Una aproximación al origen de los Consejos Comarcales catalanes

El pasado 12 de agosto, el economista Clemente Polo publicaba un brillante artículo en Expansión sobre las elecciones catalanas del 27-S. El contenido de éste bien puede ser resumido en la siguiente cita:

"Qué clase de "nuevo" país será Cataluña si al frente estarán las mismas personas y los mismos partidos que tan mal han gobernado los últimos años?[...] ¿Cómo se puede pretender construir "un país nuevo más justo" con estos mimbres tan oxidados?"

CiU y ERC se auto-otorgan la etiqueta de representar un proyecto político que llevará a Cataluña a la prosperidad y a la recuperación de una libertad perdida. Para ello, consideran imprescindible la creación de las llamadas "estructuras del Estado"( Cataluña tiene un Estatuto que recoge su autonomía política y el reconocimiento de una serie de instituciones). Es decir, Mas y Junqueras identifican la libertad de los catalanes y catalanas con la proliferación de más y más administraciones. Hoy estudiaremos los Consejos Comarcales, creados por el gobierno convergente de Jordi Pujol a través de la Ley 6/1987.

Si atendemos al preámbulo de la norma, los Consejos Comarcales fueron presentados por CiU como una institución "modernizadora de la administración local" y que permitirá aumentar "la capacidad de gestión de los municipios". Además, son justificados al dar el Estatut el carácter de "pieza necesaria [a las comarcas] en la organización territorial de Cataluña". ¿Todo esto es cierto?

Respecto al primer argumento, cabe decir que suele ser muy recurrente entre nuestros políticos montar estructuras y organismos administrativos (algunos ingenuos creen que la mejor manera de combatir la corrupción es crear " observatorios de control y prevención") para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, sin haber explorado otras vías alternativas. No olvidemos que la creación de niveles administrativos se financian con los impuestos que el Estado extrae de los contribuyentes. El nacimiento de estas instituciones deben estar debidamente justificadas si no se quiere convertir a la gestión política en una forma de despilfarro del dinero pagado por todos (¿o menos por Pujol?).

En cuanto al segundo, el artículo 93 del Estatut de Catalunya no hace mención ninguna sobre el carácter necesario de ésta en la organización territorial. Sí ocurre en el caso del municipio, que es tratado como "ente básico y medio esencial de participación de la comunidad local en los asuntos públicos"(artículo 86).

Hemos abordado los Consejos Comarcales desde la perspectiva del Derecho (apoyándonos en el Estatuto y en la ley que les dio origen). Ahora vamos a buscar las motivaciones políticas: ¿por qué nacieron? Vélez- Pelligrini tiene la respuesta en su libro "El estilo populista: orígenes, auge y caída del pujolismo".

No es tema de este artículo preguntarnos acerca del nacimiento del pujolismo. Lo que sí debemos tener en cuenta es que el nacionalismo pujolista reivindica la identificación de la figura del ya ex-President con Catalunya, como demuestra una encuesta citada por el propio autor. Esta encuesta preguntaba por el escándalo Banca Catalana y los problemas judiciales de Pujol. Un 48% de los catalanes afirmó que el affaire Banca Catalana "afectaba a toda Catalunya". Velez-Pelligrini concluye: asistimos a un proceso de pujolización de la vida catalana, donde el destino del territorio está exclusivamente ligado al del líder.

Ante la figura de ese líder que pretende colocarse por encima de los ciudadanos, CiU se convirtió en un "agente nacionalizador" y adoptó un discurso consistente en la creación de un enemigo externo que amenazaba la libertad y los derechos de Cataluña. El PSC se convierte en el objeto de críticas por parte de los convergentes: los socialistas son presentados como el partido que quiere acabar con la autonomía alcanzada en la Constitución del 78. En palabras de Vélez-Pelligrini:

"Presentándolos [al PSC] como la prolongación de un poder estatal centralista, uniformizador e insensible ante el hecho diferencial".

Y nos recuerda la potencia electoral del PSC en los municipios medios y grandes:

"En el ámbito de la política municipal, sobre todo en las medianas y grandes localidades, el PSC también contará con nuevos cuadro y dirigentes provistos de una imagen moderna y jovial, alérgicos al rudimentarismo característico de la Cataluña profunda y más sensibilizados ante la pluralidad cultural imperante en la sociedad catalana".

La actuación del ejecutivo de Pujol ante el auge de la izquierda en este tipo de municipios fue la supresión en 1988 de la Corporación Metropolitana de Barcelona y la creación, a través de la ya citada Ley 6/1987, de los Consejos Comarcales. En el ideario del pujolismo, municipalismo y anticatalanismo eran lo mismo. Vélez-Pelligrini recuerda el eslogan electoral de las elecciones de 1995:

"El eslogan Por unos ayuntamientos catalanes lanzado durante la campaña electoral de 1995 habla por sí mismo de la estructura discursiva del Pujolismo".

Los Consejos Comarcales son producto de una tensión partidista entre el poder municipal que representaba el PSC y la figura de Pasqual Maragall, y la Cataluña 'profunda' dominada por los convergentes.

Una vez abordado la cuestión política, vayamos con la económica. Uno de los argumentos recurrentes contra los Consejos Comarcales(C's pide su supresión) es el alto presupuesto que maneja. Y así es. De acuerdo con la información recabada por Convivencia Cívica Catalana, el presupuesto de estas organizaciones asciende a 500 millones de euros. ¿Alguien entiende que mientras Cataluña necesita los fondos del Estado central para cumplir con las promesas de pago se siga financiando a los Consejos Comarcales? Parece que la prioridad de la Generalitat (gobernada por CiU con el apoyo de ERC) es alimentar el sobredimensionamiento de las administraciones para colocar a personas de su confianza y no afrontar los verdaderos problemas que azotan a la sociedad catalana, que no son otros que el paro y la crisis económica intensificada con una política fiscal asfixiante promovida por el Gobierno de Mas.

La pregunta de Clemente Polo es pertinente. ¿Es posible que Mas y Junqueras prometan la prosperidad y el bienestar de una Cataluña independiente cuando se niegan a suprimir un nivel administrativo fruto de las tensiones de poder de los años 80 y que cuesta a los catalanes 500 millones de euros anuales? Mi respuesta es tajante: NO.

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