Un puente a favor de los derechos migratorios

Muchas mujeres migrantes bolivianas no tienen acceso a información ni a insumos como los métodos anticonceptivos. En ocasiones tampoco logran hacerse entender en hospitales y centro de salud debido a diferencias culturales. Una estrategia de comunicación dirigida a la población migrante y a las y los efectores de salud.

Hace 11 meses en una reunión binacional entre Bolivia y Argentina por la situación de la población migrante boliviana, se diagnosticó que la falta de acceso a la información en torno a sus derechos vulnerabiliza al colectivo de mujeres usuarias del servicio de salud pública. También que existe una brecha entre la legislación en materia de migración y salud de las mujeres y la implementación de políticas públicas respecto de ese marco. Tras ese encuentro el Estado argentino, Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil confluyeron en un proceso que dio como resultado una campaña para promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes.

Esta estrategia de comunicación basada en cuñas radiales y material gráfico fue presentada hace unos días en el Centro de Informaciones de Naciones Unidas (CINU). Allí la oficial de enlace de la delegación del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) Eleonor Faur explicó que 'casi un 60 por ciento de las migrantes bolivianas que dan a luz en maternidades públicas de Buenos Aires (donde se concentra el 60% del total de la población proveniente de Bolivia) no planifica el embarazo. Menos del 40 por ciento de esas mujeres utiliza algún método anticonceptivo para evitarlo. Muchas otras migrantes no tienen acceso al servicio de salud ni a los métodos anticonceptivos, y sus vidas están en riesgo'.

Esta realidad puede ser modificada mejorando el acceso a la información y a los insumos de las mujeres migrantes, según las personas comprometidas con las comunidades extranjeras radicadas en el país y la salud de la población femenina, es por eso que impulsaron una campaña para promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos entre las mujeres migrantes, y el respeto de los mismos en los organismos públicos.

'El país tiene un marco legal progresista', aseguró Faur acerca de la migración y la salud sexual y reproductiva, y destacó las dos leyes que convergen en este proyecto comunicacional: la Ley de Migraciones aprobada en 2004, y la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable sancionada en 2002. La primera de estas normas reemplazó a la Ley Videla, que era fundamentalmente restrictiva.
'Veía al inmigrante como un sospechoso, en especial si vivía en la pobreza. Tuvo una vigencia de 20 años durante la democracia y fijó prácticas sociales negativas que aún siguen vigentes', aseguró Gabriela Liguori, coordinadora general del Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados (CAREF).

Liguori relató entonces que en el Hospital de Clínicas de Ciudad de Buenos Aires vio un cartel escrito a mano en el área de urgencia que advertía: no será atendido sin DNI. 'Es evidente que no estaba dirigido al ciudadano argentino que olvidó el DNI debido a la emergencia de salud que lo llevó al hospital, me pregunto cuánto dice ese cartel y esa pared al ciudadano extranjero que no logra regularizar su situación legal', agregó.

La nueva Ley de Migraciones, la 25.871, reconoce en la migración un derecho humano inalienable y obliga al Estado a garantizar su ejercicio en condiciones de igualdad y universalidad. Establece por ejemplo que no podrá negarse ni restringirse el acceso a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran cualquiera sea su situación migratoria. 'Tenemos que aprender a valorar la norma que hemos logrado. Es importante que podamos difundirla para que efectivamente se aplique, tanto entre migrantes como en las organizaciones que tienen la obligación de hacerla efectiva', insistió la experta de CAREF, una de las organizaciones que participó activamente en la estrategia de difusión de los derechos de las mujeres migrantes.

Menos comunicación, más desigualdad

Las diferencias culturales son un obstáculo importante en el acceso a la salud de la población migrante. 'En los hospitales muchas veces no nos entienden cuando nos expresamos y las más vulnerables son el 70 % de las bolivianas que vienen de las zonas rurales. En vez de ir al hospital terminan optando por beber una tasa de mate (infusión de hierbas), dejan la visita al médico para más adelante, y ha pasado que no llegan, mueren en el camino', denunció la boliviana Emiliana Mamani, de la organización Q’Amasan Warmi (fuerza de mujer).

Mamani llegó a la Argentina a la edad de 23 y con el tiempo abrió su propio taller de costura. Tiene tres hijos y se estableció con un varón boliviano que residía en el país. Cuando se intensificó la lucha contra los talleres clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires, Mamani debió soportar malos tratos de los agentes públicos y recurrió a las organizaciones de la colectividad boliviana, pero encontró que estaban integradas sólo por varones. Según Mamani las que más trabajan son las mujeres bolivianas, por eso salió a buscarlas y formaron la organización Q’Amasan Warmi. 'Hay aspectos de nuestras vidas que sólo nosotras podemos entenderlos, por eso nace Q’Amasan Warmi, y nuestra finalidad al participar en esta campaña es acercarnos más a las mujeres bolivianas y hacerles entender que todas tenemos derechos'.

Paula Ferro, del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, reconoció que 'el desconocimiento y el no poder comunicarnos adecuadamente constituyen barreras reales en términos de acceder a una salud que nos brinde autonomía. El tema de la sexualidad implica otras barreras y en el caso de la población migrante hay que sumar la lógica de la extranjeridad y el desplazamiento. Sabemos que el servicio de salud no está garantizado hasta que la persona migrante efectivamente toma conocimiento de la información y de los elementos necesarios para decidir de manera libre cómo ejercer su sexualidad y su vida reproductiva'.

'Tenemos que lograr comunicar efectivamente qué brinda el sistema de salud pública, y al mismo tiempo, al generar políticas públicas, debemos considerar las particularidades, las vivencias, las historias, los mundos que habitan estos grupos', señaló Ferro fundamentando la intervención del Ministerio de Salud de la Nación en dicha campaña.

La funcionaria destacó la inclusión de la perspectiva de género en el proyecto comunicacional. 'Hay que incorporar la mirada de la desigualdad histórica en las acciones que generamos desde los espacios estatales, es la manera de llegar realmente a dónde está el problema', dijo en referencia a las cuñas radiales protagonizadas por mujeres bolivianas, cuyos testimonios hacen visible el sometimiento que soportan por ejemplo en los matrimonios heterosexuales. Muchas veces viven situaciones de violencia y no tienen posibilidades de disfrutar una sexualidad libre, sana y placentera, ya que no cuentan con información, tienen vedado el uso del preservativo y no acceden a los métodos anticonceptivos.

Falta de insumos

De acuerdo la las expertas que presentaron la campaña, para un efectivo ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, las mujeres deben acceder a información, pero también a insumos. En Argentina la provisión de métodos anticonceptivos está garantizada por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. El 7 de abril, en una actividad realizada en la Legislatura porteña, Mabel Bianco, presidenta de FEIM e integrante del comité coordinador del CoNDeRS (Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales) cuestionó la falta de provisión y continuidad en la entrega de estos insumos en la Ciudad de Buenos Aires. Paula Ferro explicó a Artemisa Noticias que durante la segunda quincena de abril habrá un refuerzo en la provisión de insumos para la Capital Federal, y aclaró que el Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación los está entregando en tiempo y forma, y no hay faltantes en las provincias.

Por su parte la coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva porteño, Silvia Oizerovich, que asistió a la presentación de la campaña de difusión de derechos migratorios, reconoció que la disponibilidad de métodos anticonceptivos en el servicio de salud porteño es insuficiente y que enfrentan problemas presupuestarios. Aseguró que la situación se regularizará a fin de mes.
En ese contexto, las especialistas de las organizaciones públicas y la sociedad civil, señalaron que este proyecto para divulgar derechos logrará reducir la brecha entre el marco legislativo favorable y la implementación de políticas públicas, y mejorar el acceso a la información y también a insumos de las mujeres migrantes.

Por Alejandra Waigandt
Foto: Rodrigo Atanes y Felipe Ramos/UNFPA
Fuente: Artemisa Noticias