en Malvinas.

 Lo que nos dejó este juicio es una pauta de que el Estado nos dice no, defiéndase solos, háganse cargo solos, el Estado no existe, la justicia no existe. Y como esa fue su respuesta vamos a tener que salir a la calle, vamos a salir, vamos a defender nuestros derechos y vamos a impedir que Monsanto se instale acá.

Entrevista al Dr. Medardo Ávila Vázquez, ex subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba

- ¿Qué conclusión podría sacar habiendo terminado el juicio y habiéndose encontrado culpables a dos de los tres imputados?

Mostramos que estamos en el camino justo, en nuestro reclamo de justicia  y de que esto era un delito, o sea que fumigar en áreas pobladas era un delito ha quedado establecido hoy claramente. Es  una decisión que tiene valor hoy para todo el país, en todo el país no se puede tirar más veneno para beneficiarse económicamente, contaminando el ambiente donde viven familias enteras.

Acá la justicia ahora tiene que actuar, parar las fumigaciones que contaminan y detener, porque esto está condenado por el código penal, detener a los que llevan adelante esta práctica, acá se ha condenado  al aviador, que es el área de mayor toxicidad de agresión química sobre la población, que son la fuerza aérea sojera, y se ha condenado también al productor sojero.

 Pero sí nos queda el sabor amargo de que el castigo no es suficiente para reparar los daños que humanos que vivimos, de las familias que han sido golpeadas por las enfermedades. Era gente que no tenía antecedentes, entonces lo más probable es que le den condena a tres años de cumplimiento opcional, o sea que no van a ir a cárcel efectiva peor sí a quedado en claro que de ahora en adelante la policía tiene que estar del lado nuestro, tiene que ir a pagar las fumigaciones. Y bueno, se abre un panorama de lucha nuevo para todos los sectores que venimos llevando esta gesta en contra del agro negocio, en contra de Monsanto, en contra de las políticas extractivistas de nuestro país.