Una amnistía fiscal que insulta a la honradez

El pasado 30 de marzo, el Consejo de Ministros puso en marcha un proceso de amnistía fiscal que permite que afloren rentas no declaradas. Una medida con la que Hacienda prevé ingresar 2.500 millones de euros. Y un proyecto que, menos de dos años atrás, fue públicamente denostado por Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, cuando el Gobierno del PSOE sondeaba a la opinión pública sobre esta posibilidad. Así lo manifestaba Rajoy en un acto de Europa Press el 8 de mayo del 2010, cuando el entonces líder de la oposición reprobaba al Ejecutivo socialista por anunciar la posibilidad de aplicar esta medida de gracia. “No la vamos a apoyar –decía entonces el líder popular–, porque los que pagan van a pagar más, y a los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado”. Rajoy consideraba, además, un agravante que la idea se estudiara “después de lo que se le ha hecho a los pensionistas”, a los que se les había congelado su retribución, “y a los funcionarios”, a quienes el Gobierno acababa de recortarles su salario en un 5%. Un mes más tarde, María Dolores de Cospedal pronunciaba unas palabras al respecto que ahora la dejan en evidencia. La dirigente calificaba de “impresentable” el instrumento que pretendía utilizar el Gobierno de Zapatero para colocar deuda española fuera a través de una amnistía. “Desde el PP –advertía su secretaria general– estamos en contra de este tipo de amnistías fiscales. Si se le dice a los ciudadanos que pagan sus impuestos que se les sube, y a aquellos que han defraudado [a Hacienda] que se les va a dar una amnistía... es tan injusto, antisocial y es tal barbaridad que, desde luego, el PP está en contra. Como también estamos en contra de perdonar los impuestos a aquellos que no los pagan y que los tienen que pagar”. Hoy, en el poder, ambos líderes contradicen sus propias palabras. La decisión del Gobierno de Rajoy de aplicar una amnistía fiscal a los defraudadores, contrasta también con el debilitamiento que el Gobierno de Rajoy sometió el mes pasado al cuerpo de inspectores de Hacienda, cuando cesó a todo el equipo de inspectores que más éxito había tenido en los últimos años, en la lucha contra el fraude fiscal.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defiende su propuesta de amnistía fiscal como una medida “justa” y “necesaria para España”. Según el jefe del Ejecutivo central, “a ningún español le puede molestar que se haga un plan contra el fraude fiscal”. Pero, los expertos son muy escépticos sobre el éxito de esta medida. Rajoy también admite que los presupuestos diseñados por su Gabinete son “desagradables, incómodos y no gustan a nadie”, aunque añade que eso era los que tenía que hacer “porque la alternativa era infinitamente peor”. El presidente del Gobierno entiende que “si los socialistas hubieran cumplido sus compromisos” cuando estaban en el poder, “los Presupuestos no hubieran sido tan duros”.

Por su parte, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, anuncia el establecimiento de un “gravamen especial” del 10% para regularizar las rentas no declaradas, tanto para las que vengan de fuera como para la que afloren en España, lo que puede suponer una clara “amnistía fiscal” que estará en vigor hasta el 30 de noviembre de este año y permitirá recaudar unos 2.500 millones de euros, de acuerdo con las previsiones del Gobierno. El ministro deja claro que se trata de “una ventana” que va a estar abierta excepcionalmente, razón por la que apela a quienes se vean afectados para que regularicen su situación lo antes posible, porque “una oportunidad como esta no se va a volver a presentar más, sino, al contrario, se encontrarán con un plan muy severo de penalizaciones”. De hecho, añade, cuando finalice el programa, se endurecerán las sanciones por fraude fiscal. Montoro considera coherente promover la amnistía fiscal con la lucha contra el fraude. Afirma que es “lo más lógico”, puesto que el Gobierno ha constatado que el fraude no se ha corregido lo suficiente y que, por tanto, “hay que hacer un esfuerzo mayor para que afloren ese tipo de actividades y de rentas”. De esta forma, el contribuyente que se acoja a esta normalización y pague el 10% por las rentas no declaradas “quedará integrado ya en el sistema tributario”. El ministro insiste en que esta medida ya se ha tomado en otras ocasiones en España y en otros países, como Italia y Reino Unido, “con éxito de recaudación”, ya que, en el caso italiano, se ingresaron alrededor de 5.000 millones.

Cristóba Montoro recuerda que Felipe González ya aplicó dos veces una amnistía fiscal.

La amnistía fiscal concedida por el Gobierno de España –según Miguel González de Lara, en su blog “De Par de Mañana”– no es una presunción ni una posibilidad. “No es siquiera un globo sonda como el que, al parecer, lanzó en 2010 el Gobierno de Zapatero y que fue ‘pinchado’ con virulencia dialéctica por el mismísimo Rajoy que hoy la defiende. No, la amnistía fiscal no es un pensamiento expresado en voz alta por el ministro Montoro. La amnistía es una realidad legal y efectiva a la que los ladrones se pueden acoger desde que el sábado se publicó en el BOE el RDL 12/2012 que el día anterior había aprobado el Consejo de Ministros de Rajoy y que, en su Disposición Adicional 1ª y en su Disposición Final 2ª, permite regularizar impuestos impagados, abonando ahora sólo un diez por ciento. El presidente del Gobierno de España y su ministro de Hacienda no han tardado ni cien días en desmentirse a sí mismos, tomando decisiones que perjudican claramente a las clases sociales más desfavorecidas, mientras afianzan los privilegios de los poderosos que son siempre los que pueden permitirse no pagar impuestos y mantener capitales en paraísos fiscales. Pero además de mentirnos, han pretendido engañarnos tratando de ‘colar’ esta amnistía fiscal bajo la eufemística denominación de una ‘regularización fiscal extraordinaria’ que es como la definió el ministro cuando, en el último minuto y de rondón, se refirió a esta decisión argumentando que se aprobaba por razones de Estado como consecuencia de la mala situación heredada del Gobierno de Zapatero”.

Si ha habido una medida especialmente polémica, entre las presentadas por el Gobierno de Rajoy en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, ha sido esa “amnistía fiscal”. Una especie de perdón para todos los defraudadores tributarios que se denuncien voluntaria y anónimamente, con una carga fiscal reducida del 10%. Dicha amnistía fiscal ha sido duramente criticada tanto desde la oposición del PP como desde la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. Según señala el IHE, el artículo 31 de la Constitución dice exactamente: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Sin embargo, mientras se suben los impuestos a los ciudadanos que sí han cumplido con sus obligaciones, dicha amnistía fiscal premia con una rebaja a los defraudadores de impuestos. Y muchos son los que ven más problemas que soluciones en esa medida excepcional que podría convertirse en un caldo de cultivo para el blanqueo de dinero procedente de actividades criminales y que probablemente afectará en el futuro a la conciencia de los contribuyentes que hasta ahora han pagado honradamente todos sus impuestos.

Carlos Cruzado.

El año pasado, unos 80.000 millones de euros huyeron en bandada de España. Una hemorragia que el Gobierno pretende taponar con una amnistía fiscal que aflore 25.000millones. Pero los expertos discrepan. La salida en tropel del dinero, subrayan fuentes del sector, se debe a “al riesgo del país y al riesgo de las entidades de crédito”. “La fuga de capitales no se explica por razones fiscales”, confirman desde la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). “La amnistía no deja de ser una declaración de incapacidad para acabar con la economía sumergida”, subraya Carlos Cruzado, presidente de Gestha, sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. En su opinión, el poco éxito pasado de las otras tres amnistías fiscales que ha vivido la democracia, hace pensar que no se logrará el efecto recaudatorio previsto. “La huida de dinero se debe a factores extrafiscales”, dicen desde la organización de inspectores de Hacienda. Y la IHE recuerda que el ejemplo más cercano es Grecia, donde “se produjo una intensísima salida de dinero por el factor miedo”.

La IHE teme que la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno “pueda provocar un derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos”. El colectivo se muestra “absolutamente en contra de la misma”. Los inspectores afirman que “tal medida sería muy injusta e iría frontalmente en contra del art. 31 de la Constitución. Este colectivo también ve paradójico que “a los que pagan impuestos se les suban y a los que no, se les perdonen”. Y resalta que esta medida “dificultará enormemente la lucha contra el fraude fiscal, e incluso el trabajo ordinario de todos en la Agencia Tributaria. Por estas razones, esta medida, contraria a la Constitución, puede provocar un derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos y, en consecuencia, de la recaudación en periodo voluntario, provocando efectos muy perjudiciales para nuestra economía”.

Es lo que el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) interpreta como “enjuagar los delitos fiscales a precio de saldo”. La medida es además “poco ejemplarizante, pues de algún modo parece premiar al defraudador, que podrá esperar a que una de estas amnistías cíclicas pongan en regla su dinero negro”. La amnistía “supone el reconocimiento implícito del Gobierno a la incapacidad de la Agencia Tributaria para luchar contra la economía sumergida”. Para Carlos Cruzado, se trata de una “medida desesperada para obtener liquidez a cualquier precio”. El agravio es aún más sangrante si se tiene en cuenta que el 72% del dinero defraudado a Hacienda proviene de las grandes fortunas y las grandes empresas que, incomprensiblemente, son investigados con muchos menos recursos, ya que la Agencia Tributaria concentra el 80% de sus investigaciones en pequeñas empresas y pequeños contribuyentes. “Las grandes empresas tienen más mecanismos de elusión, como las conocidas SICAV, y por supuesto, más facilidades de evasión, ya sea a través de paraísos fiscales o mediante operaciones entre entramados societarios”. En España, se estima que hay 245.000 millones de euros de rentas sumergidas, lo que implica que el Estado deja de recaudar 89.000 millones de euros. La medida del Gobierno de Rajoy es, según Carlos Cruzado, poco ambiciosa, ya que al conformarse con ingresar 2.500 millones de euros, afecta a un porcentaje relativamente bajo del total.

Las provincias forales de Euskadi y Navarra, con competencia fiscal para ello, rechazan la decisión del Gobierno. Antonio Ortúzar, presidente del PNV en Vizcaya, se muestra contrario a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy y pide al PP “que se baje del pedestal” porque tiene mayoría absoluta, pero las medidas que está adoptando van contra “la mayoría social”. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Ortuzar manifiesta que las decisiones del Gobierno del PP no tienen nada que ver con lo que demanda la sociedad porque, pese a tener mayoría absoluta, no tiene mayoría social. “Tiene mayoría absoluta aritmética en la Cámara, pero socialmente, las cosas son distintas. Las huelgas, las protestas, el clima de rebeldía social que está prendiendo por las medidas del PP, aún entendiendo que hay que tomarlas y que hay que hacer ajustes, van en una dirección contraria al pensamiento de la mayoría social”. Ortúzar advierte que defiende la postura contraria a la amnistía fiscal porque, a su juicio, se debe recaudar, pero no a cualquier precio, sino luchando contra el fraude y el delito fiscal, “como hace la Diputación foral de Vizcaya”.

A Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra, esta amnistía fiscal no parece gustarle. “No es la primera vez que un Gobierno de España aplica estas medidas. Las ha aplicado el PSOE y el PP y a mí, a priori, no me gustan, pero vamos a valorarlas, como todas”. El portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniain, asegura que al Ejecutivo foral, integrado por UPN y PSN,”no le gustan las amnistías de ningún tipo de delitos” y no descarta actuar “en el marco de su autonomía fiscal”. El portavoz parlamentario del PSN, Juan José Lizarbe, se muestra convencido de que, en Navarra, no se aplicará la amnistía fiscal. “El PSN –dice– no va a entrar en el juego del PP y no va a permitir que quienes durante años han defraudado a Hacienda se les perdone y encima se les den las gracias por dejar aflorar el dinero negro”.

Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, se refiere a la “amnistía inmoral” que proyecta el PP para “perdonar a los tramposos” que adeudan tributos al estado y “castiga a los trabajadores”, a los nuevos Presupuestos de 2012, que “no responden” a las necesidades de la sociedad, y a las “injusticias” y “desigualdad” que promueve el proyecto de la derecha. Y Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general, subraya que la crisis se ha convertido “en la gran coartada” del PP para “hacer lo que siempre quiso hacer, como es desmontar un estado social que tanto nos ha costado levantar”. Refiriéndose a los presupuestos generales aprobados el 30 de marzo por el Gobierno del PP, Rubalcaba dice: “Ahora ya entendemos lo que tenían, una amnistía fiscal, un proyecto político que consiste en cobrar más impuestos a los trabajadores y quitárselo a los defraudadores. Esa es la política que nos escondían. En estos cien días, los españoles han comprobado que Rajoy no dijo ni una sola verdad durante la campaña electoral. Dijo que no iba a subir los impuestos. Mentira, los subió el primer mes. Dijo que no iba a abaratar el despido y lo puso a precio de saldo al segundo mes. Y dijo que no iba a hacer amnistía y la ha hecho al tercer mes. La derecha ha perdido toda la credibilidad”.

“A los cien días de gobierno de Rajoy –escribe Concha Minguela, fundadora y directora en “A pie de calle”– son muchos los cambios que se aprecian en la situación social y económica de España. Una Reforma Laboral que retrocede los derechos de los trabajadores y precariza las economías familiares y una Amnistía Fiscal, que perdona a los defraudadores, son motivos de orgullo para Rajoy y sus tecnócratas. Sin embargo, el pueblo español se siente defraudado y se ha instalado en la protesta permanente y en la calle. No sólo no cree que haya motivos de orgullo sino que cada vez cree menos en los políticos y en la política. La realidad que se percibe en estos tres largos meses es: dinero para los bancos; subidas de impuestos; subidas de agua, luz, gas; recortes en educación y sanidad; recortes en I+D; privatizaciones; pobreza y precariedad; desahucios; más desempleo; subvenciones a la Iglesia; y como colofón esa Amnistía Fiscal que ha caído como un jarro de agua fría. Se da la paradoja de que, para sacar a Europa de su situación de emergencia, se ha recurrido como bomberos a los mismos que la incendiaron. Quizá con la absurda pretensión de creer que ellos, que conocen los focos de fuego por donde todo esto empezó, puedan atajarlo mejor que los políticos al uso, más comprometidos con los derechos sociales. Puede que no sea disparatado pensar que ellos conocen por dónde atajar el fuego que originaron, lo que es más dudoso es si están dispuestos a apagarlo en beneficio de la población o si lo harán en beneficio de los causantes del expolio”.

“A primera vista –escribe Cive Pérez en “Carnet de paro”–, aprobar unos Presupuestos socialmente restrictivos que agravarán la recesión y el desempleo, concediendo al mismo tiempo una amnistía fiscal a los defraudadores, parece cosa de locos. Sin embargo, el banquero Botín se ha apresurado a felicitar al Gobierno por sus reformas. O sea que tal vez los políticos del PP no estén tan locos, simplemente se les ha visto el plumero. Y ya sabemos de qué lado están. Permitir que los delincuentes que eluden sus obligaciones con Hacienda puedan blanquear su dinero a cambio de pagar un tipo mucho más bajo que el resto de contribuyentes, y que, encima, el Gobierno les garantice confidencialidad a la hora de hacer este enjuage, rompe con el más elemental sentido del decoro. Quienes ocultan sus ingresos a Hacienda por encima de cierto límite cometen un delito fiscal. Son, por tanto, delincuentes. Concederles una amnistía supone fomentar el fraude fiscal. A partir de ahora, una persona sin escrúpulos puede verse animada a obtener dinero por vías ilícitas y no declarar a Hacienda las ganancias. Eso la convertirá en un delincuente fiscal, que es cosa muy fea. Por suerte, tarde o temprano arribará al poder un gobierno que decrete una regularización fiscal que le permita aflorar el dinero negro y blanquearlo. Entonces, libre ya del delito, volverá a ser un ciudadano no sólo respetable, sino con la autoestima crecida. Pensando que es bastante más listo que la mayoría, al haber pagado muchísimos menos impuestos que el resto de sus conciudadanos”.

Botín, afin al poder, aplaude las medidas del Gobierno de Rajoy, como antes aplaudió las de Zapatero.

“Por cierto –continúa Cive Pérez–, el banquero Botín, que de regularizaciones fiscales sabe bastante, ha aplaudido las medidas que está tomando su Gobierno. El presidente del Banco Santander ha defendido ante la junta de accionistas los pasos que está dando el Gobierno español con la adopción de medidas ‘duras en el corto plazo, pero imprescindibles de cara al futuro’, en alusión a la reforma laboral, la financiera y las iniciativas para corregir el déficit público. Asimismo, el banquero expresó su convencimiento de que el Presupuesto presentado por el Gobierno ‘contribuirá decisivamente a la reducción del déficit y a la mejora de las finanzas públicas’. El banquero Botín tiene poder suficiente para hacerse oír, pero su voz tiene escaso respaldo moral. En esa misma junta de accionistas, Botín expresó su esperanza en que la Audiencia Nacional ‘archive pronto’ el proceso abierto con él y varios miembros de su familia por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental en el caso de las cuentas suizas del HSBC. Y recordó que tanto él como el resto de miembros de su familia ya presentaron sus respectivas regularizaciones fiscales. Mientras tanto, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, continúa las diligencias de investigación abiertas contra el presidente del Santander, cinco de sus seis hijos, su hermano, Jaime Botín, y sus cinco hijos, derivadas del caso de las cuentas ocultas de HSBC iniciado en mayo de 2010”.

“Jaume Matas –escribe Matías Vallés en su blog El Azar– confesó ante el juez Castro que era un defraudador fiscal a gran escala. En su interrogatorio, el exministro de Aznar reconoció que había evadido al fisco hasta trescientos mil euros, cantidad equivalente a sus ingresos declarados durante tres años. No manifestó su voluntad de reintegrar lo adeudado, ni en el juzgado ni en entrevistas posteriores. La amnistía de Rajoy está pensada para tranquilizar a personas como él, que podrán aflorar el dinero oculto pagando una cuota mínima del diez por ciento. En idéntico trance judicial, Iñaki Urdangarin se ciñó a un guión de evasivas, salvo para explicar que determinados gastos de borrosa asignación estaban siendo investigados en la inspección de Hacienda a la que se veía sometido. También el duque puede abrazarse al Gobierno del PP para recuperar la nobleza, sin más que admitir sus manejos. A continuación, los populares se presentarán como campeones de la moralidad, mayormente sexual. El Estado ya asombró a la afición cuando financió a terroristas islámicos, pagándoles millones de euros para que pudieran seguir secuestrando a ciudadanos españoles. El Gobierno va a dedicarse ahora a blanquear dinero negro a gran escala. Evitará las preguntas incómodas sobre su procedencia, porque pecunia non olet. El ejecutivo ofrecerá los intereses más bajos del mercado negro, como saben los compradores de billetes de lotería agraciados con un premio. En el caso probable de que usted disponga de una maleta con un millón en billetes, ¿no pagaría cien mil euros para regularizarla? El Gobierno lava más blanco. En su avance de los Supuestos Generales del Estado, anuncia que obtendrá 2.500 millones por este procedimiento. Aparte de ser una cifra ilusoria, rebaja la que podría obtenerse combatiendo el fraude fiscal a gran escala. Y donde no alcance la amnistía, llegará el indulto, porque Rajoy ya se ha estrenado en el perdón a delincuentes fiscales. El PP está llevando al extremo la aplicación de la parábola del hijo pródigo. En defensa y provecho propios, claro”.

Los recortes son un insulto a la honradez, si los comparamos con la amnistía del 10 %para los grandes defraudadores la libertad total recompensada para la Iglesia. Pero dejemos ya de acumular textos en este domingo, y acudamos al habitual humor ibérico que nos recuerda lo único que se salva hoy de estos recortes. Así nos lo demuestran Alvaro, Ortuño, Peridis, J. R Mora, Marisa Babiano, Forges, Ramón y Bernardo Vergara.

Pep Roig nos muestra: Los nuevos oficios de la crisis, La “soberanía nacional” de Rajoy y La gran estafa nacional.

Terminamos con tres videos. Uno, musical; el otro, sobre el ateismo y un tercero sobre la amnistía fiscal.
La orquesta sinfónica Copenhagen Phil (Sjællands Symfoniorkester), una de las mejores formaciones musicales de Dinamarca, hicieron una flash mob en la estación central de Copenhague el 2 de mayo de 2011, en la que interpretaron el Bolero de Ravel. El director es Jesper Nordin.